Disputa portuaria reaviva tensión comercial entre Washington, Beijing y Panamá en el hemisferio

Redacción DNews507

Ciudad de Panamá, 25 de junio de 2026  —  Un inusual cruce de declaraciones entre el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el observador permanente de la República Popular China ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Xie Feng, expuso este martes ante la 56ª Asamblea General del organismo hemisférico la profundidad de la disputa diplomática, jurídica y comercial que separa a ambos países desde la salida forzosa de Panama Ports Company (PPC) de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El encuentro, celebrado en Ciudad de Panamá como parte del diálogo entre observadores permanentes y jefes de delegación de la OEA, se convirtió en el escenario donde Panamá —en su condición de país anfitrión— defendió ante la comunidad interamericana la independencia de su Órgano Judicial frente a un país que ostenta la categoría de observador permanente del organismo desde 2004, con derecho a intervenir en los debates pero sin voto.

El fallo que detonó la ruptura

La controversia se remonta al 29 de enero de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional el contrato ley que sostenía la concesión otorgada en 1997, y renovada posteriormente, a Panama Ports Company, filial panameña del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, para operar las terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, ambas en los extremos del Canal de Panamá. A finales de febrero, el Gobierno de José Raúl Mulino tomó la administración directa de ambos puertos y entregó su operación transitoria, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals —filial de la danesa Maersk— y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de la Mediterranean Shipping Company (MSC), que hoy gestionan ambas terminales sin contrato ley de concesión.

PPC operó durante 28 años los dos puertos del sistema portuario nacional, periodo en el que la empresa invirtió en infraestructura, equipamiento y capacitación de personal para la operación de carga de contenedores en ambos extremos de la vía interoceánica.

El choque en la sala de la OEA

Durante el diálogo de observadores permanentes, Xie Feng tomó la palabra para cuestionar el fallo de la CSJ y advertir que, en enero pasado, la justicia panameña dispuso que “los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento”. El diplomático sostuvo que la decisión transmite una señal negativa para la inversión extranjera y que, de poder ignorarse los contratos y los principios de mercado para “apoderarse de los activos y expulsar a los operadores en cualquier momento”, ningún inversionista tendría confianza para seguir apostando por el país. El representante chino calificó además el fallo como una decisión con una motivación política e instó a Panamá a “corregir sus errores” y a proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

Martínez-Acha, quien presidía la sesión por ser Panamá el país anfitrión, pidió la palabra al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para responder a título de canciller y no como presidente de la sala. Su respuesta fue directa: “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”. El jefe de la diplomacia panameña recordó que la controversia legal se originó durante la administración anterior, que la Corte Suprema mantiene una mayoría de magistrados designados por gobiernos previos al actual, y que el Ejecutivo carece de facultades para revertir un fallo emitido por un órgano con separación de poderes. “Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, que lo único que puede hacer mi Gobierno es obedecerlo”, subrayó ante Xie Feng y el resto de los delegados.

El canciller panameño cerró su intervención con un llamado a la mesura: “Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya”. El presidente Mulino respaldó de inmediato la posición de su canciller a través de redes sociales, en un mensaje que la prensa panameña interpretó como la fijación de una postura de Estado: “La defensa de nuestros intereses es una e indivisible”.

La contraofensiva panameña: detenciones de buques

Martínez-Acha utilizó también el foro hemisférico para denunciar el incremento sostenido de inspecciones y retenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos desde que se conoció el fallo de la CSJ. Según cifras citadas por el canciller y por el propio presidente Mulino durante la inauguración de la Asamblea General, las detenciones mensuales pasaron de un rango de entre 30 y 40 casos a cifras cercanas a 140 en los meses posteriores al fallo, sin que existiera, a juicio de las autoridades panameñas, una correlación técnica o causa justificada. Solo en mayo se registraron 140 buques panameños retenidos en puertos chinos, la cifra mensual más alta documentada hasta la fecha según la base de datos del Asia Pacific Computerized Information System (Apcis).

El funcionario panameño reconoció la soberanía de China para realizar las inspecciones que considere necesarias en sus puertos, pero cuestionó que el fenómeno se concentre de forma desproporcionada en buques de bandera panameña y no en los de otras flotas asiáticas como Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas. “El incremento es sustancialmente superior a los que existían antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, señaló. Panamá administra uno de los mayores registros marítimos del mundo, con más de 8.000 embarcaciones inscritas, y el propio Gobierno ha advertido que el aumento de las restricciones en puertos chinos ya provocó que más de 200 barcos abandonaran el registro panameño, con el consecuente impacto en los ingresos del sector marítimo nacional.

Arbitrajes millonarios y la sombra de BlackRock

La disputa por los puertos derivó en procesos de arbitraje internacional. CK Hutchison presentó una demanda contra el Estado panameño por más de 2.000 millones de dólares en tribunales arbitrales con sede en Nueva York, y mantiene otro proceso, por un monto no revelado, contra la naviera danesa Maersk, que junto con MSC opera de forma transitoria ambos puertos mientras se prepara una nueva licitación pública. El Gobierno panameño, a través del ministro para Asuntos del Canal, ha rechazado como “totalmente falsas” las acusaciones de toma ilegal formuladas por la empresa, y ha sostenido que el país cuenta con representación legal para defender su posición en las instancias arbitrales.

El trasfondo comercial del litigio se conecta con un episodio previo: en 2025, CK Hutchison intentó vender, como parte de una operación global de cerca de 23.000 millones de dólares que incluía unas 40 terminales portuarias, sus activos en Panamá al gestor estadounidense BlackRock, operación que fue frenada por presión de las autoridades de Beijing. Ese antecedente alimenta la lectura, expuesta por el representante chino ante la OEA, de que la pugna por los puertos panameños forma parte de una disputa geopolítica de mayor escala entre Washington y Beijing por el control de infraestructura estratégica vinculada al Canal.

La posición de la Cancillería china

La vocería del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha mantenido, en distintos momentos de esta disputa, un tono de firmeza. Tras la toma de los puertos en febrero, la portavoz Mao Ning afirmó en una rueda de prensa regular que Beijing salvaguardaría “los derechos legítimos y legales” de sus empresas, mientras el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong —de donde es originario el conglomerado CK Hutchison— presentó una protesta formal ante Panamá por la medida. Posteriormente, frente a un comunicado conjunto de Estados Unidos y varios países latinoamericanos que acusó a Beijing de usar la presión económica como represalia, el vocero Lin Jian calificó esas declaraciones como “completamente infundadas” y que “distorsionan la realidad”, devolviendo el cuestionamiento hacia la presencia histórica de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal.

En esa misma línea, ante una declaración del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio que respaldó “firmemente” la soberanía panameña y cuestionó las detenciones de buques como una herramienta de presión económica, la portavoz Mao Ning respondió que la acusación “carece de fundamento y confunde lo correcto con lo incorrecto”, y sostuvo que las “reiteradas y erróneas alegaciones” de Washington solo revelan su intención de tomar el control del Canal de Panamá. El Gobierno chino ha insistido en que el diferendo por los puertos es, en esencia, una controversia comercial que corresponde resolver en sede arbitral y no un conflicto de carácter diplomático entre los dos Estados; de hecho, en abril el propio presidente Mulino informó haber recibido una comunicación de alto nivel del Gobierno chino en la que se reconocía que la situación se ventila en tribunales arbitrales en Nueva York y no como una controversia bilateral entre gobiernos.

Solidaridad hemisférica y diplomacia bilateral

El episodio en la Asamblea General no es un hecho aislado. En abril, Estados Unidos junto con Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron una declaración conjunta de respaldo a Panamá, en la que advirtieron que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros” y calificaron las detenciones de buques como “un intento flagrante de politizar el comercio marítimo”. Pese a la tensión multilateral, ambas cancillerías han mantenido canales bilaterales: el canciller Martínez-Acha y su homólogo chino, Wang Yi, se reunieron en mayo en Nueva York al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, encuentro en el que Panamá reiteró su respeto al principio de una sola China y ambas partes coincidieron en la importancia del diálogo franco y el fortalecimiento de la relación bilateral. Días antes del choque en la OEA, la Embajada de China en Panamá había solicitado además una reunión técnica para avanzar en la negociación de un acuerdo de nación más favorecida, además de abordar de forma específica el tema de las inspecciones a buques panameños.

El fondo del debate: seguridad jurídica frente a separación de poderes

El intercambio en la sede de la OEA en Panamá deja planteada una pregunta de fondo para el derecho internacional de las inversiones: si la salida de un operador extranjero, ordenada por la máxima autoridad de justicia de un país anfitrión por razones de inconstitucionalidad de un contrato, puede o no ser invocada por un Estado u observador permanente como una amenaza a la seguridad jurídica, cuando dicha decisión proviene del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional y no de un acto discrecional del Poder Ejecutivo. Para Panamá, el límite de ese debate se sitúa en la separación de poderes: ningún reclamo de inversionistas, por legítimo que sea su interés económico, puede convertirse en un mecanismo de presión sobre las decisiones judiciales de un Estado soberano dentro de un foro multilateral, donde la sociedad civil y empresarial es invitada como observadora y no como parte en una controversia que tiene su cauce natural en los tribunales de arbitraje. Esa es, en síntesis, la línea que el canciller Martínez-Acha trazó ante la 56ª Asamblea General de la OEA, y que el Gobierno de Mulino ha convertido en una postura formal de Estado frente a Beijing.