Marco multilateral: OEA debate democracia, presos políticos y seguridad en Haití

Redacción: DNews507 / Fuente: OEA

Panamá, 25 de junio de 2026 – En medio de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá del 22 al 24 de junio de 2026, la Secretaría General emitió una serie de declaraciones y acuerdos que reflejan la creciente preocupación hemisférica por la crisis democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como por la inestabilidad y la violencia armada que persisten en Haití.

Los pronunciamientos, emitidos entre el 22 y el 23 de junio, consolidan una agenda multilateral centrada en la defensa de los derechos políticos, la liberación de presos por motivos políticos y el fortalecimiento de la seguridad pública en uno de los países miembros más afectados por el crimen organizado.

El enfoque de la OEA en el marco multilateral

La cita en Panamá, bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá” y el tema “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros”, sirvió de escenario para que la Secretaría General de la OEA, encabezada por Albert R. Ramdin, reiterara su compromiso con la ampliación del espacio democrático y cívico en todo el Hemisferio Occidental. La Organización subrayó que el fortalecimiento de la democracia, la gobernanza inclusiva y el respeto a las libertades fundamentales constituyen condiciones esenciales para la paz y la prosperidad regional.

En paralelo, la situación de Haití ocupó un lugar central en la agenda de la Asamblea. El Secretario General Ramdin sostuvo un encuentro con la canciller haitiana, Raina Forbin, en el que ambas partes coincidieron en que la transición política debe servir de puente hacia el restablecimiento de la seguridad, la recuperación de la confianza institucional y la celebración de elecciones creíbles e inclusivas. De forma complementaria, la OEA y la Unión Europea formalizaron una asociación operativa para respaldar a la Policía Nacional de Haití frente al avance de las pandillas armadas, evidenciando que el enfoque multilateral combina tanto la presión diplomática como la cooperación técnica y financiera directa.

Declaraciones y acuerdos adoptados

Cuba, Nicaragua y Venezuela: llamado a liberar presos políticos

El 23 de junio, la Secretaría General de la OEA difundió una declaración centrada en la ampliación del espacio democrático y cívico en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El texto reconoce con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos tres países y de garantizar el respeto a los principios interamericanos en materia de derechos humanos, consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. La Organización expresó su preocupación específica por la situación de los presos políticos, calificando la detención continuada de personas por motivos políticos como incompatible con los principios del sistema interamericano, y reiteró “su llamado urgente a la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas”. La declaración puso a disposición de estos países los buenos oficios de la OEA para apoyar la gobernabilidad democrática, aclarando que las soluciones sostenibles deben ser lideradas a nivel nacional, con participación de actores políticos, sector privado y sociedad civil.

Haití: la transición política como puente hacia elecciones

El 22 de junio, en el marco de la Asamblea General en Panamá, el Secretario General Ramdin emitió una declaración tras reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, Raina Forbin. En el comunicado, Ramdin afirmó que la transición en Haití “debe tener éxito como puente hacia el restablecimiento de la seguridad, la recuperación de la confianza en las instituciones, el orden constitucional y la celebración de elecciones creíbles, inclusivas y pacíficas”. La OEA reiteró su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por los propios haitianos, subrayando que el proceso requiere avances simultáneos en seguridad, responsabilidad política, atención humanitaria y fortalecimiento institucional. El Secretario General anunció además que prevé visitar Haití en las próximas semanas para dar continuidad a las consultas con autoridades nacionales y socios internacionales, incluidos la CARICOM y las Naciones Unidas.

OEA y Unión Europea refuerzan a la Policía Nacional de Haití

Un día antes, el 22 de junio, la Unión Europea y la OEA lanzaron oficialmente un proyecto para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional de Haití (PNH) mediante el establecimiento de cinco Bases Operativas Avanzadas en Puerto Príncipe, en el marco de la lucha contra las pandillas armadas. La iniciativa, ejecutada por el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y la Oficina de la OEA en Haití, cuenta con un presupuesto de 11,6 millones de dólares financiados por la Unión Europea, con una duración de 18 meses y finalización prevista para mediados de 2027. La directora para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Delphine Pronk, calificó el proyecto como “una contribución concreta” para mejorar las condiciones de seguridad sobre el terreno. El acuerdo se complementa con políticas haitianas de inclusión social, como el programa “Kay Jèn yo / Casas de la Juventud” y un fondo de reinserción para jóvenes y personas desplazadas, en al menos 50 municipios del país, en momentos en que se prepara el despliegue completo de la misión internacional de apoyo a la seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En conjunto, las tres declaraciones evidencian que la agenda hemisférica de la OEA en 2026 combina la presión política sobre los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela con un acompañamiento más operativo y financiero hacia Haití, en un momento en que ambos frentes —la crisis democrática y la crisis de seguridad— se mantienen como prioridades centrales del multilateralismo interamericano.

Panamá plantea ante la OEA usar fondos del crimen para desarrollo social.

Redacción: DNews507 / Fuente: RRPP MEF

Panamá, 25 de junio de 2026 – Transformar el impacto destructivo del delito en una herramienta de bienestar comunitario representa una de las apuestas más estratégicas para el futuro social de Panamá. Bajo la premisa de demostrar con hechos contundentes que las actividades ilícitas no generan dividendos sostenibles, el país busca perfeccionar sus mecanismos legales para golpear el músculo financiero de las mafias, logrando revertir las fortunas decomisadas en proyectos clave de desarrollo humano, educación e infraestructura pública.

En el marco del 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lideró un foro internacional enfocado en romper el ciclo económico de las redes criminales. Chapman destacó que la recuperación de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción, la extorsión y la trata de personas cobra su verdadero sentido democrático cuando deja de ser un simple trámite judicial y se transforma de manera directa en recursos públicos destinados a elevar la calidad de vida en las zonas más vulnerables.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, reafirmó durante el encuentro que la persecución penal tradicional resulta insuficiente si no viene acompañada de un ataque frontal al patrimonio ilícito. El jefe del Ministerio Público panameño sostuvo que desmantelar las estructuras económicas no solo neutraliza la capacidad operativa real de las bandas organizadas, sino que transmite un mensaje de firmeza institucional que debilita significativamente el poder de convocatoria de la delincuencia.

El fortalecimiento operativo de esta estrategia en el plano local recae sobre la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF, liderada por Pedro Escalona, quien resaltó la adopción de mejores prácticas globales para optimizar los procesos de fiscalización y administración de estos recursos. Al respecto, Astrid Bosch, representante de la Cooperación Alemana (GIZ), ponderó los significativos avances de Panamá en materia de transparencia y detección de beneficiarios finales, subrayando que la reutilización pública de estos fondos es el mecanismo idóneo para devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

No obstante, el camino hacia una redistribución eficiente enfrenta desafíos técnicos de gran envergadura en la región. Durante el foro, el consultor especializado Dennis Cheng advirtió que el principal cuello de botella sigue siendo el rastreo y la localización de patrimonios ocultos bajo complejas redes de corporaciones opacas, haciendo hincapié en que se requiere un blindaje administrativo estricto para preservar el valor comercial y social de los bienes incautados antes de que impacten positivamente a la población.

La jornada internacional concluyó con un firme llamado de los especialistas hacia la integración y la cooperación jurídica regional como la única vía para frenar la delincuencia transnacional. Para Panamá, el reto inmediato radica en consolidar un sistema transparente, ágil y libre de burocracia que logre canalizar con éxito la riqueza incautada al crimen, demostrando que las herramientas que antes financiaron la ilegalidad pueden transformarse, definitivamente, en los cimientos de una sociedad mucho más segura, equitativa y resiliente.

Un paraíso de biodiversidad que impulsa el turismo sostenible en tierras altas

Redacción: DNews507 / Fuente: RRPP Ministerio de Ambiente

Chiriquí, 25 de junio de 2026 – En el marco de una fecha histórica, la provincia de Chiriquí conmemora la consolidación del Parque Nacional Volcán Barú como un pilar fundamental del patrimonio ecológico de Panamá. Este majestuoso sitio, que alberga el punto geográfico más alto de la nación con 3,475 metros sobre el nivel del mar, se ratifica hoy como un orgullo nacional y un imán para miles de visitantes que buscan conectar directamente con la naturaleza más pura del istmo.

Los entornos que rodean al coloso chiricano constituyen un auténtico laboratorio natural debido a su excepcional diversidad biológica. Esta joya de la naturaleza se compone de una rica combinación de bosques montanos y nubosos, así como de ecosistemas de altura únicos en la región. Estas condiciones particulares permiten la coexistencia de innumerables especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas, teniendo como máximo exponente al majestuoso quetzal resplandeciente.

La protección de este santuario comenzó mediante un Decreto Ejecutivo que lo integró de forma oficial al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A lo largo de las décadas, el Ministerio de Ambiente, de la mano con las comunidades locales y organizaciones aliadas, ha liderado planes permanentes de monitoreo, restauración ecológica y vigilancia. Las políticas de conservación implementadas por la institución buscan salvaguardar la integridad de los recursos naturales estratégicos de la región.

Desde la perspectiva del turismo verde, el parque ofrece una de las experiencias más fascinantes y codiciadas a nivel mundial: la oportunidad de coronar su cima. En condiciones climáticas favorables, los excursionistas pueden presenciar el amanecer y contemplar de forma simultánea el océano Pacífico y el mar Caribe. Esta oferta recreativa se gestiona bajo estrictos modelos de sostenibilidad para asegurar que el flujo de visitantes nacionales y extranjeros no altere los frágiles ecosistemas del área.

Al celebrar oficialmente sus 50 años de haber sido declarado parque nacional, se renueva el compromiso colectivo para asegurar la preservación de este legado natural. Proteger el Volcán Barú no es solo una tarea del Ministerio, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad panameña para garantizar el agua, la biodiversidad y el bienestar de las futuras generaciones. Con medio siglo de historia ecológica, esta joya verde sigue brillando como el corazón natural de Panamá.