Sin concesión ni extracción nueva Cobre Panamá atiende únicamente su mantenimiento ambiental

Editorial por: Gerardo Camargo

DNews507, 5 de octubre de 2026 – La mina de cobre ubicada entre los distritos de Donoso y General Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón, con acceso desde el distrito de La Pintada en Coclé, atraviesa un escenario de rigurosa fiscalización caracterizado por la restricción absoluta de acceso a sus instalaciones. En la actualidad, el ingreso se mantiene totalmente cerrado para personas no autorizadas en las distintas áreas operativas, lo que abarca los tajos de extracción, la planta de procesamiento, la central termoeléctrica, las instalaciones portuarias y los campamentos. Esta parálisis física ocurre mientras el proyecto continúa siendo eje central del discurso político nacional, exigiendo un análisis imparcial que confronte las decisiones institucionales con la realidad operativa en el terreno y la vigilancia ciudadana.

En términos estrictamente jurídicos y administrativos, la filial Cobre Panamá opera hoy sin contrato y sin concesión legal tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia y la posterior ley de moratoria minera indefinida dictada en noviembre de 2023. Bajo este marco, la empresa no cuenta con autorización alguna para realizar actividades de extracción de nuevo mineral en el yacimiento. La única potestad operativa permitida se limita al procesamiento exclusivo del material que fue previamente extraído hasta el 28 de noviembre de 2023, sumado a las tareas indispensables del Plan de Preservación y Gestión Segura orientadas al cuidado de la infraestructura y a la mitigación de riesgos ambientales en el sitio.

El informe final sobre el Plan de Cierre Seguro entregado de forma conjunta por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea una hoja de ruta institucional que enfrenta complejos desafíos de ejecución práctica. Debido a la ausencia de otros operadores capacitados para asumir la custodia técnica de una infraestructura industrial de esta magnitud, la continuidad de la filial de First Quantum Minerals en las labores exclusivas de mantenimiento responde también a la urgencia de gestionar la amenaza de arbitrajes internacionales multimillonarios interpuestos contra el Estado panameño a raíz de la interrupción abrupta de las operaciones.

Desde la perspectiva de la sociedad civil y el movimiento ambientalista, organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Fundación Adopta Bosque Panamá y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) enfatizan la necesidad de supervisar con rigor el cumplimiento de las restricciones operativas a través de datos abiertos y auditorías independientes. Para estos colectivos, la prioridad radica en garantizar el respeto irrestricto al fallo judicial, proteger la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano y monitorear la calidad de las cuencas hidrográficas adyacentes, rechazando cualquier esquema que pretenda reanudar la actividad extractiva a través de vacíos administrativos.

El impacto del proyecto sigue alimentando un intenso debate macroeconómico y político respecto al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) que representaba la actividad minera en la economía nacional. Mientras gremios como la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) advierten sobre las repercusiones fiscales e insisten en la necesidad de definir el destino de la obra según las estimaciones del MEF, las diversas facciones políticas instrumentan el tema según sus conveniencias electorales. Este contraste entre posturas de rechazo dogmático y propuestas de explotación bajo parámetros ambientales estrictos mantiene a la ciudadanía en medio de un debate polarizado que posterga la adopción de soluciones técnicas definitivas. Ordenar el futuro del proyecto minero en el Atlántico panameño requiere dejar de lado la retórica electoralista y construir una estrategia de Estado basada en la legalidad, la transparencia y el rigor técnico. De contemplarse un plan de cierre o una fase de transición con un horizonte no mayor a 25 años articulado bajo conceptos de economía azul, bonos de carbono, sostenibilidad y participación estatal, este debe fundamentarse en la prohibición total de nueva extracción y en la apertura pública de los datos del MICI y el Ministerio de Ambiente para certificar ante el país el verdadero estado de los pasivos ambientales.

Investigación del Ministerio de Ambiente destaca conservación marina y biodiversidad en Panamá

Redacción: DNews507 – Fuente: RRPP Ministerio de Ambiente

Isla de Coiba, Veraguas, 5 de octubre de 2026 – El Ministerio de Ambiente presentó los avances de su programa de monitoreo científico en el Parque Nacional Coiba, desarrollado de forma continua desde junio de 2025 con el respaldo financiero del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO). El hallazgo de mayor relevancia biológica y de gestión ambiental radica en la caracterización poblacional de la tortuga verde (Chelonia mydas): a diferencia de la tendencia observada en otros puntos de alimentación del Pacífico Oriental Tropical, donde usualmente predominan especímenes juveniles, las aguas jurisdiccionales del archipiélago albergan una elevada concentración de individuos adultos en estado de salud favorable. Este contraste frente a las métricas regionales abiertas resalta el valor ecosistémico de la zona protegida, al tiempo que plantea la obligación institucional de mantener la fiscalización efectiva del área frente a presiones antrópicas e industriales.

Primeros resultados del monitoreo y condición corporal

Durante tres giras de campo enfocadas en el marcaje y la recolección de datos oceanográficos mediante buceo nocturno, los técnicos de la Institución documentaron un total de 105 registros y lograron marcar y liberar a 103 ejemplares. La cobertura espacial abarcó cinco puntos del archipiélago: Playa Blanca, Isla Cocos, Granito de Oro, Bahía Gambute e Isla Ranchería. La evaluación morfométrica arrojó una longitud curva de caparazón (LCC) promedio de 73.9 centímetros, con aproximadamente un 60 % de la muestra superando el umbral de los 75 centímetros. Estas dimensiones son compatibles con las tallas registradas en hembras reproductoras de la zona y confirman que el sitio opera como un centro de concentración para adultos saludables.

En el plano ponderal, la Institución reportó un peso medio de 46.7 kilogramos, registrando especímenes que alcanzaron hasta los 71 kilogramos. Mediante la aplicación de un índice de condición corporal especializado, los especialistas evaluaron el estado físico de los ejemplares sin detectar individuos con desnutrición o valores anómalos. Al comparar estas cifras con las bases de datos abiertas sobre conservación marina regional, se evidencia la presencia de un entorno con recursos alimentarios suficientes; sin embargo, analistas del sector señalan que la sostenibilidad de estas métricas requerirá de un control riguroso sobre las actividades pesqueras no autorizadas en los límites del parque.

Variación fenotípica y proyección de análisis genéticos

El programa de seguimiento biológico evidenció una amplia diversidad en la pigmentación y en los patrones del caparazón de las tortugas verdes evaluadas. Se registraron especímenes con diseños radiados en tonalidades ámbar, naranja y castaño, así como individuos de coloración oscura entre oliva y gris con distintos niveles de moteado. De acuerdo con las declaraciones de Wilfredo Poveda, coordinador científico del Parque Nacional Coiba, esta variabilidad fenotípica constituye un hallazgo de alto interés biológico, sugiriendo que el archipiélago podría funcionar como un punto de convergencia o interconectividad para poblaciones originarias de diversas áreas del Pacífico Oriental Tropical.

Ante este panorama, el Ministerio contempla la realización de estudios genéticos en las siguientes fases del programa para determinar la variabilidad y estructura poblacional de la especie. Esta aproximación técnica busca comprobar si existe flujo genético o conectividad con colonias reproductoras de otros puntos del continente. La integración de estos análisis en plataformas de datos abiertos resulta clave para trascender la descripción morfológica, permitiendo a la comunidad científica internacional verificar el nivel de protección que Panamá otorga a reservorios genéticos compartidos a nivel transfronterizo.

Telemetría satelital y dinámicas de residencia regional

Determinar los patrones de movilidad y los tiempos de permanencia de la tortuga verde es una prioridad técnica para la Institución. Con el objetivo de esclarecer si los especímenes adultos residen de forma prolongada en el archipiélago o si realizan desplazamientos estacionales hacia otras áreas de alimentación o reproducción, las autoridades prevén la implementación de herramientas de seguimiento remoto, tales como la telemetría satelital. Esta tecnología ofrecerá datos en tiempo real sobre la localización y rutas migratorias de los ejemplares evaluados.

La ejecución de estas herramientas, respaldada financieramente por el Fondo FIDECO, generará información oceanográfica que deberá ser cotejada con los datos de tráfico marítimo y la vigilancia ambiental en la zona. El análisis objetivo de esta interacción permitirá evaluar la efectividad de las medidas de conservación implementadas dentro del área protegida. La continuidad de estas campañas de campo resulta indispensable para consolidar una base de evidencia científica que fundamente las futuras decisiones de ordenamiento territorial marino.

La identificación del Parque Nacional Coiba como un hábitat crítico para tortugas verdes adultas posiciona a la Institución ante la responsabilidad de transformar las observaciones de campo en políticas sostenibles de conservación marina. La correcta fiscalización de los fondos aportados por FIDECO y la divulgación transparente de los futuros hallazgos genéticos y telemáticos en datos abiertos serán los indicadores definitivos para medir la eficacia de la gestión pública. La protección de especies amenazadas exige rigurosidad científica constante, capacidad de fiscalización en áreas marinas y un compromiso institucional permanente con la integridad de los ecosistemas del país.

El banco regional financia medidas de contingencia e impacto económico en Latinoamérica

Redacción: DNews507 – Fuente: Web oficial del CAF www.caf.com

CAF, 5 de octubre de 2026 – El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha dispuesto una partida financiera inicial de 1.000 millones de dólares orientada a apoyar la preparación y respuesta de los países de América Latina y el Caribe frente a un eventual fenómeno meteorológico de intensidad excepcional, calificado como ‘súper Niño’, previsto para el periodo 2026-2027. La iniciativa responde a la alerta emitida por comunidades científicas y organismos internacionales sobre las graves alteraciónes climáticas que amenazan con desstabilizar sistemas productivos, infraestructuras críticas y presupuestos nacionales. La estrategia contempla articular acciones directas con gobiernos centrales, administraciones locales, la banca de desarrollo, el sector financiero privado y corporaciones empresariales para mitigar impactos sistémicos en la región.

En términos macroeconómicos y comparados con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un choque climático de esta escala posee una capacidad destructiva capaz de restar hasta un 2 % al Producto Interno Bruto (PIB) regional y arrastrar a más de 4,8 millones de personas a la pobreza. El análisis de los datos sectoriales advierte que la reducción drástica en la productividad agrícola, ganadera y pesquera, sumada a la interrupción de las cadenas logísticas globales y la presión al alza en los precios internacionales de las materias primas, tensionará severamente los balances fiscales de las naciones impactadas. Este escenario obliga a contrastar la suficiencia del fondo de 1.000 millones de dólares frente a la magnitud real de las pérdidas históricas acumuladas por la región ante eventos climáticos extremos.

La gravedad de la coyuntura fue enfatizada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quien advirtió que el ciclo actual de El Niño podría consolidarse como el de mayor severidad en los últimos cien años, comprometiendo directamente la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, el suministro de energía y la salud pública. No obstante, al analizar la vulnerabilidad estructural de los Estados beneficiarios, la efectividad de estos recursos dependerá no solo del volumen del desembolso, sino de la capacidad institucional de absorción y ejecución presupuestaria en proyectos de resiliencia de largo plazo. Sin una reforma profunda en la infraestructura hídrica y energética, el financiamiento de emergencia corre el riesgo de funcionar como un paliativo temporal ante deficiencias históricas de inversión pública.

Dentro del plan de acción institucional, Panamá albergará los días 27 y 28 de enero de 2027 la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe enfocada en la gestión financiera de desastres y la resiliencia fiscal, en el marco del Foro CAF. El encuentro buscará estandarizar mecanismos de transferencia de riesgos, coberturas paramétricas y gestión de pasivos contingentes ante desastres naturales. En un contexto de elevado endeudamiento soberano en la región, la discusión ministerial deberá sopesar el impacto fiscal de recurrir a nuevo endeudamiento multilateral frente a la imperiosa necesidad de reasignar presupuestos bajo criterios estrictos de transparencia, rendimiento de cuentas y fiscalización mediante plataformas de datos abiertos.

Adicionalmente, CAF impulsará la elaboración de un Libro Blanco enfocado en coordinar metodologías multisectoriales, transferir mejores prácticas operativas y desplegar programas de asistencia técnica y ayuda humanitaria entre los países afectados. Esta herramienta estará respaldada por plataformas tecnológicas orientadas al intercambio interinstitucional de datos en tiempo real entre el sector público y la industria privada. Sin embargo, la efectividad operativa de este marco normativo técnico estará supeditada a la eliminación de trabas burocráticas y a la homologación de protocolos fronterizos entre los países de la región, un factor que históricamente ha ralentizado la ejecución de proyectos multilaterales durante contingencias internacionales.

La movilización preventiva de recursos por parte de CAF marca un giro relevante hacia la gestión prospectiva del riesgo climático, alejándose del modelo puramente reactivo que ha prevalecido en la región. De cara al ciclo 2026-2027, la eficacia real de este paquete económico dependerá de la celeridad con que los gobiernos traduzcan el financiamiento y las recomendaciones técnicas en obras de infraestructura adaptativa, redes de protección social efectivas y mecanismos transparentes de asignación de recursos, garantizando que la respuesta ante el ‘súper Niño’ preserve la estabilidad económica e inclusiva de América Latina y el Caribe.