Medidas burocráticas sobre recursos procesados impactan el comercio y la economía familiar

Redacción: DNews507 / Fuente: RRPP del abogado Venancio Serrano

Panamá, 17 de junio de 2026 – Panamá se encuentra en el centro de un intenso debate que cruza la gestión de recursos marinos, la logística portuaria y la seguridad alimentaria. El abogado y experto aduanero Venancio Serrano presentó una solicitud formal ante el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, exigiendo suspender de inmediato las medidas que imponen licencias de comercialización y tasas adicionales de inspección a la importación de productos enlatados como el atún y las sardinas.

El núcleo del conflicto radica en una presunta extralimitación de funciones institucionales que afecta la sostenibilidad del comercio local. Serrano argumenta que, si bien la Ley 204 de 2021 otorga a la ARAP plenas competencias sobre los recursos acuáticos dentro del territorio nacional, estas normativas no deberían alcanzar a productos que ya han sido procesados, envasados y sellados en el extranjero, provenientes de mercados internacionales como China, Malasia y Estados Unidos.

Esta presión regulatoria está generando un grave cuello de botella en los principales puertos de entrada, afectando la eficiencia de la cadena de suministro global y local. Los importadores reportan severos retrasos en la liberación de contenedores, lo que se traduce en costos adicionales por almacenaje portuario; un impacto operativo que contradice los esfuerzos de dinamización económica y optimización de los recursos logísticos en el país.

Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la inclusión del aceite de soya dentro de los controles automatizados de la ARAP en el sistema informático SIGA de la Autoridad Nacional de Aduanas. El jurista cuestiona con firmeza esta medida, advirtiendo que, al tratarse de un recurso agrícola terrestre y no de origen marino, la institución carece de jurisdicción legal para fiscalizarlo, lo que añade una traba burocrática innecesaria que encarece la canasta básica.

Frente a este escenario, se ha solicitado la intervención urgente de la alta dirección de la ARAP para dejar sin efecto estas disposiciones que atentan contra las políticas estatales de precios accesibles. En un contexto actual donde la eficiencia comercial y la seguridad alimentaria deben caminar de la mano, aliviar la carga económica sobre los consumidores y corregir las distorsiones en la gestión de los recursos resulta vital para el desarrollo sostenible de la población panameña.

Comités comunitarios lideran la conservación del agua frente al cambio climático actual.

Redacción: DNews507 / Fuente: RRPP Ministerio de Ambiente

Panamá, 17 de junio de 2026 – En el marco del reciente Día Nacional de las Cuencas Hidrográficas, celebrado el pasado 15 de junio, Panamá reafirma su compromiso con la gestión sostenible de sus recursos hídricos. El Ministerio de Ambiente ha destacado el papel crucial que juegan las comunidades organizadas en la protección y restauración de estas áreas críticas. En la actualidad, la gobernanza participativa se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar la vulnerabilidad climática y asegurar el abastecimiento de agua en todo el territorio nacional.

Para articular estos esfuerzos, el país cuenta hoy con una estructura sólida compuesta por 44 Comités de Cuencas Hidrográficas, 43 Comités de Subcuencas y dos de Microcuencas. Estos espacios integran de manera estratégica a gobiernos locales, instituciones públicas, la academia, el sector privado y la sociedad civil. Juntos, estos actores identifican las prioridades ambientales de cada región, promoviendo un diálogo constructivo que transforma la gestión del agua en una responsabilidad compartida.

Las acciones en el terreno demuestran el dinamismo de estos comités mediante jornadas intensivas de reforestación en zonas de recarga hídrica y la rehabilitación de viveros comunitarios. Asimismo, se ejecutan limpiezas periódicas de ríos y se impulsa el monitoreo participativo de la calidad del agua, contando con el respaldo científico del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Estas iniciativas no solo protegen los ecosistemas, sino que también involucran directamente a estudiantes y residentes locales.

Al respecto, Betzabé Atencio, directora de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente, señaló que estos comités constituyen un mecanismo esencial para involucrar a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones locales frente a los desafíos de disponibilidad del recurso. La funcionaria enfatizó que la labor voluntaria desarrollada a nivel nacional es clave para consolidar una verdadera cultura ambiental y garantizar el bienestar de las poblaciones que dependen directamente de estas fuentes hídricas.

Esta conmemoración, establecida originalmente mediante resolución en 2024, resalta la urgencia de promover la educación ambiental de cara al futuro. El trabajo coordinado de los comités de cuencas no solo responde a una fecha en el calendario, sino a un esfuerzo continuo por la seguridad hídrica de Panamá. En un contexto global que exige sostenibilidad, la participación ciudadana se consolida como el motor principal para preservar la riqueza natural del país.

Ochenta y cuatro años de historia penal regresan para desafiar el patrimonio, los derechos humanos y la soberanía ambiental de Panamá

DNews507 | 15 de junio de 2026

El pasado sábado 13 de junio de 2026, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, bajo el mando del ministro Frank Ábrego, ejecutó en la más estricta confidencialidad el traslado de 29 reclusos clasificados de alta peligrosidad a las instalaciones de la Estación Aeronaval Teniente Nelson Tenas, ubicada en la Isla de Coiba, Veraguas. Con este acto, un fantasma que parecía enterrado para siempre regresó a las aguas del Pacífico panameño.

El contexto inmediato de la decisión del gobierno del presidente José Raúl Mulino tiene un detonante preciso: el 2 de junio de 2026, un motín en el centro penitenciario La Joyita dejó tres reos muertos y propició la fuga de 195 condenados por delitos graves como homicidio y violación. Aunque las autoridades lograron recapturar a la mayoría en días posteriores, el episodio expuso la fragilidad del sistema penitenciario panameño.

Como respuesta, el Ministerio de Seguridad Pública presentó un plan para reforzar el control sobre los líderes de estructuras criminales y reducir su capacidad de operar y coordinar delitos desde el interior de los centros de detención. Para ello eligió Coiba. El traslado se realizó con sigilo total; de hecho, el propio Ministerio de Ambiente reconoció no haber sido informado inicialmente de la operación.

La Presidencia de la República respaldó la acción del Ministerio de Seguridad Pública afirmando que la medida es parte de una estrategia de seguridad nacional para extremar el control a los cabecillas de organizaciones delictivas, reduciendo su capacidad de incidencia y articulación. El argumento cobra fuerza en un contexto en el que, entre enero y abril de 2026, se registraron 193 homicidios en el país, lo que representa un incremento del 10% respecto al mismo período del año anterior.

Efectos y Alarmas: Derechos Humanos, Legalidad y Patrimonio

Esta sorpresiva medida ha encendido las alarmas en tres frentes críticos de la sociedad:

1. El frente legal y ambiental

La reacción del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, fue contundente. En una carta fechada el 10 de junio de 2026 y dirigida a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, Navarro calificó la posibilidad de establecer un centro penitenciario permanente en Coiba como «técnica y jurídicamente incompatible» con la zonificación vigente. Argumentó que esta acción choca directamente con la Ley 44 de 2004, el plan de manejo del Parque Nacional y los compromisos internacionales asumidos por Panamá ante la UNESCO.

En un comunicado aclaratorio emitido el 14 de junio de 2026, el Ministerio de Ambiente matizó que la acción del 13 de junio utilizó instalaciones ya existentes de la Aeronaval, las cuales han permanecido bajo custodia del Servicio Nacional Aeronaval desde antes de la creación del parque. Asimismo, confirmaron que no se ha construido ninguna edificación nueva ni se han realizado reformas que impacten el área protegida. No obstante, la institución reiteró que un Centro Penitenciario Permanente con nuevas edificaciones no es viable por razones legales, ambientales y de protección del Patrimonio de la Humanidad.

2. El frente del Patrimonio UNESCO

La preocupación institucional es real y cuenta con precedentes. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ya había advertido a Panamá que los proyectos de infraestructura no autorizados y la pesca industrial ilegal podrían incluir a Coiba en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro. Ingresar a esta lista implica un escrutinio internacional intensivo y puede derivar en la pérdida definitiva del estatus de Patrimonio Mundial.

Coiba es parte de un corredor marino de importancia global que conecta con las Islas Galápagos, Malpelo e Isla del Coco. Su ecosistema alberga 760 especies de peces, 33 de tiburones, 20 de ballenas y delfines, y cuatro de tortugas marinas, incluyendo la carey. Más del 80% de su superficie terrestre conserva bosque primario intacto, una condición que se mantuvo precisamente porque durante décadas nadie osó entrar al territorio de la isla penal.

3. El frente de los derechos humanos y la gestión institucional

La memoria histórica es el argumento más poderoso en este debate. Enviar presos a una isla cuyo historial está marcado por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales abre una herida que Panamá cerró hace apenas 22 años.

Críticos como el diputado Ernesto Cedeño, del movimiento MOCA, han señalado que esta medida responde a la inoperancia en la administración de los centros penitenciarios en lugar de abordar las causas estructurales del problema. El argumento comparativo es válido: Colombia gestiona más de 4,000 presos de alta peligrosidad en centros continentales sin recurrir a islas penales. Panamá, con una población carcelaria notablemente menor, no puede argüir que le resulta imposible hacer lo mismo.

Por otro lado, aislar a los reclusos en una isla remota —lejos de sus abogados defensores, de sus familias y del escrutinio de la sociedad civil y de los organismos de control— recrea las condiciones que históricamente favorecieron los abusos. El derecho a la defensa, el acceso consular, el contacto familiar y la supervisión judicial son garantías que tienden a erosionarse proporcionalmente a la distancia geográfica.

Resolver una crisis penitenciaria estructural con una medida de aislamiento geográfico extremo es, en el mejor de los casos, una solución provisional que no ataca las raíces del problema. En el peor, representa el primer paso en un camino oscuro y ya conocido.

Contexto Histórico: Una Historia que No Debería Repetirse

Para comprender la magnitud de la alarma actual, es imperativo revisar los 84 años de historia penal de la isla, divididos en tres etapas fundamentales:

1919-1920: El nacimiento de la colonia penal

Mediante el Decreto 15 del 29 de enero de 1920, el Estado panameño estableció formalmente la primera colonia penal en la Isla de Coiba, durante el gobierno del presidente Belisario Porras. Cinco años después, el Decreto N° 83 del 1 de junio de 1925 oficializó su estructura penitenciaria.

Desde entonces, la isla —la más grande de Panamá y de todo el Pacífico centroamericano, con cerca de 500 kilómetros cuadrados de superficie— se convirtió en el destino ineludible para los condenados más peligrosos del país, pero también para quienes resultaban incómodos para el poder de turno.

En su punto más alto de operación, la isla albergó hasta 3,000 reclusos distribuidos en aproximadamente 30 campamentos dispersos por toda su geografía. A diferencia de las prisiones convencionales con muros y rejas, en Coiba la jaula era la naturaleza misma: tiburones, cocodrilos y kilómetros de mar abierto hacían las veces de guardias imposibles de sobornar.

1968-1989: El infierno bajo las dictaduras militares

El período más siniestro del penal coincidió con las dictaduras militares de Omar Torrijos (1968-1981) y Manuel Antonio Noriega (1983-1989). Durante esas dos décadas, Coiba dejó de ser únicamente una cárcel para criminales comunes y se transformó en lo que muchos sobrevivientes y testimonios históricos describieron como un campo de concentración.

Opositores políticos, periodistas, sindicalistas, militares disidentes y cualquier voz crítica al régimen encontraron en Coiba su destino. Se estima que más de 200 personas fueron asesinadas y torturadas en la isla durante esos años. El caso más emblemático fue el del líder izquierdista Floyd Britton, cuyo asesinato y desaparición se convirtió en símbolo de los abusos del régimen.

A los prisioneros trasladados durante el noriegato se les conoció colectivamente como «Los Desaparecidos»: hombres y mujeres que ingresaban a la isla sin boleto de regreso. Testimonios recogidos por investigadores señalan que muchos terminaron en fosas sin identificación cerca de los campamentos, o fueron desmembrados y arrojados al mar. En el campamento denominado «El Machete» se encontraron vestigios de torturas, incluidos fosos en la tierra donde enterraban vivos hasta el cuello a los miembros de las Fuerzas de Defensa que intentaron derrocar a Noriega en los levantamientos de marzo y octubre de 1989.

Organizaciones como Amnistía Internacional documentaron que Noriega fue presunto responsable de homicidios extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones sin juicio y torturas sistemáticas durante su mandato como dictador de facto entre 1983 y 1989.

1989-2004: El ocaso del penal y la reconversión ecológica

Con la intervención estadounidense de diciembre de 1989 y la caída del régimen de Noriega, el penal inició un lento declive. El uso político de la isla cesó progresivamente y los reclusos pasaron a ser, en su mayoría, criminales comunes. Sin embargo, las condiciones continuaron siendo severas: en 1998 se registró la decapitación de cuatro detenidos, un hecho sangriento que reavivó las denuncias por violaciones a los derechos humanos y presionó hacia el cierre definitivo.

El 27 de agosto de 2004, tras 84 años de operación ininterrumpida, el Estado panameño clausuró formalmente la colonia penal de la Isla de Coiba, trasladando a los últimos reclusos a centros penitenciarios continentales. Ese mismo año, la Ley 44 de julio de 2004 creó el Parque Nacional Coiba y estableció un régimen especial de protección para sus ecosistemas terrestres y marinos. Un año después, en 2005, la UNESCO inscribió al Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina en la Lista del Patrimonio Mundial Natural. La isla que durante casi un siglo sembró terror se convertía oficialmente en una joya ecológica de la humanidad.

La Isla de Coiba fue por 84 años el espejo más oscuro de la justicia panameña: un lugar donde el Estado depositó no solo su criminalidad más peligrosa, sino también sus disidencias más incómodas. Su posterior transformación en Patrimonio de la Humanidad representó, en cierto modo, la reparación simbólica que la República se debía a sí misma.

El retorno de los reclusos a esa isla, aunque el gobierno insista en que es una medida temporal y limitada a infraestructuras aeronavales ya existentes, enciende señales de alarma que trascienden la política doméstica. Están en juego el cumplimiento de tratados internacionales, la reputación ambiental de Panamá ante la comunidad global, el debido proceso de los reclusos trasladados y, sobre todo, el mensaje que se envía a las generaciones futuras sobre los límites de la autoridad del Estado sobre las personas privadas de libertad.

La historia de Coiba no es solo la cronología de un penal; es el reflejo de lo que una sociedad decide hacer con quienes considera sus peores elementos y de hasta dónde está dispuesta a llegar para conseguirlo. Panamá ya recorrió ese camino una vez. La pregunta que hoy queda abierta es si la nación está dispuesta a recorrerlo de nuevo.