Discursos contrapuestos en Nueva York abren debate sobre el equilibrio diplomático global

DNews507 por: Gerardo Camargo

Panamá, 28 de septiembre de 2026 – La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró su semana de alto nivel en Nueva York en un contexto marcado por severas divisiones geopolíticas, erosión del multilateralismo e incertidumbre en el comercio y la energía globales. La cita anual reunió a jefes de Estado y de Gobierno en un ambiente donde las agendas unilaterales y el uso del veto en el Consejo de Seguridad han puesto a prueba la eficacia de los organismos internacionales instituidos tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras los indicadores económicos internacionales señalan el impacto sostenido de los conflictos armados sobre las cadenas de suministro globales, el foro multilateral más importante del planeta evidenció la polarización entre el cumplimiento estricto del derecho internacional y las visiones pragmáticas de poder.

El discurso pronunciado por el mandatario estadounidense Donald Trump situó la narrativa de la pacificación en el centro de su plataforma diplomática, asegurando haber logrado la paz mediante acciones directas frente a gestiones previas. Sin embargo, los datos de organismos de seguridad internacional y comercio energético revelan que la persistencia de tensiones bélicas y las sanciones multilaterales continúan desestabilizando los mercados globales de hidrocarburos. El incremento en los costos de transporte marítimo y los riesgos geopolíticos en rutas neurálgicas contradicen las afirmaciones de estabilización global, demostrando que la diplomacia de presión unilateral mantiene presiones inflacionarias sobre las economías emergentes y desarrolladas por igual.

Desde la perspectiva del marco normativo multilateral, los señalamientos vertidos desde el pódium neoyorquino tensionaron el Artículo 2, Párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, instrumento fundacional que prohíbe explícitamente tanto la amenaza como el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Las advertencias dirigidas a la República Islámica de Irán, los cuestionamientos a la soberanía de Cuba y el planteamiento de intervenciones directas en la política interna de Venezuela y México reabren el debate ético y legal sobre el respeto al principio de no injerencia, un pilar codificado formalmente por la comunidad internacional para prevenir la arbitrariedad de las grandes potencias.

En un tono diametralmente opuesto, la intervención del presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, centró la atención en la parálisis estructural del Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario sudamericano enfatizó que la credibilidad del organismo atraviesa su punto más crítico a causa del mecanismo de veto ejercido de manera recurrente por miembros permanentes como Estados Unidos y la Federación de Rusia. Esta prerrogativa legal, diseñada en la arquitectura de postguerra, ha bloqueado de forma reiterada la adopción de resoluciones vinculantes orientadas a frenar agresiones territoriales y crisis humanitarias en diversos continentes.

Lula da Silva abogó de forma contundente por el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza, calificando las operaciones del gobierno de Benjamin Netanyahu como devastadoras para la población civil y catalogando de inaceptable la pérdida masiva de vidas infantiles y femeninas. Al mismo tiempo, el líder brasileño ratificó la condena institucional a los actos de terrorismo perpetrados por Hamás, alineando su postura con los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su discurso advirtió que la expansión continuada de asentamientos en territorios ocupados contraviene el derecho internacional y destruye de facto la viabilidad de la solución de dos Estados.

La participación de Panamá en el escenario de la Asamblea General reflejó las tensiones entre el discurso institucional y la realidad operativa de un país de tránsito global. El presidente José Raúl Mulino enfatizó en su alocución oficial la urgencia de que la ONU retome su liderazgo histórico frente a la polarización ideológica que aleja a los ciudadanos de las instituciones internacionales. El mandatario panameño subrayó que la ciudadanía demanda garantías fundamentales para progresar en paz, trabajar y retornar con seguridad a sus hogares, identificando el desencanto social hacia la efectividad de las plataformas multilaterales como un factor de inestabilidad política.

No obstante, el análisis comparativo entre las declaraciones formales y los compromisos asumidos en las reuniones bilaterales paralelas evidencia una paradoja diplomática en la gestión del Ejecutivo panameño. Pese a invocar la importancia histórica de la neutralidad y la defensa del Canal de Panamá, la delegación oficial consolidó acercamientos estratégicos con administraciones cuyos actos en Medio Oriente son cuestionados por la Corte Internacional de Justicia y organismos de derechos humanos. Esta aproximación genera dudas sobre la coherencia entre la retórica de neutralidad activa y las decisiones de política exterior que supeditan la autonomía nacional a alineamientos coyunturales.

El contraste histórico remite inevitablemente al «patrullaje internacional» impulsado por el general Omar Torrijos Herrera durante la década de 1970, estrategia diplomática que logró el respaldo universal para la causa del Canal de Panamá. En aquel contexto de Guerra Fría, la diplomacia panameña tejió alianzas pragmáticas con gobiernos de diversas corrientes ideológicas —desde monarquías hasta regímenes de izquierda y derecha— fundamentando su legitimidad en la autodeterminación de los pueblos y el estricto respeto al derecho internacional. Aquella política demostró que la fortaleza de una nación pequeña radica en su capacidad para actuar como un interlocutor universal y no como un actor subordinado.

Especialistas en relaciones internacionales coinciden en que la neutralidad panameña no debe concebirse de manera restringida como una mera salvaguarda para la vía interoceánica, sino como un principio integral de Estado. Adoptar una postura ecuánime implica mantener la independencia crítica frente a los dictámenes de potencias globales como Estados Unidos, Rusia o Israel. La preservación de la soberanía nacional exige resistir presiones geopolíticas externas para asegurar que el istmo se mantenga como un punto de encuentro comercial y diplomático desprovisto de alineamientos automáticos que pongan en peligro su reputación jurídica.

En la arena del debate general, las intervenciones de las delegaciones de Israel e Irán expusieron la profunda grieta de la diplomacia contemporánea. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigió su alocución hacia duros reproches contra las delegaciones que optaron por abandonar el recinto en protesta por el costo humano de la guerra en Gaza. Netanyahu centró su argumento defensivo en caracterizar a la República Islámica de Irán como la principal amenaza para la estabilidad mundial, justificando las operaciones militares de su gobierno como una respuesta indispensable para la preservación de la seguridad nacional e internacional.

Sin embargo, el contraste entre la narrativa oficial israelí y la historiografía diplomática revela datos numéricos y jurídicos complejos sobre el conflicto en Oriente Medio. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, el país ha participado en nueve guerras de gran escala, combinando acciones defensivas y ofensivas que han alterado significativamente las fronteras regionales. La ocupación de territorios palestinos (1967) y sirios (1981), sostenida pese a múltiples resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, pone de relieve la sistemática divergencia entre el derecho internacional codificado y las acciones unilaterales respaldadas por aliados estratégicos.

Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian captó una mayor concurrencia durante su intervención, utilizando la tribuna internacional para denunciar las agresiones directas a su territorio y la pérdida de vidas civiles en infraestructuras educativas. Pezeshkian cuestionó abiertamente el doble rasero en materia de control de armamento nuclear, señalando que mientras la República Islámica de Irán es sometida a rigurosas inspecciones por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el programa nuclear israelí opera al margen de los salvaguardias internacionales sin supervisión ni sanciones multilaterales.

Está marcada asimetría en el cumplimiento de los tratados multilaterales plantea interrogantes de fondo sobre el futuro institucional de las Naciones Unidas. Al aproximarse la conclusión del mandato del Secretario General António Guterres, el proceso de selección de su sucesor se perfila como un nuevo terreno de disputa geopolítica entre las potencias con derecho a veto. El riesgo de que la dirección del organismo recaiga en una figura condicionada por los intereses de un bloque hegemónico amenaza con acentuar la pérdida de legitimidad de la plataforma multilateral frente a los países del Sur Global.

Para Panamá, la deriva de las tensiones globales acarrea implicaciones directas en materia de seguridad y soberanía geopolítica. La eventual adhesión a iniciativas de seguridad regional promovidas unilateralmente, tales como esquemas defensivos ideologizados, podría comprometer la neutralidad histórica de la República y arrastrar al país a contenciosos ajenos a sus intereses nacionales. La omisión sistemática frente a violaciones flagrantes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte de aliados coyunturales menoscaba el prestigio diplomático conquistado por Panamá como garante del derecho internacional.

La 81ª semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó que la selectividad en la aplicación de las normas internacionales debilita la estructura misma de la gobernanza global. Cuando los compromisos multilaterales se subordinan a conveniencias geopolíticas particulares, el sistema internacional pierde la capacidad de arbitrar conflictos y proteger a las poblaciones vulnerables. Esta erosión institucional no solo invalida el propósito original de los organismos multilaterales, sino que fomenta un orden mundial fragmentado e impredecible donde prevalece la ley del más fuerte sobre el consenso jurídico.

Ante este complejo panorama geopolítico, las naciones de escala intermedia y pequeña están llamadas a reafirmar el valor indiscutible del derecho internacional como su principal escudo defensivo. Para Panamá, preservar una postura diplomática autónoma, coherente y guiada por los principios de neutralidad y libre determinación no es una opción de política coyuntural, sino una condición imperativa para garantizar su estabilidad soberana. En un mundo al borde del colapso multilateral, la verdadera firmeza estratégica reside en mantener la equidad diplomática y la fidelidad a los consensos éticos que sostienen la paz mundial.

Comunidades rurales marchan contra el embalse canalero y denuncian abusos de seguridad

Redacción: DNews507 – Fuente: Reporte en campo e imágenes por: Guásimo Multimedia

Río Indio, (Panamá Oeste / Colón), 28 de septiembre de 2026 – Cientos de pobladores de Los Uveros, La Mina, San Cristóbal y Tres Hermanas se movilizaron a pie y a caballo por la cuenca de Río Indio, culminando con una concentración en el puente sobre el afluente en Tres Hermanas para fijar posición frente al proyecto de embalse promovido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La manifestación respondió de forma directa al rechazo por las recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como a acusaciones contra el Ministerio de Seguridad Pública y la administración canalera. Durante el acto de cierre, la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses dio lectura a un comunicado en el que exigieron la suspensión de medidas coercitivas, cuestionaron la transparencia de las cifras oficiales y reiteraron su defensa del territorio frente a los planes de inundación destinados al abastecimiento de la vía interoceánica.

El calificativo de «extorsionadores» vertido por el mandatario panameño en la tribuna internacional de la ONU refleja una postura institucional rigurosa frente a la resistencia comunitaria. Desde la óptica del Ejecutivo, el embalse de Río Indio se plantea como una obra de infraestructura crítica de interés nacional, orientada a blindar la operatividad del Canal y el suministro hídrico del área metropolitana tras severas sequías. Sin embargo, trasladar esta narrativa a un foro multilateral escala la confrontación y tiende a estigmatizar los reclamos locales, desplazando la discusión sobre las afectaciones socioambientales y el desplazamiento de poblaciones con arraigo histórico en la cuenca.

La controversia en torno al respaldo popular evidencia una marcada divergencia entre los reportes corporativos de la ACP y las afirmaciones de las dirigencias locales. Mientras la entidad canalera sostiene que existe un 70% de aprobación sustentado en programas de titulación de tierras, consultas públicas y proyectos de compensación, la Coordinadora exige una auditoría independiente para verificar tales datos. La disparidad entre las métricas de consenso institucional y la oposición en el terreno pone de manifiesto inconsistencias en los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto donde las deficiencias históricas en servicios públicos agudizan la desconfianza hacia los proyectos estatales.

Las denuncias dirigidas al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, sobre presuntas labores de inteligencia y presencia de agentes encubiertos en hogares y asambleas comunitarias, incorporan un elemento de tensión en materia de garantías constitucionales. Los estamentos de seguridad suelen justificar las labores de monitoreo en la necesidad de preservar el orden público y vigilar infraestructuras estratégicas del país. No obstante, para los pobladores de Río Indio, estas acciones constituyen una intimidación que criminaliza el derecho a la protesta y dificulta el establecimiento de canales formales de mediación institucional.

El cuestionamiento hacia la Asamblea Nacional de Diputados acentúa la percepción de distanciamiento entre la labor de representación del Órgano Legislativo y los requerimientos de las comunidades rurales. Los manifestantes recriminan a las bancadas parlamentarias la aprobación de iniciativas afines a la ACP sin someter la viabilidad del embalse a un debate ciudadano amplio y vinculante. Aunque la Asamblea respalda sus decisiones bajo el argumento de la primacía del interés general y la sostenibilidad económica del país, la falta de consultas territoriales profundas alimenta el malestar social en la región.

La participación de agrupaciones de alcance nacional como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRAC) y de simpatizantes del Frente Amplio por la Democracia (FAD) añade una dimensión político-sindical a la protesta. Si bien esta articulación amplifica la visibilidad mediática y el respaldo logístico de las comunidades, también abre espacio para que sectores gubernamentales encuadren el conflicto como un movimiento de oposición política, en lugar de atender prioritariamente las demandas ambientales y territoriales planteadas por las familias de la cuenca.

Durante la movilización, la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses presentó de forma expresa los cuatro puntos centrales de su comunicado oficial:

1. Al Presidente José Raúl Mulino: Rechazan categóricamente que se tilde de «extorsionadores» en la ONU a los sectores campesinos que defienden la soberanía, la naturaleza, la dignidad y la democracia en Panamá.
2. A la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): Denuncian falta de transparencia y el uso de información manipulada para ocultar los impactos del proyecto de embalse sobre sus comunidades.
3. Al Ministro de Seguridad, Frank Ábrego: Condenan la infiltración ilegal de agentes encubiertos en hogares y reuniones locales por considerarla un abuso de poder inadmisible.
4. A la Asamblea Nacional de Diputados: Señalan como una traición al electorado la aprobación de medidas promovidas por la ACP sin escuchar las demandas de la población rural.

El conflicto actual en Río Indio se enmarca en una serie de acontecimientos y antecedentes que han marcado la discusión pública sobre el proyecto hídrico en la región:

• Comité estatal coordinará reasentamiento en Río Indio
• Entrega de títulos territoriales en Río Indio
• Campesinos de Río Indio advierten firme resistencia a Ilya Espino
• Cementerios de Río Indio: decreto genera controversia
• Canal adjudica nuevas carreteras para proyecto Río Indio

La coyuntura en la cuenca de Río Indio plantea un equilibrio complejo entre los requerimientos de desarrollo de la infraestructura hídrica nacional y el respeto a los derechos de las poblaciones rurales. Mientras las instancias gubernamentales y la administración de la vía interoceánica insisten en la conveniencia técnica del embalse para garantizar la operatividad canalera, la resistencia comunitaria demanda detener cualquier medida de presión, auditar las decisiones oficiales e instalar mesas de trabajo transparentes. La resolución de esta disputa dependerá de la capacidad de las partes para sustituir la descalificación pública por un diálogo técnico y social fundamentado en datos verificables.

El debate legislativo sobre las reformas electorales genera fuertes tensiones institucionales panameñas.

Redacción: DNews507 – Fuente: RRPP APEDE

Panamá, 28 de septiembre de 2026 – La aprobación en primer debate del proyecto de ley de reformas al Código Electoral por parte de la Asamblea Nacional ha encendido las alarmas en el ámbito político e institucional de Panamá. A través de su manifiesto oficial titulado “La Voz de APEDE”, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa advirtió que las modificaciones unilaterales introducidas por el Órgano Legislativo imponen retrocesos significativos al sistema democrático. La entidad empresarial remarcó que las reglas de las próximas elecciones deben responder al beneficio de la ciudadanía y no a los intereses coyunturales de quienes ejercen el poder político, haciendo un llamado urgente a restablecer el diálogo y corregir las distorsiones durante el segundo debate comicial.

Para comprender la génesis de estos cambios legislativos, resulta indispensable examinar el papel de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), organismo consultivo convocado por el Tribunal Electoral tras cada proceso comicial con el fin de formular enmiendas al Código Electoral. La estructura de la CNRE integra a tres magistrados del Tribunal Electoral, la Fiscalía Electoral, nueve partidos políticos reconocidos, una representación para candidaturas por libre postulación y cuatro votos del Foro Ciudadano (que agrupa a la academia, sindicatos, sector empresarial y ONG), además de veedores como el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación de Medios Digitales de Panamá (AMEDIPA). No obstante, la experiencia histórica evidencia que la hegemonía numérica de los partidos políticos sobre la representación civil e independiente provoca que la mayoría del articulado se apruebe por simple mayoría partidaria, creando tensiones originarias que posteriormente se profundizan cuando el proyecto llega a la Asamblea y es alterado unilateralmente por los diputados.

Entre las alertas más severas señaladas en el editorial de APEDE destaca la propuesta de impedir que el Tribunal Electoral apruebe o modifique reglamentos una vez iniciado el periodo comicial. Esta disposición entra en conflicto directo con el artículo 143 de la Constitución Política de la República de Panamá, el cual otorga de manera privativa al Tribunal Electoral la potestad de reglamentar, interpretar y aplicar la legislación comicial. Intentar subordinar una competencia de rango constitucional mediante una norma de jerarquía legal debilita la seguridad jurídica del país y despoja al ente arbitral de la capacidad de resolver imprevistos operativos en plena contienda.

En materia económica y de equidad, el proyecto legislativo busca elevar los topes de financiamiento privado hasta $500,000 para candidaturas a diputado y alcalde, rompiendo con el principio histórico de contención del gasto que buscaba equiparar las condiciones de competencia. Un incremento de esta magnitud acentúa las brechas entre los partidos tradicionales y los aspirantes independientes, al tiempo que eleva la vulnerabilidad del sistema ante la infiltración de capitales de origen opaco o del crimen organizado. A esto se suma la intención de restar espacio a las postulaciones por libre postulación y la falta de transparencia técnica en la redistribución de los circuitos electorales.

El análisis del pronunciamiento gremial expone igualmente un retroceso en los mecanismos de democracia interna y rendición de cuentas. Propuestas como la adopción de listas cerradas y bloqueadas para elegir directivas partidarias y diputados al Parlamento Centroamericano suprimen el derecho al voto preferencial individual de la militancia. De igual manera, reducir el periodo de prescripción de delitos electorales de cuatro a tres años, mantener la figura del fuero penal electoral como blindaje procesal y autorizar la doble postulación simultánea para conservar dos cargos públicos distorsionan la voluntad popular y erosionan la efectividad de las sanciones de la justicia comicial.

Desde una perspectiva comparativa e institucional, las preocupaciones expresadas por el sector privado convergen con los indicadores internacionales sobre la calidad de la gobernanza. De acuerdo con el informe The Global State of Democracy 2026, elaborado por IDEA Internacional, Panamá descendió del puesto 71 al 79 en la evaluación de Estado de derecho —con un puntaje que bajó de 0.498 a 0.480— y retrocedió del lugar 62 al 68 en el índice de Participación Ciudadana. Si bien IDEA precisa que estos números no representan una ruptura democrática, sí reflejan una marcada pérdida de dinamismo y dificultades estructurales para aplicar las normas de forma predecible y transparente.

El pronunciamiento firmado por el presidente de APEDE, Alberto López Tom, subraya que la fragilidad de las instituciones comiciales incide directamente en el desempeño macroeconómico del país. Un entorno donde no se respetan las facultades constitucionales ni la previsibilidad de las reglas genera desconfianza en los mercados, lo que a su vez frena la inversión privada, el desarrollo de emprendimientos y la generación de empleo formal. La competitividad económica de Panamá se encuentra indisolublemente ligada al fortalecimiento de su arquitectura democrática. Frente al inminente segundo debate en la Asamblea Nacional, resulta imprescindible que los legisladores rectifiquen el rumbo del proyecto de ley y restituyan los principios de equidad, constitucionalidad y consenso. Preservar la autoridad del Tribunal Electoral, fortalecer la transparencia en el financiamiento y asegurar un espacio incluyente para la sociedad civil e independientes no son solo demandas gremiales, sino salvaguardas necesarias para proteger la gobernabilidad y el futuro económico de la nación.