Desafíos actuales de la normativa tributaria ante las nuevas prácticas de gestión

20 de abril de 2026 – El autor es abogado con especialidad en Derecho Tributario

Artículo de Opinión

El principio de legalidad tributaria es, probablemente, la garantía más importante que protege al contribuyente frente al poder fiscal del Estado. Su formulación clásica es clara: no hay tributo sin ley. Solo la ley, en sentido formal, puede crear impuestos, definir sus elementos esenciales y establecer las obligaciones que recaen sobre los contribuyentes.

Este principio, consagrado en el orden constitucional y desarrollado en el sistema tributario panameño, no es una formalidad jurídica, sino una barrera efectiva frente a la arbitrariedad del poder tributario.

No obstante, en la práctica, el principio de legalidad enfrenta una presión constante derivada de una creciente creatividad administrativa, que desborda los márgenes de la ley y redefine obligaciones a través de interpretaciones, criterios internos y prácticas de fiscalización.

Legalidad tributaria: contenido y alcance

El principio de legalidad exige que los elementos esenciales del tributo —hecho generador, sujeto pasivo, base imponible, tarifa y período— estén definidos de manera clara y expresa en una ley aprobada por el Órgano Legislativo.

Esta exigencia responde a una razón democrática fundamental: solo los representantes del pueblo pueden decidir sobre cargas que afectan directamente el patrimonio de los ciudadanos.

En materia tributaria, la legalidad no admite atajos. No basta con que la administración “interprete” o “aclare” la ley; su función es aplicarla, no completarla ni corregirla.

La expansión del poder interpretativo

En los últimos años, se ha observado una tendencia preocupante: la administración tributaria ha ampliado su margen de actuación mediante interpretaciones extensivas o finalistas de normas ambiguas, generando obligaciones que no se desprenden de manera inequívoca del texto legal.

Circulares, resoluciones administrativas, criterios internos y respuestas a consultas terminan funcionando, en la práctica, como verdaderas normas tributarias paralelas. Aunque formalmente no crean impuestos, sí modifican el alcance de la obligación tributaria, afectando la seguridad jurídica del contribuyente.

Este fenómeno es especialmente visible en materia de deducibilidad de gastos, retenciones, documentación soporte y cumplimiento formal, donde la línea entre interpretación y creación normativa se vuelve cada vez más difusa.

Legalidad formal vs. legalidad efectiva

El problema no radica únicamente en la existencia de normas administrativas, sino en el peso que estas adquieren en la fiscalización. En muchos procesos, el contribuyente no se enfrenta a la ley, sino al criterio de la Dirección General de Ingresos, el cual puede variar según el momento o el funcionario.

Hoy incluso es frecuente que las decisiones operativas se justifiquen en limitaciones del sistema, generando una creciente subordinación a las condiciones del entorno tecnológico de gestión tributaria.

Esta realidad vacía de contenido el principio de legalidad, pues el contribuyente deja de poder prever con certeza las consecuencias fiscales de sus actos. La legalidad queda como referencia formal, mientras la práctica se rige por criterios administrativos cambiantes.

El impacto en la seguridad jurídica

La creatividad administrativa tiene un efecto directo sobre la seguridad jurídica. Un sistema tributario previsible permite planificar, invertir y cumplir. Un sistema donde las reglas se redefinen constantemente desde la administración genera incertidumbre, incrementa los costos de cumplimiento y fomenta la litigiosidad.

Paradójicamente, esta práctica no fortalece la recaudación a largo plazo. Por el contrario, debilita el cumplimiento voluntario y deteriora la relación entre el Estado y el contribuyente.

¿Interpretar la ley o sustituirla?

Es legítimo que la administración interprete la ley para aplicarla. Lo que no es legítimo es que, bajo el pretexto de la interpretación, se legisle de facto.

Cuando la interpretación administrativa redefine obligaciones, el principio de legalidad deja de ser una garantía y se convierte en una ficción.

En un Estado de derecho, las deficiencias normativas deben resolverse en el ámbito legislativo, no mediante criterios administrativos guiados por conveniencias coyunturales.

Propuestas para restaurar la legalidad

Para devolver al principio de legalidad tributaria su verdadero alcance, resulta indispensable:

• Delimitar claramente la potestad interpretativa.
• Fortalecer la reserva de ley.
• Reforzar el control judicial de las actuaciones administrativas.
• Unificar criterios de fiscalización.
• Promover una cultura institucional de respeto a la legalidad.

Reflexión final

El principio de legalidad tributaria no es un obstáculo para la gestión fiscal, sino su fundamento.

Cuando la creatividad administrativa sustituye a la ley, el sistema deja de ser previsible y justo. Recuperar la centralidad de la legalidad no es solo una exigencia jurídica, sino una condición necesaria para reconstruir la confianza en el sistema tributario panameño.

Autor: Carlos Castillero Virzi

Email: carloscastillero24@gmail.com

Deducibilidad de gastos: entre la ley y el criterio del fiscalizador

Artículo de Opinión

13 de abril de 2026 – El autor es abogado con especialidad en Derecho Tributario

La deducibilidad de gastos constituye uno de los elementos más sensibles del impuesto sobre la renta. De su correcta aplicación depende que el tributo recaiga sobre la renta neta real del contribuyente y no sobre ingresos brutos desprovistos de contexto económico.

En teoría, el principio es claro: son deducibles aquellos gastos necesarios para la generación, conservación y mantenimiento de la renta gravada. Este criterio, reconocido en el sistema tributario panameño, responde directamente al principio de capacidad contributiva: el impuesto debe gravar la riqueza real, no una ficción contable.

Este principio no es meramente doctrinal. El propio régimen del impuesto sobre la renta, contenido en el Libro IV del Código Fiscal, regula las deducciones dentro de la determinación de la base imponible, lo que evidencia que la deducibilidad forma parte estructural del tributo y no una concesión excepcional.

Sin embargo, en la práctica, la deducibilidad se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre los contribuyentes y la Dirección General de Ingresos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿existe un criterio objetivo para la deducción de gastos o predomina la discrecionalidad administrativa?

El principio y su aplicación

El marco legal panameño reconoce la deducibilidad de gastos dentro de la determinación del impuesto, particularmente en el ámbito de las exenciones y deducciones previstas en el Código Fiscal. No obstante, lo hace a través de conceptos amplios como “necesidad”, “relación con la renta” y “proporcionalidad”.

Estas expresiones son técnicamente correctas e incluso inevitables, pero requieren una aplicación razonable, coherente y uniforme. El problema no radica en la norma, sino en su aplicación.

De la realidad económica al criterio administrativo

En numerosos procesos de fiscalización, el análisis económico es desplazado por criterios predominantemente formales o interpretaciones restrictivas. No es inusual que gastos claramente vinculados a la actividad del contribuyente —como servicios profesionales, transporte o logística— sean rechazados por inconsistencias formales en los comprobantes o por exigencias documentales desproporcionadas.

La deducibilidad deja entonces de evaluarse en función de la realidad del negocio y pasa a depender del criterio del fiscalizador. El resultado es predecible: incertidumbre y trato desigual.

Formalismo versus sustancia

Uno de los rasgos más criticables del enfoque actual es el predominio del formalismo. Se privilegia la forma del documento sobre la sustancia de la operación, incluso cuando no existe duda razonable sobre la existencia del gasto.

Este enfoque resulta particularmente problemático si se considera que el propio sistema fiscal reconoce que el impuesto debe recaer sobre la renta neta. Desconocer gastos reales por defectos formales implica, en la práctica, gravar ingresos brutos, contrariando la lógica del tributo.

La función de la administración tributaria no es sancionar imperfecciones formales, sino verificar que el gasto sea real, necesario y razonable.

Cuando la forma desplaza a la sustancia, el impuesto deja de cumplir una función fiscal y se transforma en una penalización administrativa.

Impacto en los contribuyentes

La discrecionalidad en la deducibilidad no afecta a todos por igual. Los grandes contribuyentes, con estructuras administrativas más robustas, pueden cumplir con exigencias complejas y sostener procesos de defensa prolongados. Los pequeños y medianos contribuyentes, en cambio, enfrentan mayores dificultades, aun cuando sus gastos sean legítimos.

Esta asimetría profundiza la inequidad del sistema y debilita la confianza en la administración tributaria.

Inseguridad jurídica y litigiosidad

La ausencia de criterios claros y públicos incrementa la litigiosidad. Muchos conflictos no giran en torno a la existencia del gasto, sino a su interpretación administrativa.

El contribuyente cumple conforme a su entendimiento razonable del Código Fiscal, pero termina enfrentando ajustes que no podía prever. Esto afecta la planificación fiscal, eleva los costos de cumplimiento y genera un entorno de inseguridad jurídica.

Hacia un criterio objetivo y previsible

Para que la deducibilidad de gastos cumpla su función técnica y legal, es necesario avanzar en varias direcciones:

• Definir criterios administrativos claros y públicos, basados en la realidad económica.
• Priorizar la sustancia sobre la forma, especialmente cuando no exista duda sobre la existencia del gasto.
• Adoptar un enfoque proporcional, evitando exigencias desmedidas para pequeños contribuyentes.
• Unificar criterios de fiscalización para reducir la discrecionalidad individual.
• Fortalecer la motivación de los rechazos, explicando de manera razonada las decisiones administrativas.

Reflexión final

La deducibilidad de gastos no debe ser una concesión discrecional, sino un derecho del contribuyente cuando se cumplen los requisitos legales previstos en el propio sistema tributario.

Mientras su aplicación dependa más del criterio administrativo que de parámetros objetivos y previsibles, el impuesto sobre la renta continuará alejándose de su función esencial: gravar la verdadera capacidad económica.

Autor: Carlos Castillero Virzi

Email: carloscastillero24@gmail.com   

«Justicia en la balanza: Claves para sanar la fractura entre el contribuyente y el Estado.»

Artículo de Opinión

Abril de 2026 – El autor es abogado con especialidad en Derecho Tributario

La confianza en la administración tributaria es un activo institucional indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema fiscal moderno. Cuando esa confianza se pierde, el cumplimiento voluntario se debilita, la evasión comienza a normalizarse y la relación entre el contribuyente y el Estado se vuelve abiertamente conflictiva.

En buena medida, ese es el escenario que hoy enfrenta Panamá.

La justicia tributaria y la confianza en la administración atraviesan un momento crítico, marcado por percepciones de arbitrariedad, desigualdad en el trato y falta de coherencia en la actuación fiscal. Recuperar esa confianza no es una tarea menor ni inmediata, pero sí una condición indispensable para la sostenibilidad del sistema tributario.

Justicia tributaria como percepción social

La justicia tributaria no se agota en la corrección técnica de las normas. Es, ante todo, una percepción social. El contribuyente debe sentir que el sistema es equitativo, que las reglas se aplican de manera uniforme y que el esfuerzo fiscal se distribuye razonablemente.

Cuando amplios sectores perciben que “siempre pagan los mismos”, que existen contribuyentes intocables o que la administración actúa con criterios cambiantes, la idea de justicia tributaria se erosiona, incluso cuando las normas sean formalmente válidas. La legalidad, por sí sola, no basta para generar legitimidad.

La administración como rostro del sistema

Para la mayoría de los contribuyentes, la administración tributaria no es una abstracción jurídica ni un conjunto de artículos legales. Es el rostro concreto del sistema fiscal. A través de la Dirección General de Ingresos se aplican las normas, se imponen sanciones, se resuelven consultas y se ejecutan cobros.

De ahí que la confianza en el sistema dependa en gran medida de cómo actúa la administración: su coherencia, su transparencia, su respeto al debido proceso y su capacidad de reconocer y corregir errores. Una administración percibida como distante, punitiva o inconsistente difícilmente puede generar confianza, por más sofisticado que sea el marco normativo.

Inconsistencia y discrecionalidad

Uno de los factores que más deteriora la confianza es la inconsistencia administrativa. Criterios que cambian sin explicación, tratamientos distintos para situaciones similares y resoluciones escasamente motivadas generan incertidumbre y una profunda sensación de injusticia.

La discrecionalidad excesiva —aun cuando se ejerza dentro de márgenes legales— debilita la percepción de imparcialidad. El contribuyente no sabe si su cumplimiento será suficiente o si quedará expuesto a interpretaciones posteriores que alteren su situación fiscal. La percepción de tratos desiguales, reales o no, resulta suficiente para generar incertidumbre.

El peso de los errores administrativos

Otro elemento crítico es la forma en que se gestionan los errores administrativos. Demoras en devoluciones, créditos mal aplicados, sistemas informáticos deficientes y respuestas tardías o inexistentes afectan directamente la confianza.

Cuando el contribuyente cumple, pero la administración no responde con la misma diligencia, el mensaje implícito es profundamente desalentador. La justicia tributaria exige responsabilidad institucional, no solo exigencia hacia el contribuyente.

Confianza y cumplimiento voluntario

Numerosos estudios comparados demuestran que la confianza en la administración tributaria está directamente relacionada con el nivel de cumplimiento voluntario. Los sistemas más eficaces no son necesariamente los más coercitivos, sino aquellos que combinan control inteligente con trato justo y transparente.

Desde esta perspectiva, la justicia tributaria no es un obstáculo para la recaudación. Por el contrario, es su mejor aliada.

¿Cómo recuperar la confianza?

Recuperar la confianza en la administración tributaria panameña exige un cambio de enfoque y, sobre todo, de cultura institucional. Entre las medidas indispensables destacan:

1. Unificar y publicar criterios administrativos, garantizando igualdad de trato.
2. Motivar adecuadamente los actos administrativos, explicando decisiones y sanciones.
3. Fortalecer de forma real los derechos del contribuyente.
4. Corregir errores con agilidad, asumiendo responsabilidad institucional.
5. Adoptar un enfoque de servicio, sin renunciar a la fiscalización.

Reflexión final

La confianza no se impone por ley ni se construye con discursos. Se gana día a día, a través de prácticas coherentes, decisiones justas y una administración que comprenda que su legitimidad depende tanto de recaudar como de actuar con justicia.

Sin justicia tributaria no hay confianza. Y sin confianza, el sistema tributario panameño seguirá enfrentando resistencias estructurales que ninguna reforma aislada logrará resolver.

Autor: Carlos Castillero Virzi

Email: carloscastillero24@gmail.com