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El Niño amenaza finanzas del Canal panameño
Afectaciones hídricas reducen el tránsito marítimo y ponen en riesgo sectores productivos.
Redacción: DNews507 – Fuente: RRPP APEDE
Panamá, 21 de septiembre de 2026 – La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha constituido un equipo multidisciplinario para dar seguimiento técnico y fiscalizador a los efectos socioeconómicos del fenómeno de El Niño, cuya intensidad se prevé extendida entre 12 y 18 meses en el territorio nacional. La iniciativa surge ante la inminente contracción de las precipitaciones que afectará de forma directa tanto a los sectores agropecuarios de las provincias centrales como a la operatividad logística del Canal de Panamá. Frente a una previsión climática desfavorable para el último trimestre de 2026 y una entrada anticipada de la estación seca, la articulación del sector privado busca evaluar críticamente las decisiones gubernamentales en torno a la gobernanza del agua, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del comercio exterior.
El impacto del déficit hídrico ya refleja brechas operativas y productivas críticas que vulneran los cimientos económicos del país. En regiones agrícolas clave como el Arco Seco y la península de Azuero, la escasez de lluvia amenaza la continuidad de cultivos y ganadería, evidenciando la mora histórica en infraestructura básica para cosecha de agua, pozos y reservorios. Paralelamente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha tenido que recortar cuatro tránsitos diarios y reducir el calado máximo de los buques Neopanamax de 50 a 48 pies. Esta medida restrictiva golpea directamente al segmento operativo más rentable de la vía interoceánica, el cual genera entre el 55% y el 60% de sus utilidades totales, demostrando que la vulnerabilidad climática compromete de inmediato el flujo de caja estatal.
Desde un enfoque comparativo y financiero, la recurrencia de las sequías pone al descubierto el elevado costo de no contar con fuentes hídricas alternativas consolidadas. Durante el periodo de sequía 2023-2024, el Canal registró pérdidas masivas de ingresos debido a la cancelación de itinerarios marítimos, un escenario de contracción que se proyecta reiterar para los próximos ejercicios fiscales. La imposibilidad de transitar adecuadamente fuerza a las líneas navieras a desviarse hacia rutas alternas, encareciendo fletes y distorsionando las cadenas globales de suministro. El siguiente desglose técnico sintetiza el impacto financiero y operativo generado por las restricciones hídricas en la vía interoceánica:
| Indicador Operativo / Financiero | Impacto Sequía 2023–2024 | Proyección Año Fiscal 2027 |
| Reducción de Tránsitos | -2,700 buques (-21%) | -1,265 buques |
| Pérdida de Carga Transportada | -88 millones de toneladas (-17%) | -32 millones de toneladas |
| Ingresos No Percibidos / Pérdida | $827 millones | $225 millones a $400 millones |
| Costo Adicional por Desvío de Buque | N/D | $407,000 a $796,000 por viaje (+5 a 14 días) |
| Inversión Hídrica Proyectada | N/D | $341.3 millones ($82 millones para Río Indio) |
Un elemento crítico en esta crisis es la creciente tensión entre la soberanía hídrica para consumo humano y las necesidades operativas de la vía interoceánica. La cuenca hidrográfica del Canal abastece de agua potable a más de dos millones de habitantes; las plantas potabilizadoras extraen diariamente un volumen equivalente al requerido por cerca de ocho tránsitos de embarcaciones. Aunque el consumo poblacional representa una prioridad infranqueable, la falta de políticas integrales de gestión de cuencas ha obligado al Canal a implementar ahorros de más del 40% de agua por tránsito para sostener la neutralidad de su servicio. Esta competencia por el recurso hídrico acentúa la urgencia de ejecutar soluciones de fondo, como el proyecto del río Indio —valorado en $1,500 millones—, cuyo aporte estimado de 11 a 15 tránsitos diarios adicionales resultará indispensable para evitar un estrangulamiento logístico definitivo.
Las ramificaciones macroeconómicas del fenómeno trascienden las fronteras nacionales y exponen las debilidades del modelo de desarrollo local frente al cambio climático. Las demoras de hasta dos semanas en el tránsito marítimo e incrementos operativos de hasta $796,000 por buque generan presiones inflacionarias que terminan trasladándose al consumidor final global y reduciendo la competitividad de la ruta panameña. A nivel local, el rezago en inversiones de adaptación hídrica amenaza no solo los aportes del Canal al Tesoro Nacional, sino también la estabilidad del empleo rural y los costos de generación eléctrica, evidenciando una desconexión estructural entre los planes de contingencia gubernamentales a corto plazo y las necesidades operativas de la economía real.
La fiscalización independiente y la formulación de propuestas técnicas por parte del sector privado constituyen un paso necesario pero insuficiente si el Estado no acelera la ejecución presupuestaria y las reformas regulatorias requeridas. Ante un fenómeno climático recurrente e intensificado, la supervivencia del modelo económico dependerá de superar la respuesta coyuntural de perforación de pozos e implementar una política nacional hídrica vinculante que garantice el consumo humano, proteja la producción agroalimentaria y asegure la sostenibilidad financiera del Canal a largo plazo.
Versión en inglés
El Niño Threatens Panama Canal Finances
Water shortages reduce maritime transit and put productive sectors at risk.
Written by: DNews507 – Source: RRPP APEDE
Panama, September 21, 2026 – The Panamanian Association of Business Executives (APEDE) has formed a multidisciplinary team to provide technical monitoring and oversight of the socioeconomic effects of the El Niño phenomenon, whose intensity is expected to last between 12 and 18 months across the national territory. The initiative arises in response to the imminent contraction of rainfall that will directly affect both the agricultural sectors of the central provinces and the logistical operations of the Panama Canal. Faced with an unfavorable climate forecast for the last quarter of 2026 and the early arrival of the dry season, the private sector seeks to critically evaluate government decisions regarding water governance, food security, and the sustainability of foreign trade.
The impact of the water deficit already reveals critical operational and productive gaps that undermine the country’s economic foundations. In key agricultural regions such as the Arco Seco and the Azuero Peninsula, the lack of rain threatens the continuity of crops and livestock, highlighting the historic backlog in basic infrastructure for water harvesting, wells, and reservoirs. At the same time, the Panama Canal Authority (ACP) has had to cut four daily transits and reduce the maximum draft of Neopanamax vessels from 50 to 48 feet. This restrictive measure directly affects the most profitable operational segment of the interoceanic route, which generates between 55% and 60% of its total profits, demonstrating that climate vulnerability immediately compromises the state’s cash flow.
From a comparative and financial perspective, recurring droughts expose the high cost of lacking consolidated alternative water sources. During the 2023–2024 drought period, the Canal recorded massive revenue losses due to the cancellation of maritime itineraries, a contraction scenario projected to repeat in upcoming fiscal years. The inability to transit adequately forces shipping lines to divert to alternate routes, increasing freight costs and distorting global supply chains. The following technical breakdown summarizes the financial and operational impact generated by water restrictions on the interoceanic route:
| Operational / Financial Indicator | 2023–2024 Drought Impact | Fiscal Year 2027 Projection |
| Transit Reduction | -2,700 vessels (-21%) | -1,265 vessels |
| Cargo Loss | -88 million tons (-17%) | -32 million tons |
| Unrealized Revenue / Loss | $827 million | $225 million to $400 million |
| Additional Vessel Diversion Cost | N/A | $407,000 to $796,000 per trip (+5 to 14 days) |
| Projected Water Investment | N/A | $341.3 million ($82 million for Río Indio) |
A critical element in this crisis is the growing tension between water sovereignty for human consumption and the operational needs of the interoceanic route. The Canal watershed supplies drinking water to more than two million inhabitants; water treatment plants extract daily volumes equivalent to those required by nearly eight vessel transits. Although population consumption represents an unquestionable priority, the lack of comprehensive watershed management policies has forced the Canal to implement water savings of more than 40% per transit to sustain service neutrality. This competition for water resources underscores the urgency of executing long-term solutions, such as the Río Indio project — valued at $1.5 billion — whose estimated contribution of 11 to 15 additional daily transits will be indispensable to avoid a definitive logistical bottleneck.
The macroeconomic ramifications of the phenomenon transcend national borders and expose weaknesses in the local development model in the face of climate change. Delays of up to two weeks in maritime transit and operational increases of up to $796,000 per vessel generate inflationary pressures that ultimately reach the global end consumer and reduce the competitiveness of the Panamanian route. Locally, the lag in water adaptation investments threatens not only the Canal’s contributions to the National Treasury but also the stability of rural employment and electricity generation costs, evidencing a structural disconnect between short-term government contingency plans and the operational needs of the real economy.
Independent oversight and the formulation of technical proposals by the private sector constitute a necessary but insufficient step if the State does not accelerate budget execution and the required regulatory reforms. In the face of a recurrent and intensified climate phenomenon, the survival of the economic model will depend on moving beyond the short-term response of drilling wells and implementing a binding national water policy that guarantees human consumption, protects agricultural production, and ensures the long-term financial sustainability of the Canal.
En la política criolla parece estar prohibido opinar distinto
Por: Gerardo Camargo / Director DNews507
Panamá, 21 de septiembre de 2026 – Para comprender el debate político actual, es imperativo recordar el significado de «disentir»: no estar de acuerdo con el parecer, la idea o la opinión de otra persona. Sin embargo, en el escenario político criollo, este concepto ha sido distorsionado por los extremos. Hoy se pretende interpretar el disenso como la prohibición absoluta de dialogar con sectores ideológicamente opuestos.
En los últimos meses, el ambiente político ha tomado una aceleración prematura. Esto ocurre mientras la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) discutía y redactaba el nuevo Código Electoral —proceso en el que participan con voz y voto tres sectores de la sociedad civil (academia, ONG y empresa privada), los electos por libre postulación y los siete partidos políticos legalmente constituidos—. A este esfuerzo lo acompañan organizaciones gremiales como el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación de Medios Digitales de Panamá, entes llamados a mantener informados a sus agremiados sobre los avances que luego se presentan ante la Asamblea Nacional, evitando así contradicciones y descontextualizaciones al reportar sobre la materia.
Pero retomemos el núcleo del disenso. En paralelo a estas discusiones institucionales, el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, ha enfrentado un severo escrutinio político tras reunirse en Bogotá, Colombia, con el expresidente de la República y dirigente del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, quien se mantiene autoexiliado para eludir una condena judicial en firme.
Para un sector de la política y de la autoproclamada dirigencia civil, este encuentro fue catalogado de inmediato como una «traición» al electorado, argumentando que conversar con un condenado por corrupción despoja a Lombana de su bandera anticorrupción. No obstante, la realidad política indica que Martinelli continúa siendo un actor con notable influencia en el mapa nacional. Pretender que dialogar con un adversario o con una figura controversial equivale a empeñar el criterio o la honorabilidad es desconocer que el derecho a disentir exige, como requisito previo, la madurez de escuchar y respetar al interlocutor.
Este fenómeno de fragmentación y debate interno no es nuevo. En 2024, el expresidente Martín Torrijos Espino buscó retornar al poder bajo la bandera del Partido Popular, sumando el respaldo de figuras del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que discrepaban de su dirigencia. Entre ellos figuró el empresario Gabriel Diez (hijo). Hoy, en 2026, tras haber sido aliados, Diez ha anunciado la formación de su propio movimiento político. En este caso, la discrepancia condujo a la construcción de nuevas plataformas; sin embargo, los discursos de ambos sectores siguen careciendo de apertura al no aceptar que la diferencia de criterios en temas sensibles es legítima. Torrijos debe alejarse del populismo criollo y Diez, del enfoque puramente empresarial.
Los actores políticos que mueven las redes sociales y la opinión pública deben comprender que una sociedad pluralista se compone de posturas encontradas. La construcción de un país viable no se logra en los extremos del blanco y negro, sino en la capacidad de pactar en los matices grises que equilibran el día a día del ciudadano panameño.
En este punto, los diputados de la Coalición Vamos tienen una oportunidad de aprendizaje determinante. Mantener una postura de confrontación sistemática frente a las bancadas tradicionales no les otorga, automáticamente, la razón absoluta. Bien dice el refrán que «lo cortés no quita lo valiente». Demostrar cortesía parlamentaria y capacidad de negociación no debilita su identidad; al contrario, acreditaría la madurez que se espera de una nueva clase política. Imponer líneas de pensamiento rígidas a sus integrantes contradice la esencia de la libre postulación, la cual fue concebida para representar la diversidad de intereses del electorado y no los dogmas de una estructura partidista de facto. El derecho a pensar diferente no implica negarse al diálogo, ni siquiera con quienes han sido cuestionados por el manejo de los fondos públicos o han evadido la justicia. Quienes ocupan un cargo de elección o aspiran a liderar el país están sometidos al escrutinio público para gobernar y representar a la totalidad de la población, y no solo al segmento que votó por ellos. Disentir es el derecho a pensar, opinar y expresar un criterio distinto. Respetarlo es la base de la democracia.
España traslada a Panamá el centro de decisión de sus millonarias inversiones
DNews507 por: Gerardo Camargo – Fuente: Datos Abiertos
Panamá, 21 de septiembre de 2026 – El grupo español Cox, especializado en infraestructura de agua y energía, confirmó el 16 de septiembre de 2026 el establecimiento de su sede regional para las Américas en Ciudad de Panamá. El anuncio, replicado por agencias internacionales como EFE y por medios económicos de España y Panamá, formaliza un plan de inversión que la propia compañía cifra en más de 7,000 millones de dólares para la región, donde actualmente concentra cerca del 95% de su actividad global. Desde este nuevo centro, Cox coordinará sus operaciones en Norte, Centro y Sudamérica, mientras la dirección corporativa global permanece en España.
La compañía, antes conocida como Coxabengoa, fue fundada en 2014 por el empresario español Enrique Riquelme como una firma solar fotovoltaica y evolucionó hasta convertirse en una utility verticalmente integrada de agua y energía, con proyectos de desalinización y generación renovable en América Latina, Europa, Oriente Medio y África. Cotiza en las bolsas españolas desde noviembre de 2024, y su crecimiento reciente está ligado a la compra de los activos de Iberdrola México, financiada en parte con una emisión de 800 millones de dólares en capital híbrido completada apenas días antes del anuncio panameño.
| Dato corporativo | Detalle |
| Nombre actual / anterior | Cox / Coxabengoa |
| Fundación | 2014, como empresa solar fotovoltaica |
| Fundador y presidente ejecutivo | Enrique Riquelme |
| Sector | Utility integrada de agua y energía |
| Cotización bursátil | Bolsas españolas, desde noviembre de 2024 |
| Presencia geográfica | América Latina, Europa, Oriente Medio, África |
| Peso de América en el negocio global | ~95% de la actividad total |
| Filial legal en Panamá | Cox Energy Panamá, S.A. |
| Sede corporativa global | España («Service Co») |
| Sede regional Américas | Panamá («Asset Co»), Costa del Este |
El vínculo de Riquelme con Panamá no nació con la fundación de la compañía. Según reportes de prensa española y panameña, su entorno familiar fundó en el país el Grupo El Sol, un conglomerado minero y de construcción que suministró arena y áridos para las obras de ampliación del Canal de Panamá durante el llamado Tercer Juego de Esclusas. De esa etapa, sostienen esos mismos reportes, provino parte del capital y la experiencia que más tarde dieron origen a Cox Energy, en 2014. Esa historia previa explica, en parte, por qué la compañía no llega a Panamá como un inversionista nuevo, sino con una red de relaciones ya construida.
Sobre esa base se asienta ahora el nuevo hub corporativo, que opera desde el complejo PH Financial Park, en Costa del Este, y administra desde allí proyectos en México, Brasil, Guatemala y el propio Panamá. De forma paralela, Riquelme trasladó a Panamá el domicilio de su sociedad patrimonial, Riquelme Capital SL, y alternará su residencia entre España y el país centroamericano. La compañía describe esta estructura como una división entre la «Service Co» española y la «Asset Co» panameña, encargada del desarrollo, financiamiento y gestión de activos regionales.
En cuanto a las cifras globales, el presupuesto que Cox dice gestionar desde Panamá para todo el continente asciende a 6,068 millones de euros, equivalentes a los más de 7,000 millones de dólares mencionados en sus comunicados. A nivel local, el capital específicamente comprometido en proyectos dentro de Panamá —según cifras de la propia compañía, no de un registro estatal independiente— supera los 370 millones de dólares, repartidos entre sus dos activos energéticos en el país, además de otros rubros que el grupo contempla incorporar a futuro.
| Rubro de inversión | Monto reportado | Fuente del dato |
| Plan regional América (total) | +US$7,000 millones (~€6,068 millones) | Comunicado corporativo de Cox |
| Santa Cruz Wind (eólico, Panamá) | +US$350 millones | Cox / adjudicación ETESA |
| Solar Pro (fotovoltaico, Panamá) | US$20 millones | Cox / prensa especializada |
| Total específico en Panamá | +US$370 millones | Cifra agregada, sin contraparte oficial publicada |
| Rosarito (referencia regional, México) | US$304 millones (primera fase) | Comunicado de Cox |
| Emisión de capital híbrido (México) | US$800 millones | Prensa económica española |
| Rubros con inversión planeada adicional | Baterías (BESS), transmisión de alta tensión, sede corporativa | Comunicados de Cox, sin cifra desglosada oficial |
Más allá del monto global, cada uno de los dos activos energéticos que Cox opera en Panamá tiene un perfil técnico, ambiental y social propio, con diferencias notables en su categoría de impacto ambiental, su generación de empleo y sus programas de responsabilidad social empresarial (RSE).
| Perfil del proyecto | Santa Cruz Wind (eólico) | Solar Pro (fotovoltaico) |
| Ubicación | Penonomé y Santa Cruz/El Nanzal, Coclé | Alanje/David, comunidad San Javier, Chiriquí |
| Capacidad instalada | 68.4 MW (12 aerogeneradores) | 24 MW |
| Inversión local | +US$350 millones (contrato a 20 años) | US$20 millones (adquisición) |
| Categoría de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) | Categoría III (requiere consulta pública) | Categoría II (impacto intermedio) |
| Empleo en fase de construcción | 250 a 300 empleos directos e indirectos (pico) | ~150 empleos durante la construcción |
| Empleo permanente estimado | Personal técnico e ingenieros con Idoneidad vigente | 15 a 20 técnicos fijos de O&M |
| Programa de RSE | Reforestación por huella de carbono, caminos vecinales, capacitación técnica juvenil en Coclé | Apoyo a pequeños productores agrícolas, conservación de suelos y agua, mantenimiento de redes rurales en Chiriquí |
| Estatus actual | Ingeniería, permisos y licencias ambientales; obras civiles previstas fines de 2026-2027 | Operativo, en fase de Operación y Mantenimiento (O&M) |
En materia laboral, la legislación panameña exige que al menos el 90% de la fuerza laboral de una empresa que opera en el país sea de nacionalidad panameña, con un máximo de 10% de personal extranjero. Las convocatorias de Cox para los puestos técnicos de campo —ingeniería civil, hidráulica y eléctrica— exigen taxativamente la Idoneidad Profesional Panameña vigente, mientras que a nivel de la sede regional se están incorporando perfiles panameños de finanzas, legal, cumplimiento (compliance) y gestión de proyectos internacionales. Las escalas salariales estimadas para el sector, según fuentes de mercado laboral y no un tabulador oficial de la empresa, varían considerablemente entre la oficina central y el personal de campo:
| Posición | Rango salarial mensual (USD) | Ámbito |
| Dirección / Alta gerencia (legal, compliance, finanzas) | US$4,500 a US$8,500+ | Sede Costa del Este |
| Gerencias medias y jefaturas de departamento | US$2,500 a US$4,200 | Sede Costa del Este |
| Analistas sénior e ingenieros de oficina técnica | US$1,800 a US$2,800 | Sede Costa del Este |
| Personal administrativo y recepción | US$850 a US$1,200 | Sede Costa del Este |
| Director / gerente de proyecto en campo | US$3,500 a US$5,500 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Ingenieros residentes con Idoneidad vigente | US$1,800 a US$3,000 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Inspectores de seguridad, salud y ambiente (HSE) | US$1,100 a US$1,600 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Operadores de maquinaria y técnicos especializados | US$950 a US$1,400 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Supervisor / jefe de planta (O&M) | US$2,000 a US$3,200 | Solar Pro (Chiriquí) |
| Técnicos electromecánicos permanentes | US$1,000 a US$1,500 | Solar Pro (Chiriquí) |
| Personal de operaciones y mantenimiento de predio | US$730 a US$850 | Solar Pro (Chiriquí) |
Estas cifras salariales, conviene precisarlo, no provienen de un tabulador publicado oficialmente por Cox ni de un registro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, sino de estimaciones de consultoras de empleo y medios especializados sobre las escalas del sector energético e ingeniería en Panamá, por lo que deben leerse como una referencia de mercado y no como una confirmación contractual de la empresa.
El contrato de Santa Cruz Wind fue adjudicado por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) tras un proceso competitivo concluido en julio de 2026, durante la actual gestión de gobierno. Es relevante para el contraste institucional señalar que, según registros de prensa panameña basados en reportes al Tribunal Electoral, Enrique Riquelme figuró en 2019 entre los donantes declarados de la campaña presidencial de Laurentino Cortizo, a través de la sociedad Riquelme Capital Group, S.A., por una cifra reportada de 99,000 dólares. Ese dato corresponde a un ciclo electoral y una administración distintos a los que adjudicaron el contrato eólico, y hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial que vincule ambos hechos ni un desmentido público de la empresa al respecto.
Según los propios comunicados de Cox, la elección de Panamá responde a tres factores: proximidad operativa con sus mercados latinoamericanos tras la compra de activos de Iberdrola México, conectividad global del país como puente para negociar con organismos multilaterales y entidades financieras, y la búsqueda de una estructura de gestión regional más ágil para ejecutar el plan de inversión. La comunicación externa del grupo permanece centralizada en España, bajo la dirección de Ignacio Uriarte en relaciones institucionales y Luis Herrero en comunicación y marketing, aunque Riquelme supervisa presencialmente la relación institucional en Panamá durante sus estancias en el país.
Lo confirmado por fuentes múltiples e independientes entre sí —agencias internacionales, prensa económica española y panameña, y los comunicados corporativos de Cox— es el establecimiento de la sede regional en Panamá y la adjudicación estatal del contrato eólico Santa Cruz Wind. Lo que permanece como información unilateral de la empresa, sin un contraste equivalente en canales de datos abiertos del Estado panameño, son las cifras agregadas de inversión, el desglose exacto del empleo proyectado y las escalas salariales por rol. Hasta el cierre de esta nota, ni el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ni la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ni el Ministerio de Trabajo han publicado un registro propio que permita cotejar de forma independiente los montos y cifras divulgados por Cox.
Versión en inglés
Cox Group Establishes Its Hub in Panama
Spain Relocates the Decision-Making Center for Its Multi-Billion-Dollar Investments to Panama
DNews507 by: Gerardo Camargo – Source: Open Data
Panama City, September 21, 2026 – Spanish infrastructure group Cox, specializing in water and energy infrastructure, confirmed on September 16, 2026, the establishment of its regional headquarters for the Americas in Panama City. The announcement, reported by international agencies such as EFE and by business media outlets in both Spain and Panama, formalizes an investment plan that the company itself values at more than US$7 billion for the region, where it currently concentrates nearly 95% of its global activity. From this new center, Cox will coordinate its operations across North, Central, and South America, while its global corporate management remains based in Spain.
The company, formerly known as Coxabengoa, was founded in 2014 by Spanish entrepreneur Enrique Riquelme as a photovoltaic solar firm and evolved into a vertically integrated water and energy utility, with desalination and renewable generation projects across Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It has been listed on the Spanish stock exchanges since November 2024, and its recent growth has been linked to the acquisition of Iberdrola Mexico’s assets, financed in part through an US$800 million hybrid capital issuance completed only days before the Panama announcement.
Corporate Profile
| Corporate Data | Details |
| Current / Former Name | Cox / Coxabengoa |
| Founded | 2014, as a photovoltaic solar company |
| Founder and Executive Chairman | Enrique Riquelme |
| Sector | Integrated water and energy utility |
| Stock Exchange Listing | Spanish exchanges since November 2024 |
| Geographic Presence | Latin America, Europe, Middle East, Africa |
| Share of Business in the Americas | Approximately 95% of total activity |
| Legal Subsidiary in Panama | Cox Energy Panamá, S.A. |
| Global Corporate Headquarters | Spain («Service Co») |
| Regional Headquarters for the Americas | Panama («Asset Co»), Costa del Este |
Riquelme’s connection with Panama predates the founding of the company. According to reports in Spanish and Panamanian media, his family environment founded Grupo El Sol in the country, a mining and construction conglomerate that supplied sand and aggregates for the Panama Canal Expansion works during the so-called Third Set of Locks project. Those same reports state that part of the capital and expertise that later gave rise to Cox Energy in 2014 originated from that period. This earlier history helps explain why the company is not arriving in Panama as a new investor, but rather with an already established network of relationships.
The new corporate hub is now built upon that foundation. Operating from the PH Financial Park complex in Costa del Este, it manages projects in Mexico, Brazil, Guatemala, and Panama itself. Simultaneously, Riquelme relocated the legal domicile of his holding company, Riquelme Capital SL, to Panama and will divide his residence between Spain and the Central American country. The company describes this structure as a division between the Spanish «Service Co» and the Panamanian «Asset Co,» the latter responsible for the development, financing, and management of regional assets.
In terms of overall figures, the budget Cox says it manages from Panama for the entire continent amounts to €6.068 billion, equivalent to the more than US$7 billion cited in its corporate communications. Locally, capital specifically committed to projects within Panama, according to the company’s own figures and not an independent state registry, exceeds US$370 million, distributed among its two energy assets in the country, in addition to other business segments that the group plans to incorporate in the future.
Reported Investments
| Investment Category | Reported Amount | Data Source |
| Regional Americas Plan (Total) | More than US$7 billion (~€6.068 billion) | Cox corporate statement |
| Santa Cruz Wind (Wind Power, Panama) | More than US$350 million | Cox / ETESA award |
| Solar Pro (Photovoltaic, Panama) | US$20 million | Cox / specialized press |
| Total Specific Investment in Panama | More than US$370 million | Aggregated figure, no official public counterpart |
| Rosarito (Regional Reference, Mexico) | US$304 million (Phase One) | Cox statement |
| Hybrid Capital Issuance (Mexico) | US$800 million | Spanish business press |
| Additional Planned Investments | BESS battery systems, high-voltage transmission, corporate headquarters | Cox communications, no official itemized figure |
Beyond the overall amount, each of the two energy assets Cox operates in Panama has its own technical, environmental, and social profile, with notable differences in environmental impact classification, employment generation, and corporate social responsibility (CSR) programs.
Project Profiles
| Project Profile | Santa Cruz Wind (Wind Power) | Solar Pro (Photovoltaic) |
| Location | Penonomé and Santa Cruz/El Nanzal, Coclé | Alanje/David, San Javier community, Chiriquí |
| Installed Capacity | 68.4 MW (12 wind turbines) | 24 MW |
| Local Investment | More than US$350 million (20-year contract) | US$20 million (acquisition) |
| Environmental Impact Assessment (EIA) Category | Category III (requires public consultation) | Category II (intermediate impact) |
| Construction Employment | 250 to 300 direct and indirect jobs at peak | Approximately 150 jobs during construction |
| Estimated Permanent Employment | Technical personnel and engineers with valid professional licenses | 15 to 20 permanent O&M technicians |
| CSR Program | Reforestation to offset carbon footprint, rural road improvements, youth technical training in Coclé | Support for small agricultural producers, soil and water conservation, maintenance of rural networks in Chiriquí |
| Current Status | Engineering, permits, and environmental licensing; civil works expected in late 2026-2027 | Operational, in the Operation and Maintenance (O&M) phase |
Regarding labor regulations, Panamanian legislation requires that at least 90% of a company’s workforce operating in the country be Panamanian nationals, with foreign personnel limited to a maximum of 10%. Cox’s recruitment notices for technical field positions in civil, hydraulic, and electrical engineering explicitly require a valid Panamanian Professional License (Idoneidad Profesional Panameña). At the regional headquarters level, Panamanian professionals in finance, legal affairs, compliance, and international project management are also being incorporated.
Estimated salary ranges for the sector, according to labor market sources rather than any official company pay scale, vary considerably between headquarters positions and field personnel.
Estimated Monthly Salary Ranges
| Position | Monthly Salary Range (USD) | Scope |
| Executive Management / Senior Leadership (Legal, Compliance, Finance) | US$4,500 to US$8,500+ | Costa del Este Headquarters |
| Mid-Level Managers and Department Heads | US$2,500 to US$4,200 | Costa del Este Headquarters |
| Senior Analysts and Technical Office Engineers | US$1,800 to US$2,800 | Costa del Este Headquarters |
| Administrative Staff and Reception | US$850 to US$1,200 | Costa del Este Headquarters |
| Field Project Director / Manager | US$3,500 to US$5,500 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Resident Engineers with Valid Professional License | US$1,800 to US$3,000 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Health, Safety and Environment (HSE) Inspectors | US$1,100 to US$1,600 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Heavy Equipment Operators and Specialized Technicians | US$950 to US$1,400 | Santa Cruz Wind (Coclé) |
| Plant Supervisor / O&M Manager | US$2,000 to US$3,200 | Solar Pro (Chiriquí) |
| Permanent Electromechanical Technicians | US$1,000 to US$1,500 | Solar Pro (Chiriquí) |
| Site Operations and Maintenance Personnel | US$730 to US$850 | Solar Pro (Chiriquí) |
It should be noted that these salary figures do not come from an official pay scale published by Cox or from records of Panama’s Ministry of Labor and Workforce Development. Rather, they are estimates from employment consulting firms and specialized media based on salary scales in Panama’s energy and engineering sectors, and therefore should be understood as market references rather than contractual confirmations by the company.
The Santa Cruz Wind contract was awarded by the state-owned Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) following a competitive process concluded in July 2026 during the current government administration. For institutional context, Panamanian media records based on reports filed with the Electoral Tribunal indicate that Enrique Riquelme appeared among the declared donors to Laurentino Cortizo’s 2019 presidential campaign, through the company Riquelme Capital Group, S.A., with a reported contribution of US$99,000. This information pertains to a different electoral cycle and administration from the one that awarded the wind power contract. To date, there has been no official statement linking the two events, nor any public denial from the company regarding the matter.
According to Cox’s own statements, the decision to establish the regional headquarters in Panama is based on three factors: operational proximity to its Latin American markets following the acquisition of Iberdrola Mexico’s assets; Panama’s global connectivity as a bridge for negotiations with multilateral organizations and financial institutions; and the search for a more agile regional management structure to execute the company’s investment plan.
The group’s external communications remain centralized in Spain under the direction of Ignacio Uriarte for institutional relations and Luis Herrero for communications and marketing, although Riquelme personally oversees institutional relations in Panama during his stays in the country.
What has been confirmed by multiple independent sources, including international news agencies, Spanish and Panamanian business media, and Cox’s own corporate communications, is the establishment of the regional headquarters in Panama and the state award of the Santa Cruz Wind project. What remains unilateral company information, without equivalent verification through Panamanian government open-data channels, includes the aggregated investment figures, the precise breakdown of projected employment, and salary scales by position.
As of the publication of this report, neither the Ministry of Commerce and Industries (MICI), the National Authority for Public Services (ASEP), nor the Ministry of Labor had published their own records that would allow independent verification of the investment amounts and figures disclosed by Cox.
Dinamarca y Nuuk retienen soberanía mientras crecen las voces críticas y el fantasma colonial
DNews507 Geopolítica · Por Gerardo Camargo – Fuente: Datos Abiertos
Nuuk/Washington/Copenhague, 21 de septiembre de 2026 – Tras casi un año de amenazas, aranceles y advertencias de uso de la fuerza, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia llegaron el viernes 18 de septiembre de 2026 a un preacuerdo que redefine el equilibrio de poder en el Ártico. El presidente Donald Trump anunció en su red Truth Social que Washington obtiene el “control permanente” de la seguridad de la isla, mientras Copenhague y Nuuk insisten en que su soberanía territorial permanece intacta. El texto se firmará la semana próxima en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, aunque su entrada en vigor dependerá de un largo proceso de ratificación que podría extenderse hasta 2027, y que no está garantizado.
Del “por las buenas o por las malas” al acuerdo de seguridad
El desenlace de septiembre no puede entenderse sin el historial de presión que lo precedió. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump insistió reiteradamente en que Washington necesitaba Groenlandia por razones de seguridad nacional, llegando a plantear en distintos momentos del año que lo lograría “por las buenas o por las malas” y sin descartar públicamente el uso de la fuerza. La escalada incluyó amenazas de aranceles de hasta 25% contra ocho aliados europeos de la OTAN que enviaron tropas a la isla en solidaridad con Dinamarca, y generó las mayores protestas callejeras registradas en la historia de Groenlandia, con manifestantes marchando hasta el consulado de EE. UU. en Nuuk bajo consignas como “Groenlandia no está en venta”. En enero de 2026, Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alcanzaron en Davos un primer marco de entendimiento que sirvió de antesala al pacto ahora anunciado, el cual sustituiría al tratado de defensa bilateral vigente desde 1951.
¿Qué gana Washington y qué conserva Nuuk?
El acuerdo se limita al terreno militar y de seguridad, sin traducirse en compra ni anexión territorial. Según el mandatario estadounidense, ningún país adversario —en clara referencia a Rusia y China— podrá establecer bases, desplegar tropas o realizar inversiones sensibles en la isla sin autorización expresa de Washington, y el pacto prohíbe explícitamente instalaciones militares de naciones ajenas a la OTAN. Trump adelantó además que Estados Unidos iniciará “de inmediato” la construcción de nueva infraestructura militar, sumándose a la base de Pituffik. En paralelo, el control migratorio sigue en manos danesas y groenlandesas, y las licencias mineras comerciales continúan bajo jurisdicción de Nuuk, aunque cualquier coinversión extranjera en sectores estratégicos —como tierras raras— quedará sujeta al visto bueno de Washington.
El fantasma del colonialismo y la crítica interna
El pacto no ha escapado a las comparaciones con episodios históricos de control indirecto estadounidense, como la Enmienda Platt en Cuba o el tratado del Canal de Panamá, en los que Washington aseguró enclaves militares y derechos de veto sin recurrir a la anexión formal. Analistas y comentaristas han calificado la estrategia de Trump hacia Groenlandia como un ejercicio “neocolonial”, en momentos en que encuestas previas mostraban que una amplia mayoría de los 57.000 habitantes de la isla rechazaba cualquier forma de integración a Estados Unidos. Dentro del propio Parlamento groenlandés (Inatsisartut), el partido independentista Naleraq ha expresado recelo ante lo que considera una cesión excesiva de soberanía práctica, mientras que otros sectores locales temen que el control de veto económico termine opacando el derecho a la autodeterminación reconocido en la Carta de la ONU.
Voces a favor y en contra
A favor: El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, sostuvo que el pacto reconoce los intereses de la isla y su lugar en la cooperación internacional. La OTAN, a través de su comité militar, dio la bienvenida al acuerdo como un aporte a la estabilidad del Atlántico Norte. En el Congreso estadounidense, los republicanos lo celebran como un triunfo de política exterior antes de las elecciones de mitad de mandato.
En contra o con cautela: Dinamarca evita respaldar los términos “absolutos” usados por Trump y prefiere hablar de “seguridad compartida”, subrayando que el reino mantiene su integridad territorial. Legisladores demócratas en Washington —incluida la senadora Lisa Murkowski, junto a Jeanne Shaheen— habían impulsado meses atrás un proyecto bipartidista para impedir el uso de fondos de Defensa o Estado en cualquier intento de tomar control de territorio de un aliado de la OTAN sin su consentimiento, un antecedente que sigue marcando el debate legislativo sobre cómo tramitar el pacto ahora anunciado.
Rusia, China y la Unión Europea reaccionan
El nuevo veto estadounidense a inversiones y presencia militar de “adversarios” golpea directamente a Pekín, que mantiene participaciones en proyectos mineros de tierras raras en Groenlandia, como el de Kvanefjeld, y ha denunciado en el pasado que Washington traslada una mentalidad de Guerra Fría a la cooperación científica civil. Moscú, por su parte, ha calificado de “delirante” la narrativa de una amenaza rusa o china sobre la isla, y ve en la expansión militar estadounidense una provocación que altera el equilibrio de seguridad en su flanco norte.
La Unión Europea, que en los meses previos reiteró su “apoyo total” a la soberanía danesa y anunció un paquete de ayuda económica ampliado para Groenlandia como contrapeso a la presión de Washington, observa el desenlace con alivio relativo —al constatar que Trump abandonó la vía de la anexión forzosa— pero también con inquietud por la autonomía estratégica europea en sectores como la minería y la tecnología climática.
Lo que viene: firma en la ONU, pero el pacto aún no rige
Es importante subrayar algo que el entusiasmo del anuncio de Trump tiende a diluir: el acuerdo no está en vigor y podría no llegar a concretarse en los términos anunciados. Lo que existe hasta ahora es un preacuerdo político, comunicado unilateralmente por la Casa Blanca, que las propias autoridades de Copenhague y Nuuk calificaron de “previsto” y sujeto a las “debidas aprobaciones parlamentarias” antes de tener validez. La firma formal, prevista para la Semana de Alto Nivel de la ONU que arranca este 21 de septiembre en Nueva York, marca apenas el inicio de un proceso, no su cierre.
A partir de ahí, el texto deberá superar dos filtros legislativos que no son un trámite garantizado:
- El Folketing (Parlamento danés): debe ratificarlo obligatoriamente. La coalición de gobierno lo respalda como una vía “realista” para desactivar las amenazas previas de Trump, pero sectores de izquierda han manifestado dudas sobre la cesión de poder que implica.
- El Inatsisartut (Parlamento groenlandés): también debe aprobarlo, y aquí el panorama es más incierto. Bajo las leyes de autogobierno, el Naalakkersuisut (ejecutivo groenlandés) está obligado a someter cualquier tratado que afecte al territorio a debate y voto del legislativo local, donde persiste la desconfianza hacia una eventual concentración de poder militar y económico estadounidense que erosione la autodeterminación del pueblo groenlandés.
En Estados Unidos, el propio tratamiento legislativo es una incógnita adicional: si la Casa Blanca lo presenta como tratado internacional, requerirá el voto de dos tercios del Senado; si opta por la figura de acuerdo ejecutivo, Trump podría intentar aplicarlo sin pasar por el Congreso, lo que abriría un nuevo frente de disputa política con los demócratas.
En suma, entre la firma prevista para la próxima semana y la entrada en vigor real del pacto puede mediar un proceso de varios meses —con el riesgo de estancarse, modificarse o incluso no prosperar— que se extendería, en el mejor de los escenarios para Washington, hacia finales de 2026 o principios de 2027.
| Dato | Detalle | Fuente |
| Fecha del anuncio | 18 de septiembre de 2026, vía Truth Social | EFE |
| Firma prevista | Semana del 21 de septiembre de 2026, Asamblea General de la ONU (Nueva York) | EFE / AP |
| Naturaleza del acuerdo | Seguridad y defensa; excluye migración, minería comercial y ciencia civil | Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia / EFE |
| Veto a adversarios | Prohíbe bases o inversión militar de países no OTAN (Rusia, China) | EFE |
| Tratado que sustituye | Acuerdo de defensa bilateral de 1951 | EFE |
| Representante danés | Primera ministra Mette Frederiksen; canciller Lars Løkke Rasmussen | Gobierno de Dinamarca |
| Representante groenlandés | Primer ministro Jens-Frederik Nielsen | Gobierno de Groenlandia |
| Postura OTAN | Comité Militar recibe el pacto como aporte a la seguridad ártica | OTAN |
| Postura UE | Apoyo a soberanía danesa; paquete de ayuda económica ampliado a Groenlandia (anunciado en septiembre) | Comisión Europea |
| Estado de ratificación | Pendiente en el Folketing (Dinamarca) y el Inatsisartut (Groenlandia); sin fecha de entrada en vigor | EFE |
| Vía legislativa en EE. UU. | Por definir: tratado formal (2/3 del Senado) o acuerdo ejecutivo (sin voto del Congreso) | EFE |
| Población de Groenlandia | Aproximadamente 57.000 habitantes | AP |
Con información de EFE, AP y agencias internacionales.
Publicación
21 Sept, 2026
Trump Anuncia Control Militar Permanente sobre Groenlandia
Tras casi un año de presiones y advertencias, Washington obtiene el veto de seguridad en el Ártico, mientras Copenhague y Nuuk afirman mantener su soberanía territorial. El acuerdo se firma en la ONU pero enfrentará filtros parlamentarios hasta 2027.
Población
~57.000
Habitantes en la isla
Sustituye
Pacto 1951
Tratado bilateral
Estado Legal
Preacuerdo
Pendiente ratificación
Horizonte
2026 – 2027
Entrada en vigor
Eje Clave del Preacuerdo
EE. UU. obtiene facultad de veto sobre bases militares o inversiones en tierras raras de países ajenos a la OTAN (Rusia y China).
¿Qué Gana Washington y qué Conservan Nuuk y Copenhague?
Selecciona una de las partes involucradas para examinar los derechos y limitaciones acordados.
Estados Unidos
Seguridad & Defensa Exclusiva
- Control permanente de la seguridad en la isla ártica.
- Derecho de veto militar: Prohibición de tropas o bases de países ajenos a la OTAN (Rusia y China).
- Construcción inmediata de nueva infraestructura militar (adicional a la base de Pituffik).
- Veto sobre coinversiones extranjeras en tierras raras y sectores estratégicos.
Groenlandia (Nuuk)
Autodeterminación & Minería
- Soberanía territorial intacta: No hay compra ni anexión de territorio.
- Las licencias mineras comerciales permanecen bajo jurisdicción del Naalakkersuisut.
- Ratificación obligatoria del Parlamento Local (Inatsisartut) requerida para la vigencia.
- Mantenimiento del derecho a la autodeterminación según la Carta de la ONU.
Dinamarca (Copenhague)
Integridad del Reino
- El control migratorio sigue formalmente bajo autoridades danesas y groenlandesas.
- Prefieren la figura de «seguridad compartida» frente a los términos «absolutos» de Trump.
- Sujeto a votación del Folketing (Parlamento danés).
- Desactiva la amenaza previa de aranceles del 25% contra aliados de la OTAN.
Línea de Tiempo: Del «Por las Buenas o por las Malas» a la Firma ONU
Haz clic en cada hito para explorar los acontecimientos clave y los pasos del filtro parlamentario.
Regreso de Trump & Amenazas
Insistencia en tomar Groenlandia «por las buenas o por las malas». Amenaza de aranceles del 25% a aliados de la OTAN.
Foro de Davos & Entendimiento OTAN
Reunión entre Donald Trump y Mark Rutte (OTAN) para sentar las bases de la actualización del tratado de 1951.
Anuncio en Truth Social
Trump proclama el «control permanente» sobre la seguridad de la isla. Copenhague aclara que la soberanía territorial no se vende.
Firma Formal en Nueva York
Firma del protocolo al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Inicia el proceso legislativo.
Ratificación Incierta
Sometido a votación en Folketing (Dinamarca), Inatsisartut (Groenlandia) y Congreso de EE.UU.
Reacciones Geopolíticas Internacionales
Posturas de Moscú, Pekín, Bruselas y la OTAN
Rusia y China
Moscú tilda de «delirante» la supuesta amenaza rusa en el Ártico. Pekín —con participación en proyectos como Kvanefjeld— acusa a EE. UU. de imponer mentalidad de Guerra Fría.
Unión Europea
Alivio relativo tras descartarse la anexión forzosa, pero persiste inquietud por la autonomía estratégica europea en minería de tierras raras y tecnología climática.
Comité Militar OTAN
Celebra el pacto como una contribución decisiva para reforzar la estabilidad y la disuasión defensiva en el flanco del Atlántico Norte.
Partido Naleraq (Groenlandia)
Expresa profundo recelo ante la cesión de soberanía práctica y el riesgo de vaciar de contenido el derecho internacional a la autodeterminación.
El «Fantasma Neocolonial» y Veto Indirecto
Analistas comparan la estrategia de Washington con precedentes históricos de enclaves con control militar y poder de veto sin anexión formal:
Derecho de intervención y vetos en política exterior sin alterar la bandera formal.
Soberanía titular compartida con control militar perpetuo de franja estratégica.
«Un modelo de veto de seguridad sobre un territorio de 57.000 habitantes que históricamente rechazó la integración a EE. UU.»
Groenlandia y el Frente Ártico
Fotografías y representaciones de la capital Nuuk, la convergencia diplomática y el entorno geográfico del Ártico.
Convergencia EE. UU. & Groenlandia
Comunidad Local e Inatsisartut
Rutas del Ártico y Recursos
Pon a Prueba tus Conocimientos sobre el Pacto
Selecciona la opción correcta en la siguiente pregunta interactiva.
¿El preacuerdo anunciado en septiembre de 2026 implica la venta o compra del territorio de Groenlandia a EE. UU.?
Tabla de Datos Validados
Resumen técnico documentado por agencias internacionales (EFE, AP)
Versión en inglés
Trump Announces Permanent Military Control Over Greenland
Denmark and Nuuk retain sovereignty as criticism grows and the specter of colonialism resurfaces
DNews507 Geopolitics · By Gerardo Camargo – Source: Open Data
Nuuk/Washington/Copenhagen, September 21, 2026 – After nearly a year of threats, tariffs, and warnings of possible force, the United States, Denmark, and Greenland reached a preliminary agreement on Friday, September 18, 2026, that redefines the balance of power in the Arctic. President Donald Trump announced on his Truth Social platform that Washington will obtain “permanent control” over the island’s security, while Copenhagen and Nuuk insist that their territorial sovereignty remains intact. The agreement is scheduled to be signed next week in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly, although its implementation will depend on a lengthy ratification process that could extend into 2027 and is far from guaranteed.
From “One Way or Another” to a Security Agreement
The September outcome cannot be understood without the pressure campaign that preceded it. Since returning to the White House in January 2025, Donald Trump repeatedly argued that Washington needed Greenland for national security reasons, at various points stating that the United States would achieve that objective “one way or another,” while publicly refusing to rule out the use of force. The escalation included threats of tariffs of up to 25 percent against eight European NATO allies that deployed troops to the island in solidarity with Denmark. It also triggered the largest street protests in Greenland’s history, with demonstrators marching to the U.S. Consulate in Nuuk under slogans such as “Greenland Is Not for Sale.” In January 2026, Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte reached an initial framework agreement in Davos that served as a precursor to the pact now being announced, which would replace the bilateral defense treaty that has been in force since 1951.
What Does Washington Gain and What Does Nuuk Retain?
The agreement is limited to military and security matters and does not involve the purchase or territorial annexation of Greenland. According to the U.S. president, no adversarial country, in a clear reference to Russia and China, will be allowed to establish bases, deploy troops, or undertake sensitive investments on the island without Washington’s explicit approval. The pact also explicitly prohibits military installations by non-NATO nations.
Donald Trump further announced that the United States will begin constructing new military infrastructure “immediately,” in addition to the existing Pituffik base. Meanwhile, immigration control will remain under Danish and Greenlandic authority, and commercial mining licenses will continue to fall under Nuuk’s jurisdiction. However, any foreign co-investment in strategic sectors, such as rare earth minerals, will require Washington’s approval.
The Specter of Colonialism and Domestic Criticism
The agreement has drawn comparisons to historical episodes of indirect U.S. control, such as the Platt Amendment in Cuba and the Panama Canal treaties, through which Washington secured military enclaves and veto rights without formal annexation. Analysts and commentators have described Donald Trump’s strategy toward Greenland as “neo-colonial,” particularly as previous surveys indicated that a large majority of the island’s 57,000 residents opposed any form of integration with the United States.
Within Greenland’s Parliament, the Inatsisartut, the pro-independence Naleraq party has expressed concern over what it views as an excessive transfer of practical sovereignty. Other local voices fear that Washington’s economic veto powers could overshadow the right to self-determination guaranteed under the United Nations Charter.
Voices For and Against
In Favor
Greenlandic Prime Minister Jens-Frederik Nielsen argued that the pact recognizes the island’s interests and its role in international cooperation. NATO, through its Military Committee, welcomed the agreement as a contribution to stability in the North Atlantic. In the U.S. Congress, Republicans have celebrated it as a foreign policy victory ahead of the midterm elections.
Against or With Caution
Denmark has avoided endorsing the “absolute” language used by Donald Trump, preferring instead to speak of “shared security” while emphasizing that the Kingdom retains its territorial integrity. Democratic lawmakers in Washington, including Senator Lisa Murkowski alongside Jeanne Shaheen, promoted bipartisan legislation months earlier aimed at preventing the use of Defense or State Department funds for any attempt to take control of a NATO ally’s territory without its consent. That proposal continues to influence the legislative debate over how the newly announced pact should be handled.
Russia, China, and the European Union React
The new U.S. veto on investments and military presence by “adversaries” directly affects Beijing, which maintains stakes in Greenlandic rare earth mining projects, including Kvanefjeld. China has previously argued that Washington is imposing a Cold War mentality on civilian scientific cooperation.
Moscow, meanwhile, has described claims of a Russian or Chinese threat to Greenland as “delusional” and views the expansion of U.S. military activity as a provocation that alters the security balance along Russia’s northern flank.
The European Union, which in previous months reiterated its “full support” for Danish sovereignty and announced an expanded economic assistance package for Greenland as a counterweight to Washington’s pressure, views the outcome with relative relief, having seen Donald Trump abandon the path of forced annexation. At the same time, however, it remains concerned about Europe’s strategic autonomy in sectors such as mining and climate technology.
What Comes Next: Signing at the UN, but the Pact Is Not Yet in Force
It is important to underscore a point that the enthusiasm surrounding Donald Trump’s announcement tends to obscure: the agreement is not yet in force and may never be implemented in the form currently described. What exists so far is a political preliminary agreement announced unilaterally by the White House, which authorities in Copenhagen and Nuuk themselves have characterized as “anticipated” and subject to “the necessary parliamentary approvals” before becoming legally valid. The formal signing, scheduled during the UN High-Level Week beginning on September 21 in New York, marks only the beginning of the process, not its conclusion.
From that point onward, the text must pass through two legislative hurdles that are far from guaranteed:
- The Folketing (Danish Parliament): Ratification is mandatory. The governing coalition supports the pact as a “realistic” means of defusing Donald Trump’s earlier threats, but left-wing parties have voiced concern over the degree of authority being ceded.
- The Inatsisartut (Greenlandic Parliament): Approval is also required, and the outlook here is even more uncertain. Under Greenland’s self-government legislation, the Naalakkersuisut (Greenland’s executive branch) is obliged to submit any treaty affecting the territory to debate and a vote in the local legislature, where distrust remains regarding the possibility that concentrated U.S. military and economic power could erode Greenlandic self-determination.
In the United States, the legislative pathway remains another major uncertainty. If the White House submits the pact as a formal international treaty, it will require the approval of two-thirds of the Senate. If it opts for the executive agreement route, Donald Trump could attempt to implement it without congressional approval, opening a new front in the political dispute with Democrats.
In short, a process that could last several months lies between the anticipated signing next week and the agreement’s actual entry into force. The pact could be delayed, amended, or even fail altogether. Under the most favorable scenario for Washington, it would take effect in late 2026 or early 2027.
| Data | Detail | Source |
| Announcement Date | September 18, 2026, via Truth Social | EFE |
| Scheduled Signing | Week of September 21, 2026, during the United Nations General Assembly (New York) | EFE / AP |
| Nature of the Agreement | Security and defense; excludes migration, commercial mining, and civilian scientific cooperation | Governments of Denmark and Greenland / EFE |
| Veto on Adversaries | Prohibits military bases or military investment by non-NATO countries (Russia, China) | EFE |
| Treaty Being Replaced | 1951 bilateral defense agreement | EFE |
| Danish Representatives | Prime Minister Mette Frederiksen; Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen | Government of Denmark |
| Greenlandic Representative | Prime Minister Jens-Frederik Nielsen | Government of Greenland |
| NATO Position | Military Committee welcomes the pact as a contribution to Arctic security | NATO |
| EU Position | Support for Danish sovereignty; expanded economic aid package for Greenland announced in September | European Commission |
| Ratification Status | Pending before the Folketing (Denmark) and Inatsisartut (Greenland); no implementation date established | EFE |
| U.S. Legislative Route | To be determined: formal treaty (two-thirds Senate approval) or executive agreement (without a congressional vote) | EFE |
| Population of Greenland | Approximately 57,000 inhabitants | AP |
With information from EFE, AP, and international news agencies.
Editorial DNews507: El derecho a disentir
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