«Desafíos y oportunidades frente a la fragmentación normativa actual»

24 de abril de 2026 – El autor es abogado con especialidad en Derecho Tributario

Artículo de Opinión

La ausencia de un Código Tributario en Panamá es una de las principales debilidades estructurales de su sistema fiscal. A diferencia de otras ramas del derecho, la tributación se rige por un conjunto disperso de leyes, decretos, resoluciones y criterios administrativos, muchas veces inconexos entre sí.

Esta fragmentación no solo dificulta el cumplimiento por parte del contribuyente, sino que amplía los márgenes de discrecionalidad de la administración y debilita la seguridad jurídica. La pregunta ya no es si Panamá necesita un Código Tributario, sino cuánto más puede postergar su adopción.

Un sistema normativo fragmentado

Actualmente, los principios, procedimientos, sanciones, recursos y reglas generales del derecho tributario panameño se encuentran dispersos en múltiples normas sectoriales. Cada impuesto tiene su propia lógica procedimental, plazos y reglas, muchas veces inconsistentes entre sí.

Esta dispersión genera confusión incluso entre profesionales especializados. Un sistema complejo no es necesariamente técnico; muchas veces es simplemente un sistema mal organizado.

Consecuencias para el contribuyente

Para el contribuyente, la falta de un Código Tributario se traduce en incertidumbre permanente. Resulta difícil conocer con claridad cuáles son sus derechos, deberes y garantías procedimentales. La defensa se vuelve fragmentada, reactiva y costosa.

En este contexto, el cumplimiento voluntario deja de apoyarse en la claridad normativa y pasa a depender del riesgo percibido. Cuando cumplir es difícil de entender, el sistema pierde legitimidad.

Discrecionalidad administrativa ampliada

La dispersión normativa amplía inevitablemente la discrecionalidad de la Dirección General de Ingresos. Ante vacíos, contradicciones o silencios legales, la administración interpreta, integra y suple, muchas veces sin criterios uniformes ni límites claros.

Esto genera interpretaciones cambiantes y tratamientos desiguales. Un Código Tributario no elimina la discrecionalidad, pero la encuadra y la controla.

Falta de sistematización de principios

Principios esenciales como legalidad, capacidad contributiva, proporcionalidad, prescripción, carga de la prueba, debido proceso o non bis in idem existen en el sistema, pero de forma implícita, dispersa o derivada de la jurisprudencia.

Un código permitiría positivizar estos principios, otorgándoles claridad normativa y fuerza vinculante directa. La codificación fortalece los principios; no los inventa.

Procedimiento tributario incoherente

El procedimiento tributario panameño carece de una estructura plenamente uniforme. Si bien existe un Código de Procedimiento Tributario orientado a regular la materia, su implementación no ha sido completa, lo que ha mantenido la vigencia de normas dispersas y vacíos regulatorios dentro del sistema.

Notificaciones, recursos, plazos, suspensión de actos, ejecución y sanciones continúan variando según la norma aplicable. Esta dispersión dificulta la defensa y multiplica los conflictos. Un Código Tributario permitiría articular de forma integral el procedimiento, con reglas claras y previsibles.

Experiencia comparada

La mayoría de los países con sistemas tributarios modernos cuentan con códigos tributarios o fiscales que regulan de manera integral los aspectos sustantivos y procedimentales.

Estos cuerpos normativos no eliminan los conflictos, pero los ordenan y reducen la incertidumbre. Panamá no estaría innovando; simplemente se estaría poniendo al día.

¿Temor a limitar el poder fiscal?

Una de las razones no declaradas para postergar un Código Tributario es el temor a limitar la flexibilidad administrativa. Codificar implica definir reglas, plazos y límites claros.

Sin embargo, un poder sin límites no es fortaleza institucional, sino fuente de conflicto. La autoridad legítima no se debilita con reglas claras; se fortalece.

Un Código para el Estado y para el contribuyente

Un código tributario no debe concebirse como un instrumento “pro contribuyente” o “anti-administración”. Debe ser una ley marco de equilibrio, que ordene potestades y garantías, establezca procedimientos claros y reduzca la conflictividad.

Un buen código protege al contribuyente y, al mismo tiempo, mejora la recaudación sostenible.

Lineamientos para un Código Tributario Panameño

Un eventual Código Tributario debería:

1. Sistematizar principios constitucionales tributarios, con aplicación directa.
2. Unificar el procedimiento tributario, desde fiscalización hasta ejecución.
3. Regular claramente la carga de la prueba y la prescripción.
4. Establecer reglas claras sobre notificaciones, recursos y sanciones.
5. Limitar y encuadrar la discrecionalidad administrativa.
6. Reconocer expresamente los derechos del contribuyente.
7. Integrar mecanismos de prevención de conflictos, como consultas vinculantes.

Una reforma impostergable

La necesidad de un Código Tributario Panameño no es una aspiración académica; es una exigencia estructural de un sistema que ha crecido sin orden suficiente.

Panamá puede seguir ajustando parches normativos o puede optar por una reforma estructural que ordene, sistematice y legitime su sistema tributario. Un Código no resolverá todos los problemas, pero sin él, muchos de ellos seguirán repitiéndose indefinidamente.

En materia fiscal, ordenar el sistema es el primer paso para hacerlo justo, previsible y sostenible.

Autor: Carlos Castillero Virzi

Email: carloscastillero24@gmail.com

Desafíos actuales de la normativa tributaria ante las nuevas prácticas de gestión

20 de abril de 2026 – El autor es abogado con especialidad en Derecho Tributario

Artículo de Opinión

El principio de legalidad tributaria es, probablemente, la garantía más importante que protege al contribuyente frente al poder fiscal del Estado. Su formulación clásica es clara: no hay tributo sin ley. Solo la ley, en sentido formal, puede crear impuestos, definir sus elementos esenciales y establecer las obligaciones que recaen sobre los contribuyentes.

Este principio, consagrado en el orden constitucional y desarrollado en el sistema tributario panameño, no es una formalidad jurídica, sino una barrera efectiva frente a la arbitrariedad del poder tributario.

No obstante, en la práctica, el principio de legalidad enfrenta una presión constante derivada de una creciente creatividad administrativa, que desborda los márgenes de la ley y redefine obligaciones a través de interpretaciones, criterios internos y prácticas de fiscalización.

Legalidad tributaria: contenido y alcance

El principio de legalidad exige que los elementos esenciales del tributo —hecho generador, sujeto pasivo, base imponible, tarifa y período— estén definidos de manera clara y expresa en una ley aprobada por el Órgano Legislativo.

Esta exigencia responde a una razón democrática fundamental: solo los representantes del pueblo pueden decidir sobre cargas que afectan directamente el patrimonio de los ciudadanos.

En materia tributaria, la legalidad no admite atajos. No basta con que la administración “interprete” o “aclare” la ley; su función es aplicarla, no completarla ni corregirla.

La expansión del poder interpretativo

En los últimos años, se ha observado una tendencia preocupante: la administración tributaria ha ampliado su margen de actuación mediante interpretaciones extensivas o finalistas de normas ambiguas, generando obligaciones que no se desprenden de manera inequívoca del texto legal.

Circulares, resoluciones administrativas, criterios internos y respuestas a consultas terminan funcionando, en la práctica, como verdaderas normas tributarias paralelas. Aunque formalmente no crean impuestos, sí modifican el alcance de la obligación tributaria, afectando la seguridad jurídica del contribuyente.

Este fenómeno es especialmente visible en materia de deducibilidad de gastos, retenciones, documentación soporte y cumplimiento formal, donde la línea entre interpretación y creación normativa se vuelve cada vez más difusa.

Legalidad formal vs. legalidad efectiva

El problema no radica únicamente en la existencia de normas administrativas, sino en el peso que estas adquieren en la fiscalización. En muchos procesos, el contribuyente no se enfrenta a la ley, sino al criterio de la Dirección General de Ingresos, el cual puede variar según el momento o el funcionario.

Hoy incluso es frecuente que las decisiones operativas se justifiquen en limitaciones del sistema, generando una creciente subordinación a las condiciones del entorno tecnológico de gestión tributaria.

Esta realidad vacía de contenido el principio de legalidad, pues el contribuyente deja de poder prever con certeza las consecuencias fiscales de sus actos. La legalidad queda como referencia formal, mientras la práctica se rige por criterios administrativos cambiantes.

El impacto en la seguridad jurídica

La creatividad administrativa tiene un efecto directo sobre la seguridad jurídica. Un sistema tributario previsible permite planificar, invertir y cumplir. Un sistema donde las reglas se redefinen constantemente desde la administración genera incertidumbre, incrementa los costos de cumplimiento y fomenta la litigiosidad.

Paradójicamente, esta práctica no fortalece la recaudación a largo plazo. Por el contrario, debilita el cumplimiento voluntario y deteriora la relación entre el Estado y el contribuyente.

¿Interpretar la ley o sustituirla?

Es legítimo que la administración interprete la ley para aplicarla. Lo que no es legítimo es que, bajo el pretexto de la interpretación, se legisle de facto.

Cuando la interpretación administrativa redefine obligaciones, el principio de legalidad deja de ser una garantía y se convierte en una ficción.

En un Estado de derecho, las deficiencias normativas deben resolverse en el ámbito legislativo, no mediante criterios administrativos guiados por conveniencias coyunturales.

Propuestas para restaurar la legalidad

Para devolver al principio de legalidad tributaria su verdadero alcance, resulta indispensable:

• Delimitar claramente la potestad interpretativa.
• Fortalecer la reserva de ley.
• Reforzar el control judicial de las actuaciones administrativas.
• Unificar criterios de fiscalización.
• Promover una cultura institucional de respeto a la legalidad.

Reflexión final

El principio de legalidad tributaria no es un obstáculo para la gestión fiscal, sino su fundamento.

Cuando la creatividad administrativa sustituye a la ley, el sistema deja de ser previsible y justo. Recuperar la centralidad de la legalidad no es solo una exigencia jurídica, sino una condición necesaria para reconstruir la confianza en el sistema tributario panameño.

Autor: Carlos Castillero Virzi

Email: carloscastillero24@gmail.com

Deducibilidad de gastos: entre la ley y el criterio del fiscalizador

Artículo de Opinión

13 de abril de 2026 – El autor es abogado con especialidad en Derecho Tributario

La deducibilidad de gastos constituye uno de los elementos más sensibles del impuesto sobre la renta. De su correcta aplicación depende que el tributo recaiga sobre la renta neta real del contribuyente y no sobre ingresos brutos desprovistos de contexto económico.

En teoría, el principio es claro: son deducibles aquellos gastos necesarios para la generación, conservación y mantenimiento de la renta gravada. Este criterio, reconocido en el sistema tributario panameño, responde directamente al principio de capacidad contributiva: el impuesto debe gravar la riqueza real, no una ficción contable.

Este principio no es meramente doctrinal. El propio régimen del impuesto sobre la renta, contenido en el Libro IV del Código Fiscal, regula las deducciones dentro de la determinación de la base imponible, lo que evidencia que la deducibilidad forma parte estructural del tributo y no una concesión excepcional.

Sin embargo, en la práctica, la deducibilidad se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre los contribuyentes y la Dirección General de Ingresos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿existe un criterio objetivo para la deducción de gastos o predomina la discrecionalidad administrativa?

El principio y su aplicación

El marco legal panameño reconoce la deducibilidad de gastos dentro de la determinación del impuesto, particularmente en el ámbito de las exenciones y deducciones previstas en el Código Fiscal. No obstante, lo hace a través de conceptos amplios como “necesidad”, “relación con la renta” y “proporcionalidad”.

Estas expresiones son técnicamente correctas e incluso inevitables, pero requieren una aplicación razonable, coherente y uniforme. El problema no radica en la norma, sino en su aplicación.

De la realidad económica al criterio administrativo

En numerosos procesos de fiscalización, el análisis económico es desplazado por criterios predominantemente formales o interpretaciones restrictivas. No es inusual que gastos claramente vinculados a la actividad del contribuyente —como servicios profesionales, transporte o logística— sean rechazados por inconsistencias formales en los comprobantes o por exigencias documentales desproporcionadas.

La deducibilidad deja entonces de evaluarse en función de la realidad del negocio y pasa a depender del criterio del fiscalizador. El resultado es predecible: incertidumbre y trato desigual.

Formalismo versus sustancia

Uno de los rasgos más criticables del enfoque actual es el predominio del formalismo. Se privilegia la forma del documento sobre la sustancia de la operación, incluso cuando no existe duda razonable sobre la existencia del gasto.

Este enfoque resulta particularmente problemático si se considera que el propio sistema fiscal reconoce que el impuesto debe recaer sobre la renta neta. Desconocer gastos reales por defectos formales implica, en la práctica, gravar ingresos brutos, contrariando la lógica del tributo.

La función de la administración tributaria no es sancionar imperfecciones formales, sino verificar que el gasto sea real, necesario y razonable.

Cuando la forma desplaza a la sustancia, el impuesto deja de cumplir una función fiscal y se transforma en una penalización administrativa.

Impacto en los contribuyentes

La discrecionalidad en la deducibilidad no afecta a todos por igual. Los grandes contribuyentes, con estructuras administrativas más robustas, pueden cumplir con exigencias complejas y sostener procesos de defensa prolongados. Los pequeños y medianos contribuyentes, en cambio, enfrentan mayores dificultades, aun cuando sus gastos sean legítimos.

Esta asimetría profundiza la inequidad del sistema y debilita la confianza en la administración tributaria.

Inseguridad jurídica y litigiosidad

La ausencia de criterios claros y públicos incrementa la litigiosidad. Muchos conflictos no giran en torno a la existencia del gasto, sino a su interpretación administrativa.

El contribuyente cumple conforme a su entendimiento razonable del Código Fiscal, pero termina enfrentando ajustes que no podía prever. Esto afecta la planificación fiscal, eleva los costos de cumplimiento y genera un entorno de inseguridad jurídica.

Hacia un criterio objetivo y previsible

Para que la deducibilidad de gastos cumpla su función técnica y legal, es necesario avanzar en varias direcciones:

• Definir criterios administrativos claros y públicos, basados en la realidad económica.
• Priorizar la sustancia sobre la forma, especialmente cuando no exista duda sobre la existencia del gasto.
• Adoptar un enfoque proporcional, evitando exigencias desmedidas para pequeños contribuyentes.
• Unificar criterios de fiscalización para reducir la discrecionalidad individual.
• Fortalecer la motivación de los rechazos, explicando de manera razonada las decisiones administrativas.

Reflexión final

La deducibilidad de gastos no debe ser una concesión discrecional, sino un derecho del contribuyente cuando se cumplen los requisitos legales previstos en el propio sistema tributario.

Mientras su aplicación dependa más del criterio administrativo que de parámetros objetivos y previsibles, el impuesto sobre la renta continuará alejándose de su función esencial: gravar la verdadera capacidad económica.

Autor: Carlos Castillero Virzi

Email: carloscastillero24@gmail.com