Panamá, octubre de 2023 – Luego que el Consejo de Gabinete aprobara adoptar las recomendaciones en modificaciones al contrato minero entre Minera Panamá y el Estado Panameño, la Fundación Panamá Sostenible emitió comunicado en rechazo a la minería en Panamá.
La fundación ambientalista expresa que, el intento del gobierno nacional de presentar a la opinión pública un puñado de reformas cosméticas a la propuesta de contrato-ley con Minera Panamá S.A., es rechazado por ellos, y la sociedad civil.
Una sociedad civil dividida por lo Pro Minera Panamá y el trabajo que esta empresa a desarrollado por años en los distritos de Donoso y General Omar Torrijos Herrera en Colón y La Pintada en Coclé, donde sus comunidades han visto un progreso producto de la empresa minera.
El comunicado no indica una propuesta en reubicar y brindar inserción laboral a los más de 3 mil empleados mineros que quedarían sin trabajo y como o cuales herramientas Panamá puede utilizar para afrontar las demandas que puedan surgir por el cierre del proyecto minero.
DNews507 les comparte el comunicado de la Fundación Panamá Sostenible:
EL RECHAZO AL NUEVO INTENTO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO MINERO
Nosotros, organizaciones de la sociedad civil ambiental y ciudadanos, expresamos nuestro profundo rechazo al intento del gobierno nacional de presentar a la opinión pública un puñado de reformas cosméticas a la propuesta de contrato-ley con Minera Panamá S.A. como una respuesta responsable frente a los graves cuestionamientos ambientales, económicos, jurídicos, políticos y sociales que existen a la inconsulta actividad de la minería metálica a cielo abierto en Panamá.
Ante la sucesión de hechos relacionados a la búsqueda forzosa de aprobación del contrato minero denunciamos lo siguiente:
- La sociedad panameña ha expresado un amplio rechazo a lo largo y ancho del país, con argumentos técnicos, legales, científicos y económicos expresados abundantemente con respecto al contrato del Estado panameño y Minera Panamá (filial de First Quantum Minerals Limited). La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Comercio evadió su responsabilidad de aprobar o rechazar el Contrato, devolviéndolo con tímidas “recomendaciones de mejoras” al Órgano Ejecutivo.
- Tanto el Ejecutivo como la empresa minera, con el camino allanado por el legislativo, establecen que solo “conversaran sobre los 4 puntos” que la Comisión de Comercio estableció como los causantes del conflicto con la población
- El pasado 10 de octubre el Consejo de Gabinete emite un comunicado escueto y simplista donde indica que se eliminaron frases, palabras, términos y/o cláusulas considerándolas la modificación que requería el contrato con la empresa minera.
Esto constituye un nuevo irrespeto a la población panameña, la que, por sobradas y sustentadas razones, exige el total rechazo del citado contrato. El fondo del documento ni siquiera es abordado, las cláusulas financieras, punitivas, sancionatorias y particularmente las relacionadas al agua ni siquiera se consideran, como parte de los excesos que asume la empresa a su favor, en detrimento de la Nación panameña. Este es un contrato inconsulto, que no ha sido producto de una licitación pública y que amarraría a Panamá por al menos 40 años a los intereses de gobiernos extranjeros que son propietarios de una parte importante del capital accionario de la minera.
Una vez más, consideramos que el Gobierno Nacional está jugando con la paciencia y nobleza de la población, que, ya afectada por mala gestión de los recursos naturales, hoy se ve mayormente amenazada por las consecuencias del cambio climático, agravadas por el avance de una industria minera poco o nada regulada, que destruye y acapara patrimonio natural –vital como el agua- para el desarrollo de una actividad extractiva, destructiva y que expropia de beneficios reales a la población.
Por todo lo expresado reiteramos que mantendremos las acciones legales y de protestas a nivel nacional hasta tanto sea definitivo y rotundo el rechazo al Contrato Minero. Exigimos una moratoria minera a nivel nacional para asegurar el uso sostenible de los recursos del país.