Soberanía panameña no se negocia ante el doble rasero de potencias vecinas.

Panamá, 18 de mayo de 2026 – La soberanía económica y comercial de la República de Panamá se encuentra bajo el asedio simultáneo de un doble rasero geopolítico intolerable. Por un lado, la administración estadounidense de Donald Trump pretende reactivar la anacrónica e insultante visión de América Latina como su «patio trasero», lanzando acusaciones infundadas sobre un supuesto control comunista en el Istmo y exigiendo de forma hipócrita la ruptura de relaciones comerciales con Pekín. Por el otro, la recién estrenada administración de Laura Fernández en Costa Rica —continuadora del beligerante estilo de Rodrigo Chaves— estrena su mandato amenazando con «acciones internacionales» y asfixiando unilateralmente a los agroindustriales panameños. Frente a este panorama, Panamá debe plantarse con firmeza: las agendas bilaterales de nuestra vía interoceánica y de nuestras fronteras se dictan en el Palacio de las Garzas, no en Washington ni en San José.

Resulta de un cinismo monumental que Washington pretenda tutelar las decisiones soberanas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y de la Cancillería panameña respecto a la República Popular China. Mientras personeros del Pentágono ejercen presiones groseras sobre la neutralidad del Canal de Panamá, el propio mandatario norteamericano lidera caravanas comerciales compuestas por magnates corporativos adeptos a su movimiento político para negociar de forma pragmática y multimillonaria con el presidente Xi Jinping. Estados Unidos no viaja a las metrópolis tecnológicas asiáticas a debatir sobre las crisis geopolíticas derivadas de sus intervenciones bélicas; viaja a asegurar sus propios intereses económicos. Pretender que Panamá sacrifique un intercambio comercial y cultural con la comunidad china, consolidado con absoluto respeto mutuo por más de 150 años, es un acto de subordinación que el istmo no va a tolerar.

El agravio discursivo escala a niveles inaceptables cuando se atenta contra los pilares de nuestra soberanía nacional y los Tratados Torrijos-Carter. La retórica de la Casa Blanca, que acusa falsamente a Panamá de violentar el régimen del Canal por cobrar los peajes correspondientes a sus buques de guerra, demuestra un profundo y preocupante desconocimiento del derecho internacional. Panamá cumple milimétricamente con la neutralidad de la vía interoceánica, pero neutralidad no significa gratuidad ni sumisión colonial. Exigir inmunidad económica para los barcos militares estadounidenses, bajo el pretexto de una supuesta amenaza ideológica que solo existe en su narrativa electoral, constituye una violación flagrante a la dignidad nacional que el gobierno del presidente José Raúl Mulino debe rechazar con la mayor energía diplomática.

En el frente regional, la situación con Costa Rica ha degenerado en una guerra comercial abierta que contradice los principios de integración del Sistema de la Integración Centroamericana (SIECA). La postura panameña ha sido clara, técnica y legítima: defender la soberanía sanitaria y alimentaria exigiendo registros y validaciones fitosanitarias estrictas a los productos de exportación ticos. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha mostrado una interpretación peligrosamente sesgada de estas medidas de bioseguridad. San José ha capitalizado este vacío jurídico para arrebatar de manera unilateral los beneficios de exportación a las empresas agroindustriales panameñas, pretendiendo obligar a nuestro país a inundar el mercado local con productos agrícolas que no cumplen con las debidas garantías sanitarias para los consumidores.

La reciente asistencia del presidente Mulino a la toma de posesión de la presidenta costarricense Laura Fernández debió ser el espacio idóneo para restablecer la confianza a través de canales diplomáticos bilaterales de mutuo respeto. No obstante, las declaraciones posteriores de la mandataria tica, apelando de inmediato a la presión internacional de la OMC y tildando los controles panameños de «bloqueo arbitrario», entierran cualquier atisbo de buena voluntad vecinal. Costa Rica prefiere el litigio internacional antes que la reciprocidad y la fiscalización técnica de sus establecimientos agropecuarios. Panamá ya recurrió formalmente a la apelación del panel arbitral, defendiendo su derecho institucional a no validar importaciones que pongan en riesgo el estatus zoosanitario y fitosanitario del país.

Ante el chantaje comercial externo, la respuesta interna debe ser contundente y enfocarse en el blindaje de la agroindustria nacional. El Estado tiene la obligación ineludible de impulsar de forma prioritaria el mejoramiento tecnológico de las hectáreas sembradas en el territorio nacional, garantizando el abastecimiento y la reducción de precios para el consumidor panameño mediante el consumo de lo nacional. La verdadera soberanía de un país comienza por su capacidad de alimentar a su pueblo sin depender de los caprichos de las potencias mundiales ni de las demandas de vecinos desleales que cierran sus fronteras a los productos panameños mientras exigen libre acceso para los suyos.

El orden económico global continuará fragmentado por guerras comerciales e hipocresías geopolíticas, pero la hoja de ruta de la República de Panamá la diseñan los panameños. Ni los delirios imperiales de una Casa Blanca que predica el aislamiento para otros mientras hace negocios en Pekín, ni los sesgos burocráticos de la OMC instrumentados por la administración de Costa Rica, van a dictar la política exterior o la agenda de desarrollo de nuestro Istmo. Es hora de que el gobierno actúe con la máxima firmeza jurídica y económica: la dignidad del pueblo panameño y el sudor de nuestros productores agropecuarios se defienden con patriotismo, sin dar un solo paso atrás.

El expresidente busca regresar al poder en 2029 con plataforma independiente.

Redacción: DNews507

Panamá, 18 de mayo de 2026 – El expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, formalizó el lanzamiento de su nueva organización política denominada Unidos para una Nueva Era (UNE). Ante un multitudinario auditorio en el Centro de Convenciones Megapolis, el exmandatario convocó a diversos sectores de la sociedad panameña con el objetivo de fundar una alternativa electoral que rompa con los esquemas del clientelismo tradicional y enfrente el estancamiento institucional que sufre el país.

Este movimiento surge exactamente a dos años de las elecciones generales de mayo de 2024, donde Torrijos Espino ocupó la tercera posición en la carrera presidencial bajo la bandera del Partido Popular. En aquella jornada democrática, el político logró capitalizar un total de 351,627 sufragios válidos, una cifra que representó el 16.01% del electorado y que sentó las bases para el capital político que hoy intenta aglutinar en esta nueva estructura partidaria con miras a los comicios del año 2029.

El nacimiento de UNE consolida la ruptura definitiva del expresidente con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo histórico que abandonó formalmente mediante su renuncia el 31 de enero de 2024. Dicho acto quebrantó el último vínculo orgánico con la organización que fundara su propio padre, el general Omar Torrijos Herrera, desvinculándose de la actual conducción ejecutiva, aunque manteniendo en su momento la condición de delegado vitalicio e impulsando liderazgos específicos en su entorno.

Durante su alocución, Torrijos Espino reconoció que el proceso de recolección de firmas e inscripción legal ante las autoridades competentes constituirá una tarea compleja dentro del actual panorama normativo nacional. No obstante, el líder político enfatizó que la coyuntura actual exige compromisos firmes, argumentando de manera categórica que ante la profunda crisis ética e institucional que arrastra el territorio panameño, la opción de la indiferencia o la inacción ciudadana ya no resulta viable.

El discurso presidencial abordó de forma prioritaria dos problemáticas críticas de la agenda pública del Estado: la reactivación del debate sobre la mina de cobre y la crisis en la gestión del agua potable. Respecto al tema minero, el exgobernante propuso que cualquier resolución final debe someterse a la voluntad popular mediante la convocatoria de un plebiscito nacional, mientras que para el suministro hídrico exigió una estrategia coordinada entre el sector privado y la Autoridad del Canal de Panamá.

La propuesta programática de Unidos para una Nueva Era apela de forma directa a una coalición amplia que involucre activamente a profesionales, sectores indígenas, organizaciones juveniles, mujeres, empresarios y trabajadores del campo. La meta declarada por Torrijos Espino apunta a la reconfiguración del ejercicio del poder político, orientándolo hacia la transparencia administrativa, la reactivación económica conjunta y la transformación profunda de los sistemas públicos de educación y salud preventiva.

El lanzamiento proyecta un reordenamiento de las fuerzas de oposición en el escenario político panameño de cara al próximo quinquenio. Al desmarcarse de los partidos tradicionales y apelar al legado social histórico, pero con un enfoque de modernización y combate frontal a la corrupción, Torrijos Espino busca posicionar a UNE como la plataforma aglutinadora del descontento ciudadano y de la población que manifiesta apatía frente a la oferta electoral vigente.

Indicadores de la participación política de Martín Torrijos (1994-2026)

El Proyecto de Ley 641 busca adecuar al país a los estándares fiscales globales.

Redacción: DNews507 / Fuente: RRPP CCIAP

Panamá, 18 de mayo de 2026 – El Proyecto de Ley No. 641, que propone un nuevo régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, marca un punto de inflexión para el país. La iniciativa responde a la urgente necesidad de alinear la normativa nacional con las mejores prácticas de la economía global. Este paso es fundamental si el territorio aspira a consolidar su reputación fiscal y asegurar su exclusión definitiva de las listas internacionales que limitan su desarrollo económico.

La postura del gremio empresarial frente a esta reforma no es de confrontación, sino de coadyuvar al desarrollo del Estado. Se reconoce la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas para fortalecer el prestigio financiero del país. El presidente de la CCIAP respaldó esta visión al señalar que «si queremos jugar en las grandes ligas, debemos actuar con seriedad, transparencia y visión de Estado», coincidiendo en la legitimidad del objetivo.

Sin embargo, el análisis del sector privado advierte que la adopción de estas reglas internacionales debe ejecutarse bajo un estricto criterio de equilibrio técnico. La histórica plataforma de servicios, logística y comercio internacional que posee la nación no puede verse comprometida por regulaciones desproporcionadas. El líder del gremio enfatizó el núcleo de esta preocupación al advertir que «cumplir no debe significar perder competitividad, transparencia ni capacidad de atracción extranjera».

Para evitar efectos adversos en los sectores estratégicos, la propuesta empresarial sugiere la implementación de criterios objetivos y una transición gradual que prevenga la incertidumbre jurídica. Es primordial reconocer a las industrias que ya operan bajo altos estándares de supervisión y evitar duplicidades regulatorias. Al respecto, el vocero principal de la Cámara precisó de forma contundente que «la meta debe ser clara: cumplir con el mundo, sin dejar de competir con el mundo».

El panorama actual muestra señales positivas gracias a la exclusión de la Marina Mercante del alcance del proyecto, tras la apertura al diálogo del Órgano Legislativo y el MEF. El gremio reitera que la colaboración público-privada es la vía idónea para perfeccionar la norma. La concertación basada en argumentos técnicos garantizará una legislación que salve la reputación global del país y proteja sus ventajas competitivas.