Periodismo Investigativo
Minera Panamá: Entre el desarrollo y el impacto socio ambiental en dos distritos divididos entre los Pro y Contra de la minería.
Publicado en septiembre de 2023
Panamá, septiembre de 2023 – Luego de que la Corte Suprema de Justicia, declarará en el 2021 de inconstitucional el contrato Ley 9 del 26 de febrero de 1997, por el cual se aprobó el contrato- Ley celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A.; el gobierno nacional encabezado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, anuncio la renegociación del contrato minero con la empresa Minera Panamá, S.A. el 14 de julio de 2021.
En su momento el Ministerio de la Presidencia, informó que, los aspectos legales, en el marco de la alianza con el Internacional Senior Lawyers Project (ISLP), se seleccionó a la firma Hogan Lovells, que ha puesto a un grupo de abogados con experiencia comprobada en negociación de contratos, litigios y arbitrajes internacionales. Para los aspectos técnicos y económicos, la iniciativa CONNEX del G-7 ha asignado consultores de reconocida trayectoria en temas fiscales y económicos de operaciones mineras.
En diciembre de 2022 la Resolución No.144-22, aprobada de manera unánime por el consejo de gabinete, instruir al titular del MICI a adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales, con el propósito de ordenar a Minera Panamá, S.A., que establezca y ejecute un plan de preservación y gestión segura, (cuido y mantenimiento), es decir, cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá.
Esto fue a razón de instrucción de suspensión de operaciones en el proyecto Cobre Panamá luego de que la empresa no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022 para lograr un contrato “razonable y satisfactorio” para el pueblo panameño.
También se instruyó al ministro de Ambiente a adoptar las medidas para que supervise, controle y fiscalice el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero, mientras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de que supervise, vele y verifique el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del proyecto Cobre Panamá y la empresa Minera Panamá, S.A., y tomar las acciones que sean requeridas y necesarias para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales de los trabajadores del mencionado proyecto minero.
En julio de 2023, el consejo de gabinete aprueba el nuevo contrato minero y autoriza al ministro de comercio e industria, parque firme en nombre del estado panameño con Minera Panamá, S.A. dicho documento.
El gobierno nacional informó que el nuevo contrato con la empresa Minera Panamá S.A. establece una regalía del 12% al 16% de la ganancia bruta y un pago mínimo de $375,000,000 a Panamá, también contempla mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado.
En el contrato se incluye al distrito de La Pintada, provincia de Coclé, como beneficiario del Fideicomiso, además de Donoso y Omar Torrijos de la provincia de Colón.
El 3 de agosto, ante el pleno legislativo, Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias (MICI) presento el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Sustentando que el 50 % de los fondos de ingreso que genere la actividad serán para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, un monto importante para aumentar las jubilaciones y pensiones en el caso de quienes ganen menos de $350.00; y un monto para las obras de infraestructura en las comunidades aledañas de los distritos de Omar Torrijos Herrera, Donoso (Colón) y La Pintada (Coclé).
También contempla asignar un 5 % para la construcción, desarrollo y mantenimiento del Centro de Perfeccionamiento del Docente.
La discusión del Proyecto Ley del Contrato entre el Estado y Minera Panamá, S.A., dio oficialmente inicio el 28 de agosto de 2023, en su primer debate dentro de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados, donde se le permitió a más de 150 ciudadanos que, representa organizaciones no gubernamentales, colectivos sindicalistas y de la sociedad civil que están a favor y en contra de dicho acuerdo.
El presidente de la Comisión legislativa, el diputado Roberto Abrego; durante el primer día de debate, pidió a los presentes mantener la cordura ante la acalorada disertación de los diversos ciudadanos que en representación de sus organizaciones o a título personal sustentaron en su mayoría la negativa a la aprobación del contrato con Minera Panamá, S.A.
Aunque un grupo de ciudadanos de Colón, distrito de Colón, su posición era más en el ámbito laboral y de distribución de los recursos que el de negarse al contrato minero, uno de los presentes minutos antes de la sesión esbozo su disgusto con Minera Panamá, S.A. por la poca contratación de ciudadanos de la provincia. Pero los colaboradores de la empresa presente, negaron el que no se contemple contratos para los residentes de la costa atlántica.
A las afuera del Palacio Legislativo, durante que se desarrollaba el debate del contrato minero, diversos grupos se manifestaron, en su mayoría universitarios y sindicales que, expresaron su rechazo al contrato minero por considerarlo un enclave colonial similar o peor al que vivió el país con la presencia de los Estados Unidos de América en el siglo XX.
La aprobación o rechazo del contrato minero al final estará en las manos de los 71 diputados del Órgano Legislativo.
Datos de interés durante la presencia de Minera Panamá:
2015
En el 2015 la Cámara Minera de Panamá, (CAMIPA), desarrollo su primer congreso internacional con el tema central “La Emergente Industria Minera en Centroamérica: Retos y Oportunidades”, donde Minera Panamá participo y no se escuchó oposición al proyecto minero.
A la vez Minera Panamá inicia su apuesta en la capacitación en materia una minera sostenible como parte de sus compromisos del Estudio de Impacto Socio Ambiental del proyecto Cobre Panamá, junto con especialistas del Missouri Botanical Garden y la Universidad de Panamá, llevó a cabo la primera de tres capacitaciones, para generar un Inventario Florístico y un Proyecto de Monitoreo (FIMP) para los Parques Nacionales Omar Torrijos y Santa Fe, en apoyo al Ministerio del Ambiente
En dicho apoyo al Ministerio de Ambiente estaba la planificación general de un programa de monitoreo de la Biodiversidad, así como también refinar el mapa de vegetación para los Parques Nacionales Omar Torrijos y Santa Fe para ubicar las zonas prioritarias de conservación de ambos parques.
2016
Durante este año en el proyecto minero ubicado en la provincia de Colón, aun se desarrollaba diversas obras como la construcción del puerto y la termoeléctrica, así como edificios de interés para la extracción de la materia prima de la mina.
En enero de 2016 el Sindicato Único de la Construcción y Similares, (SUNTRACS); invadió los campamentos del proyecto Cobre Panamá, considerado como un atentado contra el proyecto a raíz de un conflicto sindical.
Para ese año, SUNTRACS no se opuso al proyecto minero, el mismo representaba ingresos en la cuota obrero patronal que el sindicato percibía por cada obrero que laboraba en la mina.
Minera Panamá bajo su RSE enero de 2016 realizo la inversión necesaria para alcanzar la conectividad en telecomunicaciones instalando una antena en conjunto con la empresa Cable & Wireless en beneficio de diversas comunidades en un rango de 25 kilómetros a la redonda, de las que podemos mencionar a Villa del Carmen y Coclesito, así como Molejón y Nazareno.
2017
Minera Panamá desarrolla foro de minería en la Universidad de Panamá, con el objetivo primordial de este foro fue incentivar a los estudiantes de ingeniería a explorar cómo sus carreras pueden aplicarse a diferentes áreas de la industria minera con los más altos estándares de calidad; siendo responsable con el ambiente y que ofrece un lugar de trabajo con las mejores condiciones de seguridad laboral y ocupacional; rompiendo así, con algunos mitos sobre la industria.
Durante el desarrollo de este foro no se realizó manifestación alguna por parte de agrupaciones universitarias.
Para el 2017 el boletín ambiental de las ONGs ambientalista indicaron lo siguiente: Minería en Panamá retroceso ambiental
Empresas extractivas mineras en Panamá, en el marco de las falsas soluciones al cambio climático y crisis ambiental, impulsan campaña de responsabilidad ante el ambiente. Sin embargo, ecologistas, ha manifestado que la minería es incongruente a la conservación ambiental. Así lo denuncian cuando la empresa canadiense First Quantum Minerals pretende en el área de Donoso, provincia de Colón. Reforestar 10 mil 400 hectáreas. Ya que las condiciones actuales no dan para reiniciar un ciclo biológico como las que se obtuvo para los bosques que destruyen en el corredor mesoamericano.
2019
Para febrero de 2019 se celebró la primera molienda de Cobre y Minera Panamá informaba que, durante el 2018, pago $30 millones en salarios, pagó más de $118 millones a la Caja del Seguro Social. La compañía invirtió más de $55 millones en programas de desarrollo comunitario y más de $32 millones en programas de capacitación técnica para su personal panameño. Cobre Panamá tiene un programa de conservación de biodiversidad y reforestación de más de $34 millones.
Durante el acto protocolar hablaron colaboradores Cobre Panamá que, fueron capacitados por la minera en Panamá y el extranjero y que para la fecha ya eran personal de planta de la mina, siendo estos residentes de comunidades cercanas al proyecto.
En junio de 2019, se realiza el primer embarque de concentrado de cobre rumbo a China desde Puerto Rincón en Donoso, Colón. 31,200 toneladas de concentrado de cobre fue el primer envió que realizo Minera Panamá.
Ya para esa fecha la empresa minera indicaba que al llegar al puerto de destino y al finalizar la separación de los minerales de la Calcopirita, se puede tener la cuantía exacta del cobre que tiene el concentrado, así como los materiales secundarios. En pocas palabras es pago contra entrega y en el pago del Cobre, se incluye también el pago de la Plata y Oro que pueda tener el concentrado de cobre.
2020
El Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, Raúl Pineda, indicó la semana pasada en el periodo de incidencia del Pleno Legislativo, que la comisión ha estado recibiendo diversas denuncias de ganaderos que informan la entrada de carne de res proveniente de Centroamérica y que su comprado es Minera Panamá.
El desaparecido medio de comunicación digital, Enterate507.net se comunicó con RRPP de Minera Panamá (28-01-2020) con el siguiente cuestionario:
- ¿Es verdad que la empresa está comprando carne importada de Centroamérica?
- ¿Quiénes son sus proveedores locales (Nacionales)?
- ¿Cuánto es la mano de obra no nacional en el proyecto?
- ¿Qué vertederos utilizan para los desechos que produce los campamentos, los puntos de extracción de mineral, muelles, en fin, todo el complejo?
- ¿Aceptará Minera comparecer ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios?
No recibió respuesta por parte de Minera Panamá.
Luego de los cierres por motivo de la pandemia de COVID-19, en julio el MINSA informaba los detalles para la reapertura de la empresa Minera Panamá, luego que esta cumpliera y adecuara las disposiciones establecidas en los protocolos COVID-19.
Minera Panamá fue muy publicitada en redes sociales por mineros que violaban las restricciones de los protocolos COVID-19 y decidían escabullirse por senderos para salir de los campamentos de la mina.
2023
Antes de iniciar el debate del contrato minero en el mes de junio en uno de los Comunicado de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, (APEDE); expresaba que, La situación entre el Estado y Minera Panamá, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, requería de un nuevo contrato y que el mismo garantizase mejores intereses para el país. De ahí que, luego de un difícil y complicado proceso de negociación se llegó a un acuerdo que contiene elementos económicos que dan beneficios al Estado panameño muy superiores a los pactados originalmente en 1997 y que, además, contiene cláusulas que tienen condiciones para salvaguardar el medio ambiente y garantizar la inserción de mano de obra panameña en el desarrollo de la actividad y estipulando condiciones de cumplimiento que son necesarias en la actividad de minería.
APEDE reafirmaba en su momento que; Si bien, pensamos que pudiese haber mejores condiciones contractuales, también es cierto que en las condiciones en las que se dio la negociación, cuando ya existía una inversión, la misma no recoge todas las aspiraciones que se tenían. Posterior a analizar los pro y contras consideramos propicio que la Asamblea Nacional apruebe el Acuerdo alcanzado entre el Estado y Minera Panamá, ya que el aporte y beneficio económico que este brinda a las comunidades de la provincia de Colón y Coclé, a los trabajadores directos e indirectos, a los proveedores y al Estado Panameño, merece que se busque los mejores intereses para los panameños.
Con los problemas ambientales que vive el Canal de Panamá por la falta de lluvia, el tema agua se convirtió en un protagonista del debate, llevando a la ACP a informar que el análisis realizado por el Canal de Panamá del texto actual del contrato entre el Estado y Minera Panamá, el cual se encuentra en discusión y pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional, contempla a nivel territorial, que su desarrollo se registra en áreas de la cuenca del río Coclé del Norte (cuenca n.°105) y en la cuenca del río Belén (cuenca n.°103).
El sistema de drenaje de estas dos cuencas (103 y 105) fluyen hacia la vertiente Caribe y, al ser independientes de la Cuenca Hidrográfica del Canal actual (cuenca n.° 115), no interactúan ni entran en contacto con el sistema hídrico de la vía acuática.
Iniciado el debate en Comisión Permanente de Asuntos Económicos y Comercio de la Asamblea Nacional, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), integrada por los siete territorios y los 12 congresos y consejos de los pueblos indígenas manifiesta su rechazo al contrato minero que está siendo discutido en la Asamblea Nacional de Diputados.
Marcelo Guerra, Presidente de la COONAPIP, sostuvo que la posición inquebrantable de los pueblos originarios de Panamá es “No a la minería”, y advierte que la organización respalda los movimientos sociales que rechazan la extensión del contrato.
DNews507, como medio de comunicación digital responsable, mantiene una posición objetiva de informar los hechos noticiosos que han llegado a la redacción y que, es nuestra obligación difundir para brindar al lector la oportunidad que saque sus propias conclusiones en los temas que publicamos. El contrato entre el Estado y Minera Panamá, debe verse de manera imparcial, bajo una balanza y equilibrio sin pasiones y sin prejuicios, buscando las mejores propuestas para beneficio del país, en especial y por primera vez en años se visualice el interior de país, en esta ocasión los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera en Colón y La Pintada en Coclé, como otras comunidades colindantes al proyecto minero.
Cuatro investigaciones que revelan cómo una promesa educativa de una década no tiene una sola escuela certificada, ni metodologías actualizadas, ni rendición de cuentas
DNews507 | Unidad Investigativa | Reportaje Especial
Panamá, 2 de septiembre de 2026 – Panamá lleva una década apostando al bilingüismo como motor de transformación social y competitividad. Desde el Decreto Ejecutivo N.° 148 de 2016 hasta el rediseño curricular de 2026, el Estado ha invertido cientos de millones de balboas con la promesa de que sus ciudadanos dominarán el inglés antes de egresar del sistema educativo. Sin embargo, una investigación de cuatro frentes realizada por DNews507 —a través de consultas técnicas al Ministerio de Educación (MEDUCA), trabajo de campo en Veraguas y el corregimiento de Don Bosco, y una consulta directa a la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE)— revela que esa promesa no ha llegado al aula. No hay una sola escuela pública certificada como bilingüe.
Las metodologías siguen siendo obsoletas. El acceso a la información institucional está blindado. Y los propios maestros alertan que los cambios llegan sin evaluación, sin recursos y sin tiempo. Lo que sigue es el expediente completo.
EL BILINGÜISMO QUE NUNCA FUE CERTIFICADO
Consulta técnica al MEDUCA | DNews507, mayo 2026
Cuando DNews507 remitió al MEDUCA una consulta técnica de nueve preguntas sobre el estado del bilingüismo escolar, las respuestas recibidas confirmaron lo que muchos sospechaban: el programa Panamá Bilingüe operó durante casi una década sin monitoreo efectivo, sin línea de base y sin un solo estudio de impacto sobre sus egresados.
292 ESCUELAS, CERO CERTIFICADAS
El programa Panamá Bilingüe se implementó en 292 centros de educación primaria, aproximadamente el 9.7% del total de escuelas oficiales del país. Sin embargo, cuando se preguntó al MEDUCA cuántas de esas escuelas cuentan con certificación técnica que valide que al menos el 50% de su carga horaria se dicta en inglés, la respuesta fue contundente:
«No existe evidencia técnica ni certificación oficial que permita acreditar que el programa alcanzó el objetivo de garantizar una formación bilingüe efectiva.»
En términos prácticos: el bilingüismo real certificado en el sistema público panameño es cero.
UNA DÉCADA SIN MONITOREO
Según los propios informes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Diálogo Interamericano —citados por el MEDUCA—, el programa operó sin una línea de base clara y con procesos débiles de monitoreo. No hubo instrumentos de medición ni trazabilidad sobre el nivel de dominio del idioma de los egresados. Panamá gastó recursos públicos durante una década en un programa del que no puede rendir cuentas sobre su resultado central: si los niños aprendieron inglés.
EL SECTOR PRIVADO: NADIE LOS VIGILA
El MEDUCA reconoció que, aunque existen protocolos de supervisión para el sector privado, enfrenta desde hace años limitaciones de personal especializado para fiscalizar adecuadamente la enseñanza del inglés en colegios particulares. En la práctica, cualquier colegio privado puede llamarse «bilingüe» sin que nadie lo verifique con rigor. Los padres que pagan por esa promesa no tienen garantía institucional alguna.
EL TABLERO QUE NO EXISTÍA
Al preguntar por qué no existe un tablero público donde el ciudadano pueda identificar qué escuelas son bilingües, EIB o regulares, el MEDUCA reconoció que «al inicio de la gestión detectamos que la entidad no utilizaba la tecnología como herramienta.» Hoy existe la plataforma MEDUCA SIG, pero a la fecha de publicación no es de acceso ciudadano libre.
EL NUEVO CURRÍCULO: ¿PROMESA REPETIDA O CAMBIO REAL?
El MEDUCA anunció un rediseño curricular desde 2026 basado en competencias comunicativas. Cuando se preguntó qué porcentaje de mejora en indicadores de calidad educativa se atribuye al bilingüismo en el bienio 2024–2026, la respuesta fue:
«Una vez tengamos los resultados finales, informaremos.»
De las 9 preguntas técnicas formuladas, DNews507 clasificó: 4 con respuestas evasivas o sin datos concretos, 3 con admisión directa de falla institucional, y 2 con acciones en curso pero sin metas medibles.
CIFRAS CLAVE:
- Escuelas con programa bilingüe: 292 (≈ 9.7% del sistema oficial)
- Escuelas con bilingüismo certificado: 0
- Docentes certificados EIB en comarcas: 558
- Estudios de impacto publicados sobre egresados: 0
- Colegios privados con supervisión efectiva: sin datos
Fuente: Respuestas oficiales del MEDUCA a consulta técnica de DNews507, mayo 2026.
EL ESPEJISMO DEL BILINGÜISMO EN LAS AULAS DE VERAGUAS
Horas perdidas y metodologías obsoletas | Equipo de investigación DNews507
En las aulas de la provincia de Veraguas, la realidad transcurre por un camino muy distinto al del papel. Un trabajo de investigación de DNews507 revela cómo la enseñanza del inglés en los colegios públicos del interior permanece estancada en metodologías tradicionales, aislada en una sola asignatura y desconectada de las necesidades técnicas y pedagógicas del estudiantado.
EL CAMPO HABLA INGLÉS —PERO LOS MANUALES NO SE ENSEÑAN—
En el Colegio César Clavel, un estudiante de 14 años del Bachiller Agropecuario recibe apenas cinco horas semanales de inglés. El joven identifica con claridad la urgencia: los manuales de tractores, monocultores y sistemas automatizados que usará en su vida laboral están redactados exclusivamente en inglés. Sin embargo, ninguna otra asignatura se imparte en ese idioma. El aprendizaje queda relegado a teoría básica sin aplicación práctica al campo que le espera.
LOS FUTUROS MAESTROS SIGUEN APRENDIENDO EL VERBO TO BE
En la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago, una estudiante de 15 años del Bachiller Pedagógico recibe seis horas de inglés a la semana. Su diagnóstico es tajante: las lecciones continúan centradas en el verbo to be y la voz pasiva, sin avances respecto a años anteriores. La consecuencia es sistémica: los futuros maestros de las escuelas rurales, que deberán cubrir todas las asignaturas ante la falta de docentes especializados, egresarán sin dominio funcional del idioma.
EL SECTOR PRIVADO COMO SALVAVIDAS FORMATIVO
La misma estudiante ha desarrollado inglés empresarial y fluidez conversacional no en el aula oficial, sino en el Programa Supérate, impulsado por una fundación privada. Esta dualidad expone una falla estructural: el Estado delega, sin reconocerlo, en la filantropía privada lo que la política pública no puede cumplir.
«ESTO NO ES BILINGÜISMO» — LAS FAMILIAS HABLAN
Desde La Mesa de Veraguas, madres de familia cuestionan abiertamente la denominación de «educación bilingüe» con cuatro o cinco horas semanales. Coinciden en que la metodología implementada en las escuelas públicas es obsoleta y no responde a los estándares necesarios para dominar un segundo idioma. Sus testimonios confirman lo que los datos del MEDUCA ya evidencian: la promesa del bilingüismo no ha llegado al aula ni a las familias que la necesitan.
Reportaje de campo. DNews507, equipo de investigación, Veraguas, agosto 2026.
¿BILINGÜISMO REAL O DE FACHADA? LA BRECHA PÚBLICA Y PRIVADA
Recorrido de campo — Don Bosco, 25 de agosto de 2026 | DNews507
El equipo de DNews507 realizó un recorrido de campo el 25 de agosto de 2026 en el corregimiento de Don Bosco para evaluar sobre el terreno la efectividad del programa. El monitoreo en tres centros de enseñanza —dos oficiales y uno privado— reveló una marcada distancia entre la denominación institucional y la verdadera carga académica que reciben los estudiantes.
EL BLINDAJE BUROCRÁTICO ANTE LA FISCALIZACIÓN
En la escuela católica particular Santo Domingo Savio, la Secretaría notificó que la dirección no atiende sin cita previa y que cualquier consulta —incluso con docentes— exige el envío formal de un cuestionario sujeto a evaluación directiva. En la Escuela Bilingüe Don Bosco, de estructura reducida y puertas cerradas, la directora se encontraba incapacitada y el personal administrativo declinó conceder entrevista con el coordinador de inglés, argumentando que requieren autorización previa de la Dirección Regional del MEDUCA. El patrón es revelador: ningún centro permitió información directa en visita sin anunciar.
LA ETIQUETA FRENTE A LA REALIDAD
A pesar de que la fachada de la Escuela Bilingüe Don Bosco exhibe prominentemente su condición de centro bilingüe, la verificación confirmó que no se cumple el estándar del 50% de asignaturas impartidas en inglés. La enseñanza se limita a una materia tradicional dentro del pensum. El plantel se llama bilingüe en su fachada pero funciona como una escuela regular por dentro.
ESFUERZOS AISLADOS SIN INTEGRACIÓN CURRICULAR
En el Instituto Profesional y Técnico (IPT) Don Bosco, tampoco se aplica el modelo 50/50. Sin embargo, la institución potencia la asignatura mediante módulos específicos de Grammar y Speech, lo que le valió el segundo lugar en un reciente certamen intercolegial de oratoria en inglés —superado solo por el Colegio José Dolores Moscote—. El mérito es real, pero el alcance sigue siendo limitado: ninguna materia de ciencia o tecnología se dicta en inglés.
Trabajo de campo realizado por el equipo de DNews507 en Don Bosco, Ciudad de Panamá, 25 de agosto de 2026. Ninguno de los centros visitados permitió entrevistas sin cita previa o autorización institucional.
La Ilusión del Bilingüismo
en las Escuelas de Panamá
Una investigación de cuatro frentes —consultas técnicas al MEDUCA, visitas de campo en Veraguas y Don Bosco, y posición oficial del gremio AEVE— revela cómo una promesa de una década no tiene una sola escuela pública certificada.
0 de 292 escuelas cumplen el modelo bilingüe 50/50.
292 centros oficiales incluidos de +3,000.
Frente a las 20h requeridas para fluidez real.
Medidas urgentes planteadas por el gremio docente.
Sin trazabilidad de aprendizaje en una década.
Cobertura Oficial y Fallas Sistémicas
Universo de escuelas públicas incorporadas y dimensión de las fallas según admisibilidad del MEDUCA.
Cobertura Real del Programa Panamá Bilingüe
Proporción de centros públicos incluidos vs. bilingüismo certificado.
Dimensión de las Fallas Sistémicas del Programa
Puntaje técnico elaborado por DNews507 basado en admisiones y datos oficiales del MEDUCA.
Cronología de una Década: Promesas vs. Realidad (2016–2026)
Evolución de escuelas incorporadas frente al estancamiento de la certificación bilingüe real.
Escuelas en Programa vs. Escuelas Certificadas (2016 – 2026)
El Test de Transparencia: Las 9 Respuestas del MEDUCA
Clasificación de las declaraciones oficiales enviadas a DNews507 en mayo de 2026.
Clasificación de las 9 Respuestas
Análisis de solidez y rendición de cuentas institucional.
«No existe evidencia técnica ni certificación oficial que permita acreditar que el programa alcanzó el objetivo de garantizar una formación bilingüe efectiva.»
Dictamen DNews507: Bilingüismo certificado oficial: 0%.
«No hubo instrumentos de medición ni monitoreo efectivos a lo largo de los años de implementación.»
«Existen protocolos, pero desde hace varios años enfrentamos limitaciones por insuficiencia de personal especializado para supervisar la enseñanza del inglés.»
«Hoy la plataforma centraliza datos pero aún no es de acceso público.»
El Espejismo en Veraguas: Horas Perdidas y Metodologías Obsoletas
Hallazgos en el Colegio César Clavel, la Normal de Santiago y testimonios de familias en La Mesa.
Horas Semanales de Inglés vs. Estándar Bilingüe Mínimo (20h)
Carga horaria constatada en el aula oficial vs. recomendación internacional para competencia real.
Bachiller Agropecuario (14 años)
«Los tractores y maquinaria automatizada vienen con manuales en inglés. En la escuela solo nos dan 5 horas de teoría gramatical sin aplicación al campo.»
Bachiller Pedagógico (15 años)
«Seguimos con el verbo ‘to be’. Lo que sé de conversación lo aprendí en el Programa Supérate de una fundación privada, no en la escuela.»
Familias Rurales
«Llamarle ‘bilingüe’ a 4 horas a la semana es engañarse. Los muchachos se gradúan sin poder mantener una conversación.»
Trabajo de Campo en Don Bosco: Fachadas vs. Realidad
Inspección realizada el 25 de agosto de 2026 en el corregimiento de Don Bosco (Ciudad de Panamá).
Hallazgo periodístico (25 Ago 2026): La fachada exhibe de forma prominente la palabra «Bilingüe», pero la verificación sobre el terreno reveló que el colegio opera como un plantel oficial regular con una sola asignatura tradicional de inglés.
Asimismo, se evidenció un blindaje burocrático: ni el colegio privado Santo Domingo Savio ni la Escuela Bilingüe Don Bosco otorgaron entrevistas sin autorización o cuestionarios previos.
Transparencia, Modelo 50/50 y Logros por Centro
Comparativa de los 3 colegios visitados en Don Bosco.
Santo Domingo Savio (Privado): Acceso bloqueado sin cuestionario directivo previo.
Escuela Bilingüe Don Bosco: Rótulo de fachada sin correspondencia en la currícula (5%).
IPT Don Bosco: 8% de carga; logro destacado en oratoria por iniciativa docente.
Brecha Frente al Estándar Bilingüe 50/50
% Real de asignaturas en inglés en escuelas visitadas vs. norma bilingüe.
La Voz del Gremio Docente: Diagnóstico y las 8 Propuestas de la AEVE
Posición oficial de la Asociación de Educadores Veragüenses ante la consulta formal de DNews507 (Agosto 2026).
«La educación es un derecho; el término ‘bilingüe’ no puede convertirse simplemente en una marca para incrementar la matrícula. AEVE no se opone a la innovación ni al inglés: nos oponemos a improvisar. Panamá no necesita un programa nuevo cada cinco años; necesita políticas de Estado que sobrevivan a los gobiernos.»
Estado Actual vs. Mínimo Exigible por AEVE
Comparación en 6 ejes estratégicos de política educativa (Escala 0–10).
Brecha entre Estado Actual y Mínimo Exigido
Magnitud del déficit estructural en cada dimensión educativa.
Las 8 Propuestas Concretas de la AEVE
Impacto potencial estimado (0–10) y nivel de urgencia institucional.
Transparencia total sobre presupuestos, contrataciones y docentes capacitados.
Instancia multipartita para dar continuidad a políticas públicas de Estado.
Evaluación del rediseño 2026 con indicadores claros de aprendizaje.
Certificación y recertificación obligatoria para colegios privados «bilingües».
Identificación escuela por escuela de faltantes de docentes bilingües en comarcas.
Formación y contratación prioritaria de docentes de las propias comunidades.
Eliminar duplicidad de tareas administrativas que restan tiempo a la enseñanza.
Evaluar calidad considerando infraestructura, nutrición, conectividad y entorno.
Mapa Global de Hallazgos por Fuente de Investigación
Matriz consolidada de los 4 frentes investigados por el equipo periodístico de DNews507.
Hallazgos Críticos, Vacíos de Datos y Propuestas por Fuente
3 hallazgos críticos de falla, 4 vacíos/evasivas de datos y 2 acciones sin metas cuantitativas.
4 hallazgos críticos (aislamiento, método arcaico) y 2 vacíos en oferta técnica agropecuaria y pedagógica.
3 hallazgos críticos de carga real vs fachada, 2 bloqueos de acceso y 1 logro puntual en oratoria IPT.
6 denuncias críticas de improvisación y 8 propuestas de política de Estado con metas viables.
Calculadora del Espejismo: ¿Cuánto tardaría un alumno en ser B2?
El Marco Común Europeo (MCER) exige aprox. 600 horas efectivas de aprendizaje para nivel B2. Ajusta la carga horaria y comprueba la viabilidad escolar:
«Con 5 horas semanales y metodología tradicional, el alumno difícilmente saldrá con fluidez conversacional al mercado laboral.»
Dictamen Final de la Unidad Investigativa de DNews507
1. Bilingüismo nominal: Panamá ha destinado cientos de millones a un programa que no tiene una sola escuela oficialmente certificada bajo el modelo 50/50.
2. Desconexión técnica: En Veraguas y las comarcas, la enseñanza no responde a las necesidades productivas agropecuarias, pedagógicas ni de preservación de lenguas maternas.
3. Opacidad institucional: La reticencia a la fiscalización y la falta de datos abiertos en MEDUCA SIG perpetúan el uso publicitario de la etiqueta «bilingüe».
4. Hoja de ruta 2026: Atender las 8 propuestas de la AEVE (auditoría, observatorio, supervisión privada y censo EIB) es indispensable para transformar la promesa en realidad.
LA VOZ DEL GREMIO: POSICIÓN Y PROPUESTAS DE LA AEVE
Asociación de Educadores Veragüenses — Consulta de DNews507, agosto 2026
Ante el cuadro revelado por esta investigación, DNews507 consultó a la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), el principal gremio docente de la provincia. Su respuesta es inequívoca: Panamá no puede continuar con una práctica en la que cada administración presenta nuevos programas sin determinar primero qué ocurrió con las inversiones y proyectos precedentes. A continuación, sus posiciones sobre cada eje del problema.
SOBRE PANAMÁ BILINGÜE Y EL NUEVO CURRÍCULO
La AEVE señala que Panamá Bilingüe requirió una inversión de cientos de millones de balboas y que uno de sus principales problemas fue precisamente la falta de continuidad, evaluación, seguimiento y medición permanente. El gremio exige conocer qué ocurrió con las auditorías anunciadas, cuáles fueron sus conclusiones y qué resultados concretos produjo la inversión. No atribuye sin investigación que el dinero se perdió, pero sí exige que el Estado explique qué obtuvo el país a cambio.
Sobre el nuevo currículo, la AEVE advierte que cambiar documentos no transforma automáticamente la educación. Se necesita línea de base, indicadores y evaluación posterior. Rechaza además que la capacitación para implementar el nuevo currículo se convierta en extensión permanente de la jornada laboral: si el Estado introduce una reforma, debe garantizar tiempo institucional, acompañamiento y condiciones laborales adecuadas.
SOBRE EL DÉFICIT DE SUPERVISIÓN EN EL SECTOR PRIVADO
La AEVE considera que la admisión del MEDUCA sobre su falta de personal especializado para supervisar colegios particulares representa una debilidad institucional que debe corregirse. Propone que el MEDUCA establezca un proceso periódico de certificación y recertificación de los centros que se anuncian como bilingües. Su posición es directa:
«La educación es un derecho; el término ‘bilingüe’ no puede convertirse simplemente en una marca para incrementar el costo de una matrícula.»
SOBRE LAS 558 PLAZAS EIB Y EL DÉFICIT DOCENTE
La AEVE considera que la cifra de 558 educadores con certificación EIB no es suficiente para concluir que no existe déficit. La pregunta fundamental es: ¿dónde están esos docentes? El gremio propone un censo nacional de necesidades docentes en áreas rurales y comarcales, escuela por escuela y especialidad por especialidad, que revele cuántas plazas permanecen vacantes, cuántas están siendo cubiertas por docentes que no dominan la lengua de la comunidad y cuántos estudiantes están sin atención especializada.
SOBRE EL INGLÉS (L3) Y LA IDENTIDAD CULTURAL EN COMARCAS
La AEVE reconoce la importancia del inglés, pero advierte que en las áreas comarcales su aprendizaje no debe producirse a costa de la lengua materna ni de la identidad cultural. La secuencia correcta, según el gremio, es: fortalecer la lengua materna, garantizar el español como lengua de comunicación nacional e incorporar progresivamente el inglés. La posición es clara:
«Una educación verdaderamente intercultural no obliga al estudiante a abandonar su identidad para incorporarse al mundo moderno.»
La AEVE exige que la introducción del inglés en comarcas desde educación inicial hasta duodécimo grado vaya acompañada de docentes preparados, materiales contextualizados y participación de las propias comunidades indígenas en las decisiones curriculares.
SOBRE MEDUCA SIG Y LA CARGA ADMINISTRATIVA
La AEVE no se opone a la tecnología, pero advierte contra la digitalización de la burocracia presentada como modernización. Si el docente debe introducir datos, llenar plataformas y preparar informes paralelos sin conectividad ni soporte técnico, la herramienta le resta tiempo a su responsabilidad principal: enseñar. El gremio propone que por cada procedimiento digital nuevo se revise qué procedimiento anterior deja de exigirse, y que el Estado garantice conectividad, equipos funcionales y capacitación. El docente no puede financiar con sus propios recursos la digitalización del sistema.
SOBRE LA MEDICIÓN DE CALIDAD EN VERAGUAS Y LAS COMARCAS
La AEVE considera insuficiente evaluar la calidad educativa únicamente mediante pruebas estandarizadas. Una escuela con conectividad, biblioteca, alimentación y grupos pequeños no obtiene los mismos resultados que una multigrado de difícil acceso con limitaciones económicas. Propone incorporar indicadores de contexto: comprensión lectora, escritura, asistencia, permanencia escolar, acceso tecnológico, condiciones socioeconómicas, cantidad de estudiantes por aula, infraestructura y realidad lingüística de cada comunidad.
«Evaluar no debe significar buscar culpables. Evaluar debe servir para identificar dónde están las dificultades y dirigir allí los recursos del Estado.»
LAS 8 PROPUESTAS CONCRETAS DE LA AEVE
- Auditoría y evaluación pública de Panamá Bilingüe: inversión, resultados académicos, docentes capacitados y cumplimiento de objetivos.
- Observatorio de Políticas Educativas con participación del MEDUCA, universidades y organizaciones docentes, para dar seguimiento a los programas independientemente del gobierno de turno.
- Evaluación del nuevo currículo con línea base e indicadores anuales para verificar si realmente mejora el aprendizaje.
- Sistema Nacional de Supervisión del Bilingüismo, aplicable a centros oficiales y particulares, con requisitos verificables para usar la denominación «bilingüe».
- Censo nacional de plazas docentes y EIB en comarcas y áreas de difícil acceso, indicando vacantes, especialidades y dominio lingüístico requerido.
- Plan especial de formación y nombramiento de docentes indígenas, priorizando profesionales de las propias comunidades.
- Revisión de la carga administrativa de MEDUCA SIG, eliminando duplicidades y garantizando que la tecnología reduzca burocracia en lugar de aumentarla.
- Sistema integral de medición de la calidad que evalúe también las condiciones que el Estado proporciona para que se produzca el aprendizaje.
«AEVE no se opone a la innovación, al inglés, a la tecnología ni a un nuevo currículo. Nos oponemos a improvisar. Panamá ha invertido millones en programas educativos que posteriormente son sustituidos sin que el país conozca claramente sus resultados. Nuestra propuesta es sencilla: planificar, ejecutar, supervisar, evaluar, corregir y rendir cuentas.»
«La educación panameña no necesita un programa nuevo cada cinco años; necesita políticas de Estado que sobrevivan a los gobiernos, sean evaluadas y produzcan resultados comprobables.»
Fuente: Respuesta oficial de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) a consulta técnica de DNews507, agosto 2026.
CONCLUSIÓN GENERAL
Las cuatro investigaciones que conforman este reportaje especial de DNews507 apuntan a la misma conclusión: Panamá tiene un programa de educación bilingüe en nombre, pero no en práctica. Desde los datos oficiales del MEDUCA hasta el aula de un bachiller agropecuario en Veraguas, desde las fachadas de Don Bosco hasta la voz organizada del gremio docente, el diagnóstico es consistente y unánime.
- No existe una sola escuela pública certificada como verdaderamente bilingüe.
- Las metodologías de inglés en el interior siguen siendo obsoletas y limitadas a pocas horas semanales.
- El acceso a información institucional está bloqueado ante la fiscalización periodística.
- El sector privado y la filantropía sustituyen al Estado en la formación real de hablantes de inglés.
- La renovación curricular de 2026 no tiene métricas de éxito definidas ni mecanismos de rendición de cuentas.
- El propio gremio docente alerta que los cambios llegan sin evaluación, sin recursos y sin respeto a la jornada laboral.
El nuevo currículo de 2026 podría ser el inicio de un cambio real. Pero la historia reciente obliga a pedir lo que siempre faltó: evidencia, no promesas. Planificación, no improvisación. Rendición de cuentas, no silencio institucional.
DNews507 continuará monitoreando el avance del rediseño curricular, el acceso ciudadano a los datos del MEDUCA SIG y el estado real del bilingüismo en las provincias y comarcas del país.
DNews507 | Unidad Investigativa | Reportaje Especial — Agosto 2026. Investigación basada en consultas técnicas al MEDUCA (mayo 2026), trabajo de campo en Veraguas y Don Bosco (agosto 2026) y consulta formal a la AEVE (agosto 2026). Todos los derechos reservados.
A 30 años de «Alianza Oscura»: Gary Webb, la traición de la prensa tradicional y la radiografía de la censura en el siglo XXI
Especial de DNews507 por Gerardo Camargo / 18 de agosto de 2026
«Tres décadas después de que un reportero regional expusiera los vínculos entre la CIA y el narcotráfico de la Contra, el patrón que lo destruyó profesionalmente —desprestigiar y aislar al periodista incómodo— reaparece hoy bajo formas nuevas: catástrofes naturales usadas para restringir la cobertura y listas oficiales que señalan a comunicadores críticos.»
El terremoto informativo de 1996
El 18 de agosto de 1996, el diario regional San Jose Mercury News publicó «Alianza Oscura» (Dark Alliance), una investigación en tres partes firmada por Gary Webb. La serie documentó cómo narcotraficantes vinculados a la Contra nicaragüense introdujeron cocaína en el norte de California durante los años ochenta —alimentando la epidemia del crack—, cómo esas ganancias financiaron la guerra contra el gobierno sandinista, y cómo la CIA, según la investigación, conocía el tráfico y protegió a los distribuidores para no comprometer sus operaciones en Centroamérica. Publicada en la naciente web del periódico, con audios, testimonios y documentos, la serie llegó a registrar hasta 1.3 millones de visitas diarias, un hito para el periodismo digital de la época.
La embestida de la gran prensa
En lugar de darle seguimiento, los grandes diarios estadounidenses salieron a desacreditar el trabajo. The Washington Post cuestionó la falta de documentos firmados que probaran la implicación directa de altos mandos de la CIA. Los Angeles Times destinó un equipo de 17 periodistas a rebatir el reportaje. The New York Times calificó el hallazgo de irresponsable y cercano a la teoría conspirativa.
Bajo esa presión, el editor Jerry Ceppos publicó en 1997 una columna de disculpa, el diario retiró la investigación de internet y relegó a Webb a notas locales en una oficina secundaria, lo que terminó forzando su renuncia. En 1998 el propio Inspector General de la CIA, Frederick Hitz, admitió en un informe interno que la agencia sí conocía el narcotráfico de la Contra y lo encubrió; la noticia recibió apenas coberturas menores. Webb, aislado profesional y económicamente, murió el 10 de diciembre de 2004 por suicidio.
Cuando la tragedia se vuelve herramienta de censura
El patrón que hundió a Webb —desacreditar, restringir el acceso, aislar al informante— no desapareció: se trasladó también al terreno de las emergencias. Los terremotos que en 2026 sacudieron a Venezuela y Colombia ofrecen un caso de estudio actual sobre cómo el manejo de la información durante un desastre puede convertirse en otro frente de presión contra la prensa.
Venezuela. Los sismos del 24 de junio de 2026, que dejaron miles de muertos y desplazados en La Guaira, Caracas y otros estados, encontraron al país con un ecosistema mediático ya debilitado: desde agosto de 2024 la red social X permanecía bloqueada y más de 90 portales enfrentaban restricciones de acceso. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Espacio Público, durante la emergencia el gobierno impuso un esquema de acreditación que obligaba a los corresponsales a registrarse, entregar datos personales y trasladarse únicamente en autobuses oficiales para acceder a las zonas afectadas; fuera de ese circuito, el ingreso quedó vedado. IPYS Venezuela documentó al menos doce restricciones al ejercicio periodístico entre el 24 y el 30 de junio, incluyendo hostigamiento, decomiso de una credencial de prensa y una medida orientada a imponer censura previa sobre la cobertura de la tragedia. Días antes del desastre, además, la Conatel y la Guardia Nacional habían clausurado y confiscado equipos de varias emisoras regionales, entre ellas Urbana 94.3 FM, con 16 años en el aire.
Colombia. El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano el 10 de agosto de 2026 generó un episodio similar: el Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) denunció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, restringió el acceso a la plataforma pública de evaluación situacional en tiempo real, en lo que el gremio calificó como el primer acto de censura sobre la información de la emergencia. En paralelo, la tragedia se convirtió en campo de batalla política: el expresidente Gustavo Petro acusó públicamente al alcalde de Pereira de retirar rescatistas mientras aún habría personas con vida bajo los escombros; el alcalde lo desmintió y pidió que se dejara de difundir desinformación en plena emergencia. El episodio ilustra un mecanismo que se repite en la región: la etiqueta de noticia falsa o desinformación se usa tanto para desmentir rumores genuinos como para deslegitimar cualquier relato incómodo durante una crisis, dificultando que el público distinga entre corrección legítima y presión política.
En ambos países, el resultado converge con la lógica que golpeó a Webb: el acceso a la información se filtra, se retrasa o se condiciona justo cuando es más urgente, y quienes intentan documentar la crisis con independencia terminan bajo sospecha, vigilancia o restricción directa.
El caso más reciente: la «lista» de Sheinbaum en México
A mediados de agosto de 2026, la consejera jurídica de la Presidencia mexicana, Luisa María Alcalde, presentó durante la sección «Derecho de Réplica» de la conferencia matutina un análisis con 54 cuentas de medios, periodistas, analistas y comentaristas, ubicados como la primera capa de una supuesta red que —según su exposición— origina y amplifica contenidos críticos contra el gobierno. La presentación incluyó a comunicadores como Carmen Aristegui y provocó cuestionamientos incluso dentro de Morena: el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que ese tipo de señalamientos puede derivar en estigmatización y pidió priorizar la tolerancia y la libertad de expresión.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se tratara de una «lista negra», sostuvo que fue solo un ejemplo de cómo operan las redes sociales y calificó de «tramposo» llamarla lista. Analistas y la propia Aristegui recordaron que, en 2021 y ya como figura pública, Sheinbaum había asociado la elaboración de listas de opositores con el macartismo y el nazismo, lo que alimentó el contraste señalado por columnistas: compilar nombres de periodistas críticos, agruparlos en un diagrama oficial y presentarlos como origen de una red adversa cumple, para buena parte del gremio, la definición práctica de una lista, más allá de cómo se le llame desde el poder.
Matriz comparativa: la evolución del hostigamiento a la prensa
| Dimensión | Caso Gary Webb (1996) | Regímenes de izquierda (Nicaragua, Venezuela, México) | Regímenes de derecha / populistas (EE. UU., El Salvador, Argentina) |
| Enemigo expuesto | Vínculos CIA / narco | Corrupción estatal, violaciones de DD. HH., violencia | Redes de desinformación, gasto público, estructuras de inteligencia |
| Mecanismo principal | Desprestigio en diarios rivales y aislamiento laboral | Confiscaciones, destierro, persecución penal y demandas criminales | Ataques en redes, asfixia económica/cierre de medios, acoso judicial |
| Narrativa oficial | «Investigación defectuosa / conspiración» | «Agentes del imperio / difusores de fake news» | «Prensa corrupta / enemigos del pueblo / ensobrados» |
| Consecuencia para el reportero | Muerte profesional y suicidio | Exilio, encarcelamiento o asesinato impune | Marginación, ciberacoso y quiebra por litigios |
Los siete casos documentados en la región
- Donald Trump (Estados Unidos). Freedom of the Press Foundation y FactCheck.org han registrado cómo calificar a los medios críticos de «enemigo del pueblo» se tradujo en un aumento histórico de investigaciones por filtraciones y en el uso de la Ley de Espionaje contra informantes.
- Nayib Bukele (El Salvador). Revista Factum e Infodemo documentaron discursos oficiales que tildaron a la prensa independiente de «portavoces de la oposición»; investigaciones fiscales por presunto lavado de dinero y el espionaje con el software Pegasus, confirmado por Citizen Lab, llevaron a El Faro a trasladar su redacción a Costa Rica en 2023.
- Daniel Ortega (Nicaragua). El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el CPJ documentaron la confiscación física de la redacción de La Prensa tras las redadas de 2021 y el desplazamiento al exilio de más de 200 periodistas, lo que ha llevado a calificar al país como un «desierto informativo».
- Javier Milei (Argentina). FOPEA registró ataques verbales sistemáticos del mandatario contra periodistas específicos en redes; el cierre de la agencia estatal Télam mediante cerco policial en marzo de 2024 y el retiro de pauta oficial fueron justificados como «combate a la pauta militante».
- Nicolás Maduro / Delcy Rodríguez (Venezuela). Cazadores de Fake News y Espacio Público documentan cómo el discurso oficial atribuye los problemas del país a «campañas mediáticas internacionales», mientras Conatel ha sacado del aire a más de 200 emisoras de radio.
- Claudia Sheinbaum (México). Artículo 19 y verificadores como Animal Político/El Sabueso han evaluado el trato a la prensa en las conferencias matutinas; al episodio histórico del «derecho de réplica» se suma ahora la controversia de agosto de 2026 por la exhibición de nombres de periodistas críticos.
- Panamá (impacto moderado). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la FIBGAR señalan que la amenaza principal no es la violencia física sino las demandas civiles y penales desproporcionadas por calumnia e injuria —los llamados SLAPPs—, usadas para asfixiar financieramente a medios digitales que investigan corrupción.
Conclusión
A tres décadas de «Alianza Oscura», el mapa regional confirma que la lección de Gary Webb sigue vigente, y que se ha ampliado con nuevas herramientas: ya no hace falta solo una campaña de desprestigio en diarios rivales para aislar a un periodista incómodo. Un desastre natural puede convertirse en pretexto para restringir accesos y credenciales; una presentación oficial sobre «cómo funcionan las redes» puede convertirse, para el gremio periodístico, en una lista de señalados. La constante, de izquierda a derecha y de la prensa impresa a la conferencia matutina transmitida en vivo, sigue siendo la misma: cuando una revelación o una cobertura incomoda al poder, la respuesta tiende a ser desacreditar, aislar o restringir al mensajero antes que responder a lo que denuncia.
Para contexto histórico y testimonios audiovisuales sobre el caso original, existe el documental «Gary Webb: Dark Alliance and the CIA», con declaraciones del propio Webb sobre el esquema de financiamiento a la Contra nicaragüense.
De Gary Webb a las listas de Sheinbaum
A 30 años de «Alianza Oscura»: Gary Webb, la traición de la prensa tradicional y la radiografía de la censura en el siglo XXI
«Tres décadas después de que un reportero regional expusiera los vínculos entre la CIA y el narcotráfico de la Contra, el patrón que lo destruyó profesionalmente —desprestigiar y aislar al periodista incómodo— reaparece hoy bajo formas nuevas: catástrofes naturales usadas para restringir la cobertura y listas oficiales que señalan a comunicadores críticos.»
El terremoto informativo de 1996 y la embestida de la gran prensa
San Jose Mercury News vs. El Establecimiento Periodístico Norteamericano
El 18 de agosto de 1996, el diario regional San Jose Mercury News publicó «Alianza Oscura» (Dark Alliance), una investigación en tres partes firmada por Gary Webb. La serie documentó cómo narcotraficantes vinculados a la Contra nicaragüense introdujeron cocaína en el norte de California en los años ochenta —alimentando la epidemia del crack—, cómo las ganancias financiaron la guerra contrarrevolucionaria y cómo la CIA conocía el tráfico y protegió a los distribuidores para no comprometer sus operaciones operativas.
Innovación Digital e Impacto Masivo
Publicada simultáneamente en la naciente web del periódico con audios, documentos y testimonios digitalizados. Alcanzó hasta 1.3 millones de visitas diarias, marcando un hito pionero en el periodismo en línea.
La Contraofensiva de la Gran Prensa
Los grandes diarios nacionales salieron a desacreditar el trabajo en lugar de profundizarlo:
- The Washington Post: Cuestionó la falta de documentos firmados de la alta cúpula de la CIA.
- Los Angeles Times: Destinó un equipo de 17 periodistas dedicados a rebatir la nota.
- The New York Times: Tildó el hallazgo de irresponsable y cercano a la teoría conspirativa.
Retiro, Disculpa Editorial y Reivindicación Silenciada
Cediendo a la presión corporativa, el editor Jerry Ceppos publicó una disculpa en 1997, retiró la investigación del sitio web y desterró a Webb a cubrir notas locales en una oficina secundaria, forzando su renuncia. En 1998, el Inspector General de la CIA, Frederick Hitz, admitió formalmente en un informe interno que la agencia sí conocía del narcotráfico de la Contra y lo encubrió. La gran prensa le otorgó una cobertura ínfima.
Muerte Trágica y Mártir Periodístico
Aislado profesionalmente, arruinado de forma económica y marginado del gremio periodístico, Gary Webb falleció por suicidio.
Anatomía del Aislamiento Periodístico (1996)
Investigación de periodismo regional que expone complicidad institucional de alto nivel.
Medios dominantes atacan las metodologías y destruyen la credibilidad del reportero.
El medio retira la nota del aire, pide disculpas y aísla laboralmente al autor.
Años más tarde, los informes oficiales admiten la verdad, pero sin eco público.
Cuando la tragedia se vuelve herramienta de censura
Manejo de la información en situaciones de desastre natural (Junio y Agosto 2026)
Control de Acceso y Cierre de Redes
- Acreditación obligatoria: Coresponsales obligados a registrarse y movilizarse solo en autobuses oficiales hacia La Guaira y Caracas.
- Censura previa: IPYS Venezuela documentó al menos 12 restricciones graves y decomiso de credenciales.
- Bloqueo mediático previa: Red X bloqueada desde 2024 y cierre previo de emisoras regionales como Urbana 94.3 FM.
Restricción de Datos e Instrumentalización
- Plataforma bloqueada: Síncope denunció restricción de acceso a la plataforma pública de evaluación situacional de la UNGRD.
- Uso de etiqueta «Fake News»: Polémica entre ex-presidente Petro y alcalde de Pereira sobre rescates bajo escombros.
- Efecto acumulado: La etiqueta de desinformación usada para desacreditar alertas incómodas durante crisis.
El caso más reciente: La «lista» de Sheinbaum en México
Mediados de agosto de 2026 — Exhibición desde el poder ejecutivo
Durante la sección «Derecho de Réplica» de la mañanera, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, expuso un esquema con 54 cuentas de medios, periodistas y analistas (incluyendo a Carmen Aristegui), acusándolos de originar y amplificar narrativas adversas.
Ricardo Monreal (Morena) advirtió que señalar comunicadores deriva en estigmatización y pidió tolerancia.
En 2021, Sheinbaum equiparó hacer listas de opositores con el macartismo; hoy defiende el diagrama como «ejemplo didáctico».
Voces Señaladas en la Mañanera
Agrupar nombres en diagramas oficiales cumple la función de señalamiento público directo.
Matriz comparativa: La evolución del hostigamiento a la prensa
Paralelo táctico entre la era de Gary Webb (1996) y las estrategias contemporáneas (2026)
7 Casos documentados en la región
Mapeo de la presión a la prensa en el continente americano
Fuentes: Freedom of the Press / FactCheck.org
Retórica de «enemigo del pueblo», persecución judicial a filtraciones y aumento del uso de la Ley de Espionaje para juzgar a informantes.
Fuentes: Revista Factum / Citizen Lab
Uso de espionaje digital (Pegasus), acusaciones de lavado de dinero a medios independientes como El Faro, forzando la mudanza de su redacción a Costa Rica.
Fuentes: Colectivo Nunca Más / CPJ
Confiscación de la redacción de La Prensa, despojo de nacionalidad y desierto informativo con más de 200 comunicadores exiliados.
Fuentes: FOPEA
Ataques verbales directos desde redes, cierre de la agencia estatal Télam en marzo de 2024 y suspensión de la pauta publicitaria oficial.
Fuentes: Espacio Público / Cazadores
Cierre masivo de más de 200 emisoras de radio por CONATEL, bloqueo de plataformas web y criminalización de la cobertura periodística en crisis.
Fuentes: Artículo 19 / El Sabueso
Señalamiento y exposición en la conferencia matutina de diagramas con 54 nombres de comunicadores críticos bajo el formato de «réplica».
Fuentes: SIP / FIBGAR
Sin violencia física generalizada, pero amenazados por acoso judicial sistemático: demandas civiles y penales millonarias por calumnia e injuria (SLAPPs) para ahogar económicamente a medios digitales.
Conclusión del Especial Periodístico
A tres décadas de «Alianza Oscura», el mapa regional confirma que la lección de Gary Webb sigue vigente, y que se ha ampliado con nuevas herramientas: ya no hace falta solo una campaña de desprestigio en diarios rivales para aislar a un periodista incómodo.
Un desastre natural puede convertirse en pretexto para restringir accesos y credenciales; una presentación oficial sobre «cómo funcionan las redes» puede convertirse, para el gremio periodístico, en una lista de señalados.
Versión en inglés
From Gary Webb to Sheinbaum’s Lists
30 Years of “Dark Alliance”: Gary Webb, the Betrayal of the Mainstream Press, and the X-Ray of Censorship in the 21st Century
Special report for DNews507 by Gerardo Camargo
“Three decades after a regional reporter exposed the links between the CIA and Contra drug trafficking, the pattern that destroyed him professionally—discrediting and isolating the inconvenient journalist—reappears today in new forms: natural disasters used to restrict coverage and official lists that single out critical communicators.”
The Informational Earthquake of 1996
On August 18, 1996, the regional newspaper San Jose Mercury News published “Dark Alliance,” a three-part investigation by Gary Webb. The series documented how drug traffickers linked to the Nicaraguan Contra introduced cocaine into Northern California during the 1980s—fueling the crack epidemic—how those profits financed the war against the Sandinista government, and how the CIA, according to the investigation, knew of the trafficking and protected the distributors so as not to compromise its operations in Central America. Published on the newspaper’s nascent website, with audio, testimonies, and documents, the series reached up to 1.3 million daily visits, a milestone for digital journalism at the time.
The Onslaught of the Mainstream Press
Instead of following up, major U.S. newspapers set out to discredit the work. The Washington Post questioned the lack of signed documents proving the direct involvement of CIA high command. Los Angeles Times assigned a team of 17 journalists to rebut the report. The New York Times labeled the findings irresponsible and close to conspiracy theory.
Under that pressure, editor Jerry Ceppos published a column of apology in 1997, the newspaper removed the investigation from the internet, and Webb was relegated to local notes in a secondary office, which ultimately forced his resignation. In 1998, CIA Inspector General Frederick Hitz admitted in an internal report that the agency did know of Contra drug trafficking and covered it up; the news received only minor coverage. Webb, professionally and economically isolated, died by suicide on December 10, 2004.
When Tragedy Becomes a Tool of Censorship
The pattern that sank Webb—discredit, restrict access, isolate the informant—did not disappear: it also migrated to the terrain of emergencies. The earthquakes that struck Venezuela and Colombia in 2026 offer a current case study of how information management during a disaster can become another front of pressure against the press.
Venezuela. The June 24, 2026 quakes, which left thousands dead and displaced in La Guaira, Caracas, and other states, found the country with an already weakened media ecosystem: since August 2024 the social network X had been blocked and more than 90 portals faced access restrictions. According to Reporters Without Borders (RSF) and Espacio Público, during the emergency the government imposed an accreditation scheme requiring correspondents to register, provide personal data, and travel only on official buses to access affected areas; outside that circuit, entry was forbidden. IPYS Venezuela documented at least twelve restrictions on journalistic work between June 24 and 30, including harassment, confiscation of a press credential, and a measure aimed at imposing prior censorship on coverage of the tragedy. Days before the disaster, moreover, Conatel and the National Guard had shut down and seized equipment from several regional stations, including Urbana 94.3 FM, on air for 16 years.
Colombia. The 7.4 magnitude earthquake that struck the Coffee Axis and Pacific region on August 10, 2026 generated a similar episode: the Colombian Journalists’ Union (Síncope) denounced that the National Unit for Disaster Risk Management, under the new government of Abelardo de la Espriella, restricted access to the public real-time situational assessment platform, which the union described as the first act of censorship of emergency information. In parallel, the tragedy became a political battlefield: former president Gustavo Petro publicly accused the mayor of Pereira of withdrawing rescuers while people might still be alive under the rubble; the mayor denied it and asked that misinformation not be spread during the emergency. The episode illustrates a recurring mechanism in the region: the label of “fake news” or misinformation is used both to debunk genuine rumors and to delegitimize any uncomfortable account during a crisis, making it harder for the public to distinguish between legitimate correction and political pressure.
In both countries, the outcome converges with the logic that struck Webb: access to information is filtered, delayed, or conditioned precisely when it is most urgent, and those who try to document the crisis independently end up under suspicion, surveillance, or direct restriction.
The Most Recent Case: Sheinbaum’s “List” in Mexico
In mid-August 2026, the legal counsel of the Mexican Presidency, Luisa María Alcalde, presented during the “Right of Reply” section of the morning press conference an analysis with 54 accounts of media outlets, journalists, analysts, and commentators, identified as the first layer of a supposed network that—according to her presentation—originates and amplifies content critical of the government. The presentation included communicators such as Carmen Aristegui and provoked questions even within Morena: the coordinator of the parliamentary group in the Chamber of Deputies, Ricardo Monreal, warned that such accusations could lead to stigmatization and urged prioritizing tolerance and freedom of expression.
President Claudia Sheinbaum rejected that it was a “blacklist,” insisted it was only an example of how social networks operate, and called it “tricky” to label it a list. Analysts and Aristegui herself recalled that in 2021, already a public figure, Sheinbaum had associated the making of opponent lists with McCarthyism and Nazism, which fueled the contrast noted by columnists: compiling names of critical journalists, grouping them in an official diagram, and presenting them as the origin of an adversarial network meets, for much of the profession, the practical definition of a list, regardless of what those in power call it.
Comparative Matrix: The Evolution of Harassment Against the Press
| Dimension | Gary Webb Case (1996) | Leftist Regimes (Nicaragua, Venezuela, Mexico) | Right-wing / Populist Regimes (U.S., El Salvador, Argentina) |
| Exposed Enemy | CIA / narco links | State corruption, human rights violations, violence | Disinformation networks, public spending, intelligence structures |
| Main Mechanism | Discredit in rival papers and workplace isolation | Confiscations, exile, criminal prosecution and lawsuits | Social media attacks, economic suffocation/closure of outlets, judicial harassment |
| Official Narrative | “Defective investigation / conspiracy” | “Agents of the empire / fake news spreaders” | “Corrupt press / enemies of the people / paid-off journalists” |
| Consequence for Reporter | Professional death and suicide | Exile, imprisonment, or impunity in murder | Marginalization, cyber harassment, bankruptcy from litigation |
The Seven Documented Cases in the Region
- Donald Trump (United States). Freedom of the Press Foundation and FactCheck.org recorded how labeling critical media “enemy of the people” translated into a historic increase in leak investigations and use of the Espionage Act against informants.
- Nayib Bukele (El Salvador). Revista Factum and Infodemo documented official speeches branding independent press as “opposition spokespeople”; fiscal investigations for alleged money laundering and Pegasus spyware surveillance, confirmed by Citizen Lab, forced El Faro to move its newsroom to Costa Rica in 2023.
- Daniel Ortega (Nicaragua). The Human Rights Collective “Nicaragua Nunca Más” and CPJ documented the physical confiscation of La Prensa’s newsroom after 2021 raids and the exile of more than 200 journalists, leading to the country being described as an “information desert.”
- Javier Milei (Argentina). FOPEA recorded systematic verbal attacks by the president against specific journalists on social media; the closure of the state agency Télam through police cordon in March 2024 and withdrawal of official advertising were justified as “combat against militant advertising.”
- Nicolás Maduro / Delcy Rodríguez (Venezuela). Cazadores de Fake News and Espacio Público document how official discourse blames the country’s problems on “international media campaigns,” while Conatel has taken more than 200 radio stations off the air.
- Claudia Sheinbaum (Mexico). Article 19 and fact-checkers such as Animal Político / El Sabueso have evaluated the treatment of the press in morning conferences; the historic “right of reply” episode now adds the August 2026 controversy over the display of names of critical journalists.
- Panama (moderate impact). The Inter-American Press Society (SIP) and FIBGAR point out that the main threat is not physical violence but disproportionate civil and criminal lawsuits for slander and libel—the so-called SLAPPs—used to financially suffocate digital outlets investigating corruption.
Conclusion
Three decades after “Dark Alliance,” the regional map confirms that Gary Webb’s lesson remains valid and has expanded with new tools: it no longer takes only a smear campaign in rival newspapers to isolate an inconvenient journalist. A natural disaster can become a pretext to restrict access and credentials; an official presentation on “how networks work” can become, for the journalistic profession, a list of those singled out. The constant
Periodismo Investigativo
Desiertos de noticias: un diagnóstico urgente del periodismo local en América Latina
Liderado por la Fundación Gabo, este estudio único en la región se sumerge en los ecosistemas de noticias locales en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Con un mapa interactivo e informes minuciosos, arroja luz sobre el vacío informativo, la precariedad laboral, la dependencia económica y otros aspectos desafiantes en el periodismo local del continente.
Fuente: Fundación Gabo https://fundaciongabo.org/ – Por: Red Ética @etica
Octubre, 2025 – América Latina está poblada de desiertos informativos, esos territorios con condiciones débiles y sumamente críticas para ejercer el periodismo de forma profesional y estable. También abundan los semidesiertos, lugares que ofrecen condiciones escasas para que los medios o plataformas periodísticas y sus reporteros puedan desarrollarse. Hay semibosques, con condiciones para ejercer el periodismo de manera limitada y numerosos desafíos. Y hay bosques, comunidades donde las circunstancias reverdecen para el ejercicio profesional y las audiencias reciben información constante sobre el contexto de la vida local.
En estos cuatro paisajes se apoya el estudio Desiertos de Noticias Locales para explorar el ecosistema periodístico en cinco países de América Latina. Perú, México, Argentina y Chile son perfilados pasando de los desiertos áridos a los bosques frondosos con sus zonas intermedias. En el caso de Colombia, en vez de las cuatro categorías, se analizan 34 municipios y sus condiciones para el ejercicio del periodismo local.
El estudio es una expansión de ‘Desiertos de noticias locales en Argentina’, un proyecto pionero realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en 2020-2021. Este trabajo recibió dos premios de la Society for News Design y una nominación del World Justice Project, y sentó las bases de la nueva investigación, ampliada y ajustada a las particularidades de cada entorno. Además de las cuatro categorías, el estudio también se apoya en un “cuádruple ángulo metodológico”: investigación documental, encuestas, análisis contextual por investigadores locales y coordinación y validación nacional.
Para llevarlo a cabo, se convocó a un equipo de trabajo de 118 personas, que incluyó investigadores en terreno y líderes por cada país. El diagnóstico, liderado por la Fundación Gabo, se realizó en alianza con socios elegidos por su experticia y conocimiento del entorno informativo nacional: FOPEA, en Argentina; Quinto Elemento Lab, de México; la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales (CIP.UDP), de Chile; y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia.
El resultado es un especial en línea con mapa interactivo e informes detallados que visibilizan e identifican áreas en las que el periodismo local está ausente o apenas sobrevive, ya sea por falta de medios o plataformas de periodismo, dependencia al gobierno y otros organismos de poder, o una merma en los servicios periodísticos que les impide sostenerse en el tiempo con trabajo independiente. La investigación da cuenta de un panorama marcado por la precariedad y la informalidad, con la autonomía editorial socavada por las relaciones con la administración pública o la sujeción financiera, predominantemente masculino, con escasa representación de personas indígenas, negras o LGBTIQ+ y poca participación de formatos emergentes como el pódcast.
Los 6.133 proyectos periodísticos encuestados ofrecen una cobertura territorial y demográfica variadas. En Argentina, donde se encuestaron a 3.048 proyectos periodísticos, se cubrió la totalidad del territorio nacional, al igual que en Perú, con 1.271 encuestas. En Chile –802 proyectos periodísticos encuestados– se exploró casi todo el territorio salvo algunas comunas del área metropolitana de Santiago. En México hubo 849 proyectos periodísticos encuestados, lo que corresponde al 14 % del territorio nacional, con muestras en cada estado para asegurar representación geográfica. En Colombia, a partir de la mencionada muestra representativa de municipios, se realizaron 163 encuestas a proyectos periodísticos y 70 entrevistas cualitativas.
La mayoría de los países no contaban con un diagnóstico de este tipo en su historia. El caso argentino permite comparaciones con su estudio precursor; en ese país, en los últimos cuatro años, se registra el nacimiento y la desaparición de múltiples medios periodísticos. En Chile, una de las conclusiones indica que en casi todas las comunas sondeadas perviven los desiertos y semidesiertos informativos. En Colombia llaman la atención las redes frágiles en el campo periodístico y las nulas garantías laborales. En México, además de la precaria situación laboral, es lamentable que ninguna organización esté libre de los ataques a la prensa, mientras que en Perú los bosques informativos son un lujo de las capitales regionales.
La “aridez” del ecosistema periodístico “se expresa no sólo en la ausencia de medios, sino también en modelos de negocio frágiles, alta dependencia de recursos públicos, formas de vinculación que no aportan seguridad laboral, censura, autocensura y, en muchos casos, riesgos para la seguridad de los periodistas”, dice en la introducción Karen de la Hoz, que estuvo a cargo de la dirección regional del estudio. Además, subraya que ninguno de los países analizados posee bosques informativos en más del 14% del territorio. Los semibosques, por su parte, crecen entre el 14% y 19% y solo Perú supera el 20% del total. Las condiciones ‘desérticas’ están afectando en especial a las mujeres periodistas locales: “Ningún país alcanza la paridad: la proporción femenina oscila entre 34 % (Chile) y 45 % (México)”, señala otro apartado.
Pensado como una red entre instituciones del campo periodístico y académico de cada país, este estudio nos acerca a los desafíos y oportunidades del periodismo local y promueve una iniciativa regional para fortalecer el ecosistema de medios y periodistas. “En el año en que la Fundación Gabo celebra 30 años de trabajo por un periodismo ético y comprometido, este estudio representa un aporte decisivo para revalidar el rol del periodismo como bien público”, dijo Miguel Montes Camacho, director de Programas de la Fundación Gabo. “Al visibilizar las brechas informativas que persisten en nuestra región, especialmente a nivel local, reafirma la necesidad de fortalecer el periodismo de proximidad, con vocación de servicio y arraigo en las comunidades, como herramienta clave para garantizar el derecho a la información y revitalizar la vida democrática desde los territorios”, agregó.
Este diagnóstico también constituye una herramienta visual y metodológica para luchar contra el vacío informativo en los desiertos de noticias locales. Cada territorio analizado traza un mapa sembrado de desafíos que nos compromete aún más con el periodismo de todos los días.
Si quieres explotar el análisis completo del periodismo local en cinco países de América Latina, ingresa al sitio web de los Desiertos de Noticias Locales.
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