Comunicado de APEDE
La actividad de minería de recursos metálicos y no metálicos fue regulada en 1963, con la aprobación del Código Minero. Es desde ese momento que el país ha considerado sus recursos naturales como parte de su modelo económico y de desarrollo. Desconocer que dicha actividad tiene beneficios para toda la economía y para las comunidades donde se desarrolla, es pretender limitar el crecimiento y la prosperidad del país.
Ante una decisión tardía y cuestionable de parte de la Corte Suprema de Justicia, la inversión privada más importante del país se puso en riesgo, tanto en su seguridad jurídica, como en su operación y beneficios. Los temas de tal trascendencia no deben dilatarse para luego afectar significativamente una acción privada que ha requerido de una cuantiosa inversión. Por ello, demandamos de nuestra más alta corporación de justicia, mayor celeridad en la decisión sobre asuntos vinculados con la operación y puesta en marcha de empresas legalmente constituidas.
La situación entre el Estado y Minera Panamá, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, requería de un nuevo contrato y que el mismo garantizase mejores intereses para el país. De ahí que, luego de un difícil y complicado proceso de negociación se llegó a un acuerdo que contiene elementos económicos que dan beneficios al Estado panameño muy superiores a los pactados originalmente en 1997 y que, además, contiene cláusulas que tienen condiciones para salvaguardar el medio ambiente y garantizar la inserción de mano de obra panameña en el desarrollo de la actividad y estipulando condiciones de cumplimiento que son necesarias en la actividad de minería.
Es importante que el Estado panameño, luego de haber pasado por este proceso de negociación se aboque a una revisión integral del marco jurídico que regula la actividad minera. Los instrumentos que hoy son leyes de la República distan mucho de la realidad con las que hoy se realizan estas actividades. Es imperante que el gobierno garantice a los organismos fiscalizadores la capacidad presupuestaria, técnica y profesional necesaria para poder ejercer adecuadamente su rol de fiscalización. Ambas condiciones deben atenderse con prontitud si como país, queremos que la actividad minera sea un pilar sostenible dentro de nuestro desarrollo económico. Este tema se debe ver con visión de Estado.
Si bien, pensamos que pudiese haber mejores condiciones contractuales, también es cierto que en las condiciones en las que se dio la negociación, cuando ya existía una inversión, la misma no recoge todas las aspiraciones que se tenían. Posterior a analizar los pro y contras consideramos propicio que la Asamblea Nacional apruebe el Acuerdo alcanzado entre el Estado y Minera Panamá, ya que el aporte y beneficio económico que este brinda a las comunidades de la provincia de Colón y Coclé, a los trabajadores directos e indirectos, a los proveedores y al Estado Panameño, merece que se busque los mejores intereses para los panameños.
Panamá, 22 de junio de 2023