Marco multilateral: OEA debate democracia, presos políticos y seguridad en Haití

Redacción: DNews507 / Fuente: OEA

Panamá, 25 de junio de 2026 – En medio de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá del 22 al 24 de junio de 2026, la Secretaría General emitió una serie de declaraciones y acuerdos que reflejan la creciente preocupación hemisférica por la crisis democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como por la inestabilidad y la violencia armada que persisten en Haití.

Los pronunciamientos, emitidos entre el 22 y el 23 de junio, consolidan una agenda multilateral centrada en la defensa de los derechos políticos, la liberación de presos por motivos políticos y el fortalecimiento de la seguridad pública en uno de los países miembros más afectados por el crimen organizado.

El enfoque de la OEA en el marco multilateral

La cita en Panamá, bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá” y el tema “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros”, sirvió de escenario para que la Secretaría General de la OEA, encabezada por Albert R. Ramdin, reiterara su compromiso con la ampliación del espacio democrático y cívico en todo el Hemisferio Occidental. La Organización subrayó que el fortalecimiento de la democracia, la gobernanza inclusiva y el respeto a las libertades fundamentales constituyen condiciones esenciales para la paz y la prosperidad regional.

En paralelo, la situación de Haití ocupó un lugar central en la agenda de la Asamblea. El Secretario General Ramdin sostuvo un encuentro con la canciller haitiana, Raina Forbin, en el que ambas partes coincidieron en que la transición política debe servir de puente hacia el restablecimiento de la seguridad, la recuperación de la confianza institucional y la celebración de elecciones creíbles e inclusivas. De forma complementaria, la OEA y la Unión Europea formalizaron una asociación operativa para respaldar a la Policía Nacional de Haití frente al avance de las pandillas armadas, evidenciando que el enfoque multilateral combina tanto la presión diplomática como la cooperación técnica y financiera directa.

Declaraciones y acuerdos adoptados

Cuba, Nicaragua y Venezuela: llamado a liberar presos políticos

El 23 de junio, la Secretaría General de la OEA difundió una declaración centrada en la ampliación del espacio democrático y cívico en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El texto reconoce con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos tres países y de garantizar el respeto a los principios interamericanos en materia de derechos humanos, consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. La Organización expresó su preocupación específica por la situación de los presos políticos, calificando la detención continuada de personas por motivos políticos como incompatible con los principios del sistema interamericano, y reiteró “su llamado urgente a la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas”. La declaración puso a disposición de estos países los buenos oficios de la OEA para apoyar la gobernabilidad democrática, aclarando que las soluciones sostenibles deben ser lideradas a nivel nacional, con participación de actores políticos, sector privado y sociedad civil.

Haití: la transición política como puente hacia elecciones

El 22 de junio, en el marco de la Asamblea General en Panamá, el Secretario General Ramdin emitió una declaración tras reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, Raina Forbin. En el comunicado, Ramdin afirmó que la transición en Haití “debe tener éxito como puente hacia el restablecimiento de la seguridad, la recuperación de la confianza en las instituciones, el orden constitucional y la celebración de elecciones creíbles, inclusivas y pacíficas”. La OEA reiteró su compromiso de apoyar los esfuerzos liderados por los propios haitianos, subrayando que el proceso requiere avances simultáneos en seguridad, responsabilidad política, atención humanitaria y fortalecimiento institucional. El Secretario General anunció además que prevé visitar Haití en las próximas semanas para dar continuidad a las consultas con autoridades nacionales y socios internacionales, incluidos la CARICOM y las Naciones Unidas.

OEA y Unión Europea refuerzan a la Policía Nacional de Haití

Un día antes, el 22 de junio, la Unión Europea y la OEA lanzaron oficialmente un proyecto para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional de Haití (PNH) mediante el establecimiento de cinco Bases Operativas Avanzadas en Puerto Príncipe, en el marco de la lucha contra las pandillas armadas. La iniciativa, ejecutada por el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y la Oficina de la OEA en Haití, cuenta con un presupuesto de 11,6 millones de dólares financiados por la Unión Europea, con una duración de 18 meses y finalización prevista para mediados de 2027. La directora para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Delphine Pronk, calificó el proyecto como “una contribución concreta” para mejorar las condiciones de seguridad sobre el terreno. El acuerdo se complementa con políticas haitianas de inclusión social, como el programa “Kay Jèn yo / Casas de la Juventud” y un fondo de reinserción para jóvenes y personas desplazadas, en al menos 50 municipios del país, en momentos en que se prepara el despliegue completo de la misión internacional de apoyo a la seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En conjunto, las tres declaraciones evidencian que la agenda hemisférica de la OEA en 2026 combina la presión política sobre los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela con un acompañamiento más operativo y financiero hacia Haití, en un momento en que ambos frentes —la crisis democrática y la crisis de seguridad— se mantienen como prioridades centrales del multilateralismo interamericano.

Panamá plantea ante la OEA usar fondos del crimen para desarrollo social.

Redacción: DNews507 / Fuente: RRPP MEF

Panamá, 25 de junio de 2026 – Transformar el impacto destructivo del delito en una herramienta de bienestar comunitario representa una de las apuestas más estratégicas para el futuro social de Panamá. Bajo la premisa de demostrar con hechos contundentes que las actividades ilícitas no generan dividendos sostenibles, el país busca perfeccionar sus mecanismos legales para golpear el músculo financiero de las mafias, logrando revertir las fortunas decomisadas en proyectos clave de desarrollo humano, educación e infraestructura pública.

En el marco del 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lideró un foro internacional enfocado en romper el ciclo económico de las redes criminales. Chapman destacó que la recuperación de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción, la extorsión y la trata de personas cobra su verdadero sentido democrático cuando deja de ser un simple trámite judicial y se transforma de manera directa en recursos públicos destinados a elevar la calidad de vida en las zonas más vulnerables.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, reafirmó durante el encuentro que la persecución penal tradicional resulta insuficiente si no viene acompañada de un ataque frontal al patrimonio ilícito. El jefe del Ministerio Público panameño sostuvo que desmantelar las estructuras económicas no solo neutraliza la capacidad operativa real de las bandas organizadas, sino que transmite un mensaje de firmeza institucional que debilita significativamente el poder de convocatoria de la delincuencia.

El fortalecimiento operativo de esta estrategia en el plano local recae sobre la Dirección de Bienes Aprehendidos del MEF, liderada por Pedro Escalona, quien resaltó la adopción de mejores prácticas globales para optimizar los procesos de fiscalización y administración de estos recursos. Al respecto, Astrid Bosch, representante de la Cooperación Alemana (GIZ), ponderó los significativos avances de Panamá en materia de transparencia y detección de beneficiarios finales, subrayando que la reutilización pública de estos fondos es el mecanismo idóneo para devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

No obstante, el camino hacia una redistribución eficiente enfrenta desafíos técnicos de gran envergadura en la región. Durante el foro, el consultor especializado Dennis Cheng advirtió que el principal cuello de botella sigue siendo el rastreo y la localización de patrimonios ocultos bajo complejas redes de corporaciones opacas, haciendo hincapié en que se requiere un blindaje administrativo estricto para preservar el valor comercial y social de los bienes incautados antes de que impacten positivamente a la población.

La jornada internacional concluyó con un firme llamado de los especialistas hacia la integración y la cooperación jurídica regional como la única vía para frenar la delincuencia transnacional. Para Panamá, el reto inmediato radica en consolidar un sistema transparente, ágil y libre de burocracia que logre canalizar con éxito la riqueza incautada al crimen, demostrando que las herramientas que antes financiaron la ilegalidad pueden transformarse, definitivamente, en los cimientos de una sociedad mucho más segura, equitativa y resiliente.

Disputa portuaria reaviva tensión comercial entre Washington, Beijing y Panamá en el hemisferio

Redacción DNews507

Ciudad de Panamá, 25 de junio de 2026  —  Un inusual cruce de declaraciones entre el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el observador permanente de la República Popular China ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Xie Feng, expuso este martes ante la 56ª Asamblea General del organismo hemisférico la profundidad de la disputa diplomática, jurídica y comercial que separa a ambos países desde la salida forzosa de Panama Ports Company (PPC) de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El encuentro, celebrado en Ciudad de Panamá como parte del diálogo entre observadores permanentes y jefes de delegación de la OEA, se convirtió en el escenario donde Panamá —en su condición de país anfitrión— defendió ante la comunidad interamericana la independencia de su Órgano Judicial frente a un país que ostenta la categoría de observador permanente del organismo desde 2004, con derecho a intervenir en los debates pero sin voto.

El fallo que detonó la ruptura

La controversia se remonta al 29 de enero de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional el contrato ley que sostenía la concesión otorgada en 1997, y renovada posteriormente, a Panama Ports Company, filial panameña del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, para operar las terminales de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, ambas en los extremos del Canal de Panamá. A finales de febrero, el Gobierno de José Raúl Mulino tomó la administración directa de ambos puertos y entregó su operación transitoria, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals —filial de la danesa Maersk— y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de la Mediterranean Shipping Company (MSC), que hoy gestionan ambas terminales sin contrato ley de concesión.

PPC operó durante 28 años los dos puertos del sistema portuario nacional, periodo en el que la empresa invirtió en infraestructura, equipamiento y capacitación de personal para la operación de carga de contenedores en ambos extremos de la vía interoceánica.

El choque en la sala de la OEA

Durante el diálogo de observadores permanentes, Xie Feng tomó la palabra para cuestionar el fallo de la CSJ y advertir que, en enero pasado, la justicia panameña dispuso que “los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento”. El diplomático sostuvo que la decisión transmite una señal negativa para la inversión extranjera y que, de poder ignorarse los contratos y los principios de mercado para “apoderarse de los activos y expulsar a los operadores en cualquier momento”, ningún inversionista tendría confianza para seguir apostando por el país. El representante chino calificó además el fallo como una decisión con una motivación política e instó a Panamá a “corregir sus errores” y a proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.

Martínez-Acha, quien presidía la sesión por ser Panamá el país anfitrión, pidió la palabra al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para responder a título de canciller y no como presidente de la sala. Su respuesta fue directa: “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”. El jefe de la diplomacia panameña recordó que la controversia legal se originó durante la administración anterior, que la Corte Suprema mantiene una mayoría de magistrados designados por gobiernos previos al actual, y que el Ejecutivo carece de facultades para revertir un fallo emitido por un órgano con separación de poderes. “Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, que lo único que puede hacer mi Gobierno es obedecerlo”, subrayó ante Xie Feng y el resto de los delegados.

El canciller panameño cerró su intervención con un llamado a la mesura: “Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya”. El presidente Mulino respaldó de inmediato la posición de su canciller a través de redes sociales, en un mensaje que la prensa panameña interpretó como la fijación de una postura de Estado: “La defensa de nuestros intereses es una e indivisible”.

La contraofensiva panameña: detenciones de buques

Martínez-Acha utilizó también el foro hemisférico para denunciar el incremento sostenido de inspecciones y retenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos desde que se conoció el fallo de la CSJ. Según cifras citadas por el canciller y por el propio presidente Mulino durante la inauguración de la Asamblea General, las detenciones mensuales pasaron de un rango de entre 30 y 40 casos a cifras cercanas a 140 en los meses posteriores al fallo, sin que existiera, a juicio de las autoridades panameñas, una correlación técnica o causa justificada. Solo en mayo se registraron 140 buques panameños retenidos en puertos chinos, la cifra mensual más alta documentada hasta la fecha según la base de datos del Asia Pacific Computerized Information System (Apcis).

El funcionario panameño reconoció la soberanía de China para realizar las inspecciones que considere necesarias en sus puertos, pero cuestionó que el fenómeno se concentre de forma desproporcionada en buques de bandera panameña y no en los de otras flotas asiáticas como Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas. “El incremento es sustancialmente superior a los que existían antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, señaló. Panamá administra uno de los mayores registros marítimos del mundo, con más de 8.000 embarcaciones inscritas, y el propio Gobierno ha advertido que el aumento de las restricciones en puertos chinos ya provocó que más de 200 barcos abandonaran el registro panameño, con el consecuente impacto en los ingresos del sector marítimo nacional.

Arbitrajes millonarios y la sombra de BlackRock

La disputa por los puertos derivó en procesos de arbitraje internacional. CK Hutchison presentó una demanda contra el Estado panameño por más de 2.000 millones de dólares en tribunales arbitrales con sede en Nueva York, y mantiene otro proceso, por un monto no revelado, contra la naviera danesa Maersk, que junto con MSC opera de forma transitoria ambos puertos mientras se prepara una nueva licitación pública. El Gobierno panameño, a través del ministro para Asuntos del Canal, ha rechazado como “totalmente falsas” las acusaciones de toma ilegal formuladas por la empresa, y ha sostenido que el país cuenta con representación legal para defender su posición en las instancias arbitrales.

El trasfondo comercial del litigio se conecta con un episodio previo: en 2025, CK Hutchison intentó vender, como parte de una operación global de cerca de 23.000 millones de dólares que incluía unas 40 terminales portuarias, sus activos en Panamá al gestor estadounidense BlackRock, operación que fue frenada por presión de las autoridades de Beijing. Ese antecedente alimenta la lectura, expuesta por el representante chino ante la OEA, de que la pugna por los puertos panameños forma parte de una disputa geopolítica de mayor escala entre Washington y Beijing por el control de infraestructura estratégica vinculada al Canal.

La posición de la Cancillería china

La vocería del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha mantenido, en distintos momentos de esta disputa, un tono de firmeza. Tras la toma de los puertos en febrero, la portavoz Mao Ning afirmó en una rueda de prensa regular que Beijing salvaguardaría “los derechos legítimos y legales” de sus empresas, mientras el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong —de donde es originario el conglomerado CK Hutchison— presentó una protesta formal ante Panamá por la medida. Posteriormente, frente a un comunicado conjunto de Estados Unidos y varios países latinoamericanos que acusó a Beijing de usar la presión económica como represalia, el vocero Lin Jian calificó esas declaraciones como “completamente infundadas” y que “distorsionan la realidad”, devolviendo el cuestionamiento hacia la presencia histórica de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal.

En esa misma línea, ante una declaración del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio que respaldó “firmemente” la soberanía panameña y cuestionó las detenciones de buques como una herramienta de presión económica, la portavoz Mao Ning respondió que la acusación “carece de fundamento y confunde lo correcto con lo incorrecto”, y sostuvo que las “reiteradas y erróneas alegaciones” de Washington solo revelan su intención de tomar el control del Canal de Panamá. El Gobierno chino ha insistido en que el diferendo por los puertos es, en esencia, una controversia comercial que corresponde resolver en sede arbitral y no un conflicto de carácter diplomático entre los dos Estados; de hecho, en abril el propio presidente Mulino informó haber recibido una comunicación de alto nivel del Gobierno chino en la que se reconocía que la situación se ventila en tribunales arbitrales en Nueva York y no como una controversia bilateral entre gobiernos.

Solidaridad hemisférica y diplomacia bilateral

El episodio en la Asamblea General no es un hecho aislado. En abril, Estados Unidos junto con Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron una declaración conjunta de respaldo a Panamá, en la que advirtieron que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros” y calificaron las detenciones de buques como “un intento flagrante de politizar el comercio marítimo”. Pese a la tensión multilateral, ambas cancillerías han mantenido canales bilaterales: el canciller Martínez-Acha y su homólogo chino, Wang Yi, se reunieron en mayo en Nueva York al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, encuentro en el que Panamá reiteró su respeto al principio de una sola China y ambas partes coincidieron en la importancia del diálogo franco y el fortalecimiento de la relación bilateral. Días antes del choque en la OEA, la Embajada de China en Panamá había solicitado además una reunión técnica para avanzar en la negociación de un acuerdo de nación más favorecida, además de abordar de forma específica el tema de las inspecciones a buques panameños.

El fondo del debate: seguridad jurídica frente a separación de poderes

El intercambio en la sede de la OEA en Panamá deja planteada una pregunta de fondo para el derecho internacional de las inversiones: si la salida de un operador extranjero, ordenada por la máxima autoridad de justicia de un país anfitrión por razones de inconstitucionalidad de un contrato, puede o no ser invocada por un Estado u observador permanente como una amenaza a la seguridad jurídica, cuando dicha decisión proviene del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional y no de un acto discrecional del Poder Ejecutivo. Para Panamá, el límite de ese debate se sitúa en la separación de poderes: ningún reclamo de inversionistas, por legítimo que sea su interés económico, puede convertirse en un mecanismo de presión sobre las decisiones judiciales de un Estado soberano dentro de un foro multilateral, donde la sociedad civil y empresarial es invitada como observadora y no como parte en una controversia que tiene su cauce natural en los tribunales de arbitraje. Esa es, en síntesis, la línea que el canciller Martínez-Acha trazó ante la 56ª Asamblea General de la OEA, y que el Gobierno de Mulino ha convertido en una postura formal de Estado frente a Beijing.