El MOP asumirá la renovación de Calle 50 tras descartarla la Alcaldía

Redacción: DNews507 – Fuente: RRPP MOP

Panamá, 25 de septiembre de 2026 – El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha confirmado la incorporación formal a su plan de inversiones para el año 2027 del proyecto de renovación urbana e infraestructura vial en la avenida Nicanor de Obarrio, conocida como Calle 50. La intervención estatal surge tras la decisión de la Alcaldía de Panamá de descartar la obra debido a severas limitaciones en sus recursos presupuestarios. Según lo detallado por el titular del MOP, José Luis Andrade, la institución nacional no solo rescatará la iniciativa en el principal eje financiero y comercial de la capital, sino que replanteará la escala del proyecto para ejecutar una modernización integral bajo la jurisdicción del Gobierno Central.

El traspaso de este proyecto evidencia las discrepancias operativas y de capacidad financiera entre el gobierno municipal y el nivel central. Mientras que los planes de ordenamiento microurbano y recuperación de espacios peatonales corresponden por diseño a la gestión de los municipios, la imposibilidad fiscal de la Alcaldía capitalina de sostener obras de envergadura traslada nuevamente la carga de inversión al presupuesto estatal. Esta dinámica centralizadora resuelve la parálisis del proyecto, pero pone de manifiesto la falta de autonomía financiera de los gobiernos locales para transformar de forma independiente la infraestructura crítica de sus distritos.

En el plano técnico, la propuesta rediseñada por la Dirección Nacional de Estudios y Diseños del MOP modifica sustancialmente el perfil original. La propuesta edilicia previa se limitaba a un tramo parcial desde las cercanías de la avenida Federico Boyd hasta un sector intermedio del corredor. En contraste, la planificación ampliada del MOP abarcará la totalidad de la Calle 50, incluyendo la reconstrucción de los sistemas de drenaje pluvial para mitigar las inundaciones recurrentes, la adecuación de aceras bajo criterios de accesibilidad universal y una interconexión peatonal eficiente hacia las estaciones del Metro de Panamá sobre la Vía España.

El plan vial anunciado para el distrito capital contempla además un paquete de intervenciones en otros puntos neurálgicos con alto volumen de tráfico. Destaca la evaluación de rampas de acceso y cruces peatonales en la Vía Brasil y sus calles adyacentes, abarcando desde la salida del Corredor Sur (área de Metrobank) hasta el entorno de la avenida Samuel Lewis. Asimismo, se incluye la rehabilitación integral de las avenidas Nacional y Frangipani —iniciativa que ya cuenta con código en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) para su licitación— y el diseño de un intercambiador vial en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, para agilizar la conectividad con la avenida José Agustín Arango.

El diferimiento de las obras hasta la vigencia fiscal de 2027 impone un desafío de fiscalización y gestión de datos abiertos institucionales. La consulta de antecedentes en portales como PanamáCompra y el SINIP demuestra que los proyectos urbanos de alta complejidad suelen enfrentar retrasos significativos derivados de la reubicación de servicios públicos subterráneos (agua, electricidad y telecomunicaciones) y de ajustes en la servidumbre vial. Garantizar pliegos de licitación transparentes y cronogramas de ejecución rigurosos resultará indispensable para evitar adendas de costo y contratiempos prolongados que afecten el libre tránsito y la actividad económica en las zonas intervenidas.

A continuación, se detalla el desglose técnico y administrativo del portafolio de proyectos de infraestructura vial y urbana anunciados por la institución para el área metropolitana:

La intervención asumida por el MOP en la Calle 50 y los corredores conexos representa un alivio necesario ante la parálisis de los planes municipales de ordenamiento. No obstante, el verdadero impacto de estas inversiones no dependerá únicamente de la transferencia de la titularidad de los proyectos, sino de la disciplina fiscal con la que se liciten, el cumplimiento estricto de los plazos de entrega y la capacidad de articular una infraestructura duradera que equilibre las necesidades del transporte vehicular con la movilidad peatonal.

La actualización del esquema de Inversionista Calificado impulsa desarrollos de alto perfil.

Redacción: DNews507 – Fuente: RRPP MERCAN Panamá / ComsMarket

Panamá, 25 de septiembre de 2026 – La colocación de la primera piedra del proyecto residencial Albor at Santa María marca el ingreso formal de la firma canadiense Mercan Group al segmento habitacional de Panamá, en una maniobra corporativa que coincide de forma estratégica con la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 17 de 8 de septiembre de 2026. Con una estructura planificada de 48 pisos, 200 apartamentos y unidades cuyas dimensiones oscilan entre los 81 y 176 metros cuadrados, el complejo busca canalizar la liquidez proveniente del capital extranjero atraído por el renovado marco de incentivos migratorios. La iniciativa representa una adición de peso al portafolio regional de la desarrolladora, proyectando su culminación para el año 2028 en una de las zonas de mayor plusvalía de la capital panameña.

El núcleo normativo que enmarca esta inversión radica en la reestructuración del Programa de Inversionista Calificado, regulado mediante el Decreto Ejecutivo No. 17. La nueva disposición legal introduce una asimetría intencional al fijar el umbral mínimo de inversión en USD 300,000 para propiedades inmobiliarias de primera venta, mientras que eleva la cuantía a USD 500,000 para transacciones en el mercado secundario. Esta diferenciación regulatoria busca desincentivar el traspaso pasivo de bienes preexistentes y direccionar el capital foráneo hacia obras nuevas, estimulando de manera directa la cadena de valor de la construcción, el consumo de insumos locales y la generación de mano de obra intensiva en la fase de desarrollo.

Desde una perspectiva cuantitativa, los datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) confirman una aceleración en la captación de fondos internacionales. Durante el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la entidad emitió 268 certificados de Inversionista Calificado que representaron un volumen de USD 113.6 millones, lo que equivale a un incremento del 26.08% en capital acumulado y de un 38.86% en certificados adjudicados frente al periodo previo (193 certificados por USD 90.1 millones). Sin embargo, el análisis comparativo evidencia una severa concentración de estos flujos: el 87.3% del capital total captado (aproximadamente USD 99.17 millones) se dirigió exclusivamente al rubro inmobiliario, dejando una participación marginal para instrumentos de renta fija, bolsa o proyectos de innovación tecnológica.

En este escenario, la oferta comercial de Albor at Santa María, con precios base fijados en USD 364,000, se sitúa estratégicamente por encima del límite legal de USD 300,000 exigido para certificar la residencia permanente mediante primera compra. Al alinearse con los requisitos exigidos por el MICI, la desarrolladora convierte el activo inmobiliario en un vehículo llave en mano para compradores internacionales. A pesar de que Mercan Group ostenta un portafolio global superior a los USD 2,000 millones y una presencia local acumulada de USD 200 millones, el éxito de la absorción de estas 200 unidades dependerá de la estabilidad de la demanda foránea frente a otros mercados competidores de la región que disputan esquemas similares de movilidad por inversión.

Aunque la narrativa oficial destaca la generación de empleo y la dinamización económica a corto plazo derivables de la construcción, analistas del sector inmobiliario plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo a largo plazo. La continua inyección de capital extranjero en segmentos de alto perfil consolida una oferta orientada predominantemente al inversionista de alto patrimonio, lo cual distorsiona los costos promedio del suelo urbano y ejerce poca presión sobre la solución del déficit habitacional local. Si bien la fase constructiva inyecta dinamismo temporal, la absorción de estos apartamentos como activos financieros vacíos o de alquiler vacacional atenúa el impacto estructural esperado en términos de consumo interno permanente.

A continuación, se sintetizan las métricas clave del desarrollo inmobiliario y los parámetros normativos que rigen el Programa de Inversionista Calificado en Panamá:

El desarrollo de Albor at Santa María constituye un termómetro relevante para evaluar la efectividad de la política pública panameña en la atracción de capitales de largo plazo bajo reglas de juego actualizadas. En un entorno internacional altamente competitivo por la captación de patrimonios privados, la ratificación de garantías jurídicas y la ejecución en los plazos previstos hasta 2028 serán factores determinantes para comprobar si este volumen de inversión se traduce en un crecimiento económico equilibrado o si reafirma la dependencia del sector inmobiliario como único motor de la migración calificada.

Nuevas regulaciones y riesgos tecnológicos en Panamá obligan a blindar datos empresariales.

Redacción: DNews507 – Fuente: Impacto S

Panamá 25 de septiembre de 2026 – La reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en agosto marca un hito en la agenda de transformación digital de Panamá, pero también desplaza el foco del debate hacia la capacidad real de las organizaciones para proteger sus activos críticos. Mientras el discurso público promueve la eficiencia y el crecimiento a través de la automatización avanzada, la integración de la inteligencia artificial en los sectores productivo y gubernamental expone fallas preexistentes en la gobernanza de datos y la gestión de accesos. Este nuevo entorno exige que las decisiones sobre innovación tecnológica no se tomen de forma aislada, sino bajo una evaluación rigurosa del impacto operativo.

El panorama de ciberamenazas en el país evidencia la urgencia de esta discusión. Según datos de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), su Centro de Operaciones de Ciberseguridad mantiene en monitoreo constante a 20 instituciones consideradas críticas y 15 sistemas altamente sensibles ante continuos intentos de ataque. A escala global, la consultora Gartner identificó que el uso de la inteligencia artificial para hallar vulnerabilidades constituye el principal riesgo emergente durante el segundo trimestre de 2026. Esta coincidencia entre los registros locales y los indicadores internacionales confirma que los atacantes están empleando automatización avanzada para explorar brechas con mayor rapidez que la capacidad de respuesta tradicional de las organizaciones.

A diferencia de los ciclos tecnológicos anteriores, el despliegue de algoritmos interactivos y modelos generativos amplía de manera exponencial la superficie de ataque. La interconexión entre bases de datos, infraestructuras en la nube y aplicaciones de terceros genera un ecosistema complejo donde la pérdida de control de un solo nodo puede comprometer la totalidad de la operación. Informes de la industria advierten que la aceleración en la adopción suele dejar en segundo plano la actualización de las arquitecturas heredadas, creando un desequilibrio entre el apetito de innovación del negocio y la capacidad operativa de los equipos de seguridad informática.

Frente a este escenario, voceros del sector privado destacan la necesidad de un cambio estructural en el abordaje defensivo. Carlos Metre, Country Manager de SPC Internacional en Panamá, señala que la interrogante prioritaria para los ejecutivos debe centrarse en los activos que se deben resguardar antes de escalar el uso de herramientas inteligentes. La proliferación de agentes autónomos introduce identidades sintéticas y permisos delegados que, según proyecciones de Gartner, explicarán el 25% de las brechas de seguridad para el año 2028 si no se implementan controles de acceso sensibles al contexto dinámico del negocio.

La convergencia entre la regulación estatal y las mejores prácticas internacionales demuestra que la continuidad del negocio no se limita a prevenir intrusiones externas, sino a garantizar la resiliencia operativa ante fallas imprevistas. El análisis comparativo de incidentes regionales revela que las interrupciones provocadas por desconfiguraciones en entornos multi-nube o fugas de información a través de modelos de lenguaje generan pérdidas económicas directas y daños reputacionales severos. Por ello, la evaluación integral de redes, datos y salvaguardas tecnológicas se posiciona como una exigencia mínima indispensable para sostener la competitividad en el mercado local.

Ante este escenario, SPC Internacional identifica cuatro decisiones estratégicas que las organizaciones deben resolver antes de ampliar el uso de inteligencia artificial:

1. Definir qué datos utilizará la IA y quién puede acceder a ellos: Antes de incorporar nuevas herramientas, las organizaciones necesitan identificar qué información utilizará la IA, dónde se encuentra y quién o qué sistemas podrán acceder a ella. Esto cobra especial relevancia con la expansión de los agentes de IA, que introducen nuevas identidades y permisos. Gartner prevé que, para 2028, el 25% de las brechas involucrarán superficies de ataque basadas en agentes, entre otros factores, por identidades de máquina deficientes y falta de controles de acceso sensibles al contexto.
2. Identificar qué procesos y sistemas son críticos: No todos los activos tienen el mismo impacto sobre la operación. Las empresas deben determinar qué funciones no pueden detenerse, qué sistemas las soportan y cuál sería el impacto operativo y económico de una interrupción. Esto permite priorizar controles y recursos según el nivel de riesgo.
3. Preparar la infraestructura antes de escalar: La adopción de IA incorpora nuevas conexiones entre aplicaciones, servicios en la nube, APIs y otros componentes tecnológicos. Por ello, la infraestructura que soportará estas soluciones debe evaluarse como parte de la estrategia de adopción y no después de implementarlas.
4. Definir cómo responder y mantener la operación: La preparación no termina en prevenir un incidente. Las organizaciones necesitan establecer responsables, mecanismos de contención, procesos de recuperación y alternativas que permitan mantener las funciones críticas mientras los sistemas son restablecidos.

La integración segura de la inteligencia artificial en Panamá dependerá en última instancia del equilibrio entre la velocidad de implementación y la madurez de la infraestructura de ciberseguridad. Tal como concluye el análisis del sector, el valor estratégico de la tecnología no reside únicamente en su capacidad de automatización, sino en la solidez de los controles que respaldan su funcionamiento continuo, garantizando la sostenibilidad y resiliencia de la economía digital.