Miami, USA, noviembre de 2023 – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dedicará especial atención a los casos de periodistas desplazados y exiliados, «debido a la violencia y amenazas de bandas criminales, funcionarios corruptos y gobiernos autoritarios».
Al término de su 79ª Asamblea General en Ciudad de México, la SIP aprobó la resolución Periodistas desplazados y exilados en la que se detalla que periodistas de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala. Haití, Nicaragua y Paraguay, entre otros, «han sido forzados a desplazarse a otras áreas de su país o a salir al exilio».
En su discurso inaugural como presidente de la SIP, Roberto Rock, director del portal La Silla Rota, México, expresó que la organización dará «mayor atención al periodismo que sigue vivo en naciones bajo dictaduras o regímenes hostiles. Aquel que se realiza desde el exilio».
La SIP se comprometió a impulsar la creación de programas de apoyo para los y las periodistas que se desplazan a otras regiones dentro de sus países, y pedirá a los gobiernos que acogen a quienes huyen de sus lugares de origen a brindar la ayuda necesaria para lograr la inserción humanitaria, económica, laboral y migratoria de los afectados.
En ese sentido Rock anunció la creación de la Subcomisión de Periodismo desde el exilio, que presidirá Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, de Nicaragua, quien contará con el apoyo en la vicepresidencia de Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, de Venezuela.
Holmann fue encarcelado durante más de un año, luego expulsado y desterrado de su país. Otero, también se encuentra en el exilio luego de la toma de las instalaciones de su diario y para evitar su detención.
La Subcomisión tendrá entre sus tareas la planeación de una conferencia internacional de periodismo en el exilio, con sede probable en San José, Costa Rica.
Revise aquí los informes por país, las resoluciones y las conclusiones de la reunión.
Informe Panamá: 79ª Asamblea General de la SIP, 9 – 12 de noviembre de 2023, Ciudad de México, México
La mayor amenaza a la libertad de prensa en este período se dio en materia de acceso a la información pública. Varias agencias e instituciones del Estado siguen rechazando proveer datos que se les solicitan, rehúyen responder cuestionarios de los periodistas e incumplen con la obligación de publicar información pública en su sitio web.
Sumado a ello, el Ministerio de la Presidencia presentó en abril a la Asamblea Nacional (AN) una propuesta de reforma a la ley 6 de 2002, Ley de Transparencia, preparada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), cuya redacción inicial obstaculizaría aún más el acceso a la información pública. El proyecto fue elaborado sin consultar a los gremios periodísticos y organizaciones interesadas en transparencia de la gestión pública. Tras la presión de 57 asociaciones civiles, entidades periodísticas y gremios empresariales, el proyecto fue retirado a mediados de septiembre.
En octubre, la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), del Tribunal Electoral (TE), admitió dos denuncias del expresidente y candidato a la presidencia Ricardo Martinelli y emitió dos resoluciones contra el periodista Álvaro Alvarado y contra los medios digitales Foco y Claramente, por las que les ordena suspender toda publicación en sus redes sociales Instagram y X que hiciese referencia al candidato. Según representantes del TE, este es el proceso para denuncias de «propaganda electoral» durante la veda previa a la campaña electoral de 2024. Luego de una reunión coordinada por el Fórum de Periodistas en la que se reclamó la desproporción de la medida y su efecto de censura previa, el TE modificó el procedimiento para hacer su investigación preliminar, sin ordenar la suspensión de contenido. Desde entonces, se podrá declarar bajo juramento que el periodista no recibió pago por las publicaciones, lo que permitirá archivar el expediente. El caso de Alvarado fue desestimado tras haber declarado bajo juramento, pero todavía no los de Foco y Claramente.
Se contabilizaron varios ataques a periodistas y medios de comunicación. En la provincia de Chiriquí, el periodista independiente Arexio Santos fue intimidado por el director de una escuela durante una protesta de padres. Desde la cuenta de Instagram @Injusticiaspty se hicieron ataques personales contra los periodistas Flor Mizrachi y Juan Manuel Díaz.
Jairo Salazar, diputado oficialista y presidente de la comisión legislativa de Asuntos Municipales, declaró que los periodistas viven atacando a los representantes y alcaldes del pueblo, y afirmó que no les tienen miedo y que «el poder económico y los medios de comunicaciones nos abruman con sus malas informaciones, por eso nosotros tenemos que ir contra ellos».
El 19 de octubre, durante una protesta en oposición a la aprobación de un contrato-ley con una empresa minera, el fotógrafo y activista Aubrey Baxter, vinculado a la agrupación Ya es Ya, fue impactado en la cara y perdió el ojo derecho. Aunque la Policía Nacional negó su responsabilidad, las imágenes de la cámara de Baxter evidencian disparos a muy corta distancia, de lo que parecen ser pepperballs. El Ministerio Público abrió una investigación. Posteriormente, tras la promulgación de dicho contrato-ley, se intensificaron las manifestaciones públicas; varios periodistas advirtieron de ataques por parte de la policía con perdigones y otros que fueron intimidados por manifestantes, incluyendo el rociado de pintura sobre equipos de grabación. Durante hora y media, una protesta del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similar (SUNTRACS), el principal sindicato de construcción bloqueó los accesos a Corporación Medcom, que transmite los canales Telemetro y RPCTV. Los sindicalistas portaban pancartas en la que señalaban a ciertos periodistas como «mercenarios de la información».
SUNTRACS inició, unido al sindicato de maestros, una campaña de acoso, desprestigio y ataque hacia los periodistas en Panamá. Dichos sindicatos y otras organizaciones convocan desde hace tres semanas marchas y protestas contra el gobierno de Laurentino Cortizo y la minería metálica.
Durante una reunión con miembros del consejo editorial del Grupo GESE, que publica los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá, el expresidente Martinelli recomendó que debiera haber en el país una ley del llamado «derecho al olvido» por la que después de 5 años no puedan «existir» publicaciones, porque los medios «no pueden penalizar a un individuo de por vida».
El acoso judicial mediante el abuso de las demandas civiles y penales se mantiene en Panamá. La diputada Yanibel Ábrego presentó una demanda civil por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria contra Corporación La Prensa (Corprensa), casa editora de Mi Diario y La Prensa, por 250 mil dólares, por presuntamente haber publicado informaciones falsas referentes a los fondos de la descentralización y su uso para fines políticos. En total, contra Corprensa hay 12 demandas civiles por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria, con pretensiones de hasta U$S 50,7 millones, todas presentadas por políticos y funcionarios o exfuncionarios.
Un fallo en primera instancia que aplica por primera vez el principio de real malicia desestimó una demanda por presuntos daños y perjuicios por U$S 5,5 millones en contra de Corprensa, interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012. Todavía pesa sobre el medio un secuestro de sus cuentas bancarias y activos por U$S 1,13 millones.
Se encuentra en apelación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un fallo condenatorio por U$S 505.000 contra Corprensa en un caso de supuesta violación del derecho de imagen en una publicación de un álbum coleccionable, inserto gratuito dentro del diario, con contenido biográfico del boxeador Roberto «Mano de Piedra» Durán. La condena ha sido considerada desproporcionada en relación con el monto del proyecto, que tuvo ingresos de U$S 20.000 y costos de U$S 70.000. La interpretación del juzgado podría llevar a que personalidades públicas cuestionadas por medios y periodistas demanden por el uso de su imagen para lucrar.
Se mantienen abiertas tres causas penales y dos demandas civiles contra el medio digital Foco, por las que se pretenden penas por U$S 746.000. En el proceso interpuesto por el expresidente Martinelli por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria, se mantiene el secuestro de U$S 4.500.
Persiste la orden de secuestro judicial por U$S 121.000 contra el radioperiodista Ronald Acosta, quien fue demandando por el diputado oficialista Benicio Robinson. También se mantiene la condena confirmada en 2019 por la CSJ por U$S 32.000 contra la periodista Linett Lynch por una publicación sobre hechos de presunta corrupción en un tribunal de justicia.
Una condena penal en primera instancia contra el comentarista Eduardo Narváez, por cinco años, por el delito de violencia de género en perjuicio de la exprocuradora general de la Nación Kenia Porcell por presuntas lesiones psicológicas, ha generado incertidumbre sobre el precedente que pudiera establecer la interpretación judicial. Porcell querelló a Narváez tras publicaciones realizadas en enero de 2019 en Instagram, en las que aparecían imágenes de una modelo rusa parecida a la exprocuradora.
Varios medios continúan denunciando el reparto discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno central y varias instituciones estatales autónomas. El diputado independiente Gabriel Silva presentó en septiembre un proyecto de ley para regular el gasto estatal en publicidad, para hacerla «más transparente, eficiente y equitativa». Ni este proyecto ni otro presentado por el mismo diputado para establecer protecciones contra el acoso judicial y procesal en contra de los medios han visto avances.
En la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, hay un anteproyecto de ley presentado por participación ciudadana, que presuntamente «protege la libertad de prensa». Dicho documento no emana ni ha sido consultado con las organizaciones/gremios periodísticos ni medios de comunicación. El proyecto establece la definición de «periodista» y la «protección de la privacidad y los derechos de las personas por parte de los periodistas». En la misma comisión legislativa, el 25 de octubre se aprobó en primer debate una reforma sin consulta a la ley 22 de 2005 que regula el derecho a réplica, para hacer explícita la aplicación de dicha obligación a medios digitales.
Las multas impuestas por la Antai contra Corprensa –por publicar una fotografía de un diputado sin su autorización– y contra el medio digital laverdadpanama.com –por publicar información contenida en un documento público– fueron apeladas y se encuentran suspendidas. La Antai considera que se violó la ley de Protección de Datos Personales. El Colegio Nacional de Abogados y el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), con apoyo del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas, presentaron una propuesta de reforma para atender los vacíos que tiene la actual ley. El proyecto establece protecciones al ejercicio del periodismo y el uso de documentos o datos públicos o información de interés público.
Se confirmó en segunda instancia una condena penal contra cinco personas, entre ellos el expresidente Martinelli, en el caso New Business, sobre la adquisición del grupo Epasa, editora de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día, por parte de sus actuales propietarios. Los juzgados dictaminaron el decomiso de las acciones de Epasa a favor del Estado «para garantizar la indemnización del Estado como resultado de la vulneración del sistema financiero panameño y como consecuencia directa de la ejecución del delito de blanqueo de capitales». Los condenados aún pueden casar la sentencia ante la CSJ. Los gremios periodísticos advirtieron la inusual circunstancia de que, en el caso que se confirme la condena, el Estado tome control de tres medios de comunicación. Se ha recomendado al gobierno que los medios continúen en manos de terceros.