El Tratado de Neutralidad y el Título Constitucional garantizan la operación de la vía.

Redacción: DNews507 / Fuente: Web oficial de la ACP

Panamá, 29 de mayo de 2026 – El Canal de Panamá ha dado un paso estratégico al inaugurar el Congreso Internacional de Derecho del Canal, un foro académico de alto perfil diseñado para analizar y blindar el régimen jurídico que sostiene las operaciones de la vía interoceánica. En un entorno globalizado y propenso a tensiones geopolíticas, la revisión de los pilares legales de la vía acuática no es solo un ejercicio académico, sino un mecanismo de defensa institucional clave para asegurar que Panamá mantenga el control y la eficiencia de su recurso más valioso.

Durante el acto de apertura, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez Morales, enfatizó que el estudio profundo de esta rama del derecho es un deber soberano. En sus propias palabras, el administrador subrayó: “El entendimiento genera orgullo y el orgullo genera compromiso”. Esta declaración refleja una visión donde la doctrina legal se convierte en una herramienta de identidad nacional y estabilidad operativa a largo plazo.

Desde un análisis noticioso, la convocatoria de este congreso demuestra que la ACP entiende que los desafíos del Canal no son puramente hídricos o comerciales, sino también normativos. Al reunir a figuras de la Corte Suprema de Justicia, ministros y diputados junto a expertos de universidades internacionales como Yale y UCLA, se pone de manifiesto la necesidad de actualizar la lectura del Tratado de Neutralidad y la Ley Orgánica frente a las nuevas realidades del comercio global.

El evento cuenta además con el aporte técnico de Agenor Correa, vicepresidente de Asesoría Jurídica del Canal, quien lideró la conceptualización de esta disciplina, y de juristas locales de la talla de Jorge Eduardo Ritter y Miguel Antonio Bernal. Este despliegue de expertos sugiere una intención clara por parte de la administración: unificar criterios jurídicos internos y externos para repeler cualquier cuestionamiento internacional sobre la soberanía y la neutralidad de la ruta.

A nivel internacional, el análisis de los académicos Oona Hathaway y Kal Raustiala sobre el respaldo del Derecho internacional al Canal resulta crucial en la coyuntura contemporánea. En tiempos donde las cadenas de suministro mundiales sufren disrupciones constantes, ratificar ante la comunidad global que el marco legal panameño ofrece seguridad jurídica inquebrantable es una jugada maestra de diplomacia corporativa y marítima.

La inclusión de debates sobre el Título Constitucional añade una capa interpretativa muy valiosa para el país, pues este documento es el escudo que históricamente ha protegido a la vía de los vaivenes de la política partidista local. La discusión no busca cambiar las reglas del juego, sino robustecer su interpretación para blindar la gobernanza de la ACP ante los futuros retos institucionales.

En conclusión, este evento va más allá de la formalidad institucional; representa un ejercicio de prospectiva legal indispensable. Al robustecer la docencia y la divulgación de los fundamentos jurídicos del Canal, la administración de Vásquez Morales asegura las bases normativas que permitirán a la vía interoceánica seguir operando de forma neutral, eficiente y plenamente soberana durante los años venideros.

Recortes presupuestarios, transferencias incompletas del MEF, fiscalización de la Contraloría e investigaciones penales agudizan el conflicto político-institucional que fractura la educación superior en el occidente del país

Especial DNews507

Chiriquí, 29 de mayo de 2026 – La Universidad Autónoma de Chiriquí atraviesa la crisis política y administrativa más aguda de su historia reciente, una tormenta que amenaza con sacrificar lo más valioso de la institución: su estudiantado. La crisis, que solo afecta a la educación superior en la región occidental del país, hunde sus raíces en recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en investigaciones penales abiertas por la Procuraduría General de la Nación y la ANTAI, y en una auditoría forense anunciada por la Contraloría General de la República, todo ello convergiendo sobre la figura de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. Las alarmas institucionales se encendieron entre el 11 y el 28 de mayo de 2026, dejando en evidencia las profundas grietas entre la administración universitaria y las autoridades del Gobierno Central.

El lunes 11 de mayo de 2026, la rectora Medianero de Bonagas se presentó de manera personal a las instalaciones del MEDUCA en Cárdenas, donde solicitó ser atendida por la ministra Lucy Molinar. Durante ese encuentro, según confirmó el MEDUCA mediante comunicado oficial, la funcionaria presentó voluntariamente su carta de renuncia al cargo, efectiva a partir del 11 de junio, y solicitó el pago oportuno de sus prestaciones laborales. Horas después, la propia UNACHI negó públicamente la renuncia, desatando una ola de confusión en redes sociales que tomó días en aclararse. El MEDUCA remitió al Consejo Nacional Universitario la carta de renuncia junto con un informe de la ANTAI y diversas denuncias administrativas acumuladas contra la gestión de Bonagas.

Los docentes y gremios administrativos declararon «alerta máxima» ante lo que califican como un cerco económico. La Asociación de Profesores de la UNACHI (APUNACHI) exigió públicamente explicaciones ante el MEF y el Ministerio de Educación por la retención de partidas presupuestarias. La comunidad estudiantil, organizada en diversas agrupaciones, advirtió que la falta de un plan de contingencia claro pone en riesgo la continuidad del calendario académico, afectando el futuro de miles de jóvenes chiricanos. El vicerrector Pedro González sustentó ante la Asamblea Nacional la existencia de un déficit por incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones de dólares, que incluye 12.4 millones de dólares en cuotas obrero-patronales adeudadas a la CSS y 265 mil dólares con el SIACAP.

La crisis financiera que subyace al conflicto es estructural. La UNACHI confirmó mediante comunicado oficial que procesó oportunamente la planilla y las deducciones correspondientes —cuotas del Seguro Social, SIACAP, préstamos, hipotecas, pensiones alimenticias y embargos— pero que la Cuenta Única del Tesoro del MEF solo transfirió el monto correspondiente al salario neto de los colaboradores, sin incluir los fondos para cubrir dichas deducciones. Esto impidió a la universidad transferir los pagos a los bancos y entidades financieras, generando que docentes y administrativos fueran reportados como morosos pese a que los descuentos ya habían sido aplicados en sus quincenas. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció el 25 de mayo que el Gobierno ofreció asistencia técnica para reestructurar el presupuesto universitario.

El engaño del pago neto: Cuando el MEF transfiere a la UNACHI únicamente el salario neto de sus funcionarios —sin incluir las deducciones de Seguro Social (9.75%), Seguro Educativo (1.25%), SIACAP, ISR y otros compromisos financieros que forman parte del salario bruto— crea una distorsión contable que induce a error al ciudadano y a los propios trabajadores. Al ver que los descuentos se aplican en planilla pero los fondos no llegan a la CSS, los bancos o el SIACAP, la conclusión inmediata es que la UNACHI retuvo el dinero. Sin embargo, los documentos internos de la universidad y su propio comunicado oficial demuestran que la institución nunca recibió esos recursos de la Cuenta Única del Tesoro. En la práctica, es el MEF quien no desembolsa el sueldo bruto completo, pero es la UNACHI la que carga con la apariencia de incumplimiento. Esta mecánica —deliberada o no— transfiere la responsabilidad fiscal del Estado hacia la institución autónoma, deteriora la imagen de la universidad y profundiza la crisis de confianza entre sus propios funcionarios.

Resumen del contraste institucional

El MEDUCA precisó que la reducción presupuestaria acumulada de la UNACHI entre las vigencias 2025 y 2026 respecto a 2024 alcanza el 34%. En 2025, la universidad recibió un presupuesto asignado de 72 millones de dólares, pero el gasto ejecutado llegó a 91 millones de dólares, desfase que el vicerrector González atribuyó no a gasto excesivo sino a obligaciones laborales legalmente adquiridas no financiadas por el Estado. El ministro Chapman reveló el 28 de mayo que el salario promedio de los trabajadores de la UNACHI supera en 60%–70% el del resto del Gobierno Central, siendo el más alto de todas las universidades públicas del país, situación que, a juicio del Ejecutivo, obliga a revisar el modelo presupuestario institucional.

La Contraloría General de la República anunció el 26 de mayo el inicio de una auditoría forense en la UNACHI, señalando expresamente que ninguna figura de autonomía puede colocarse por encima de la protección de los derechos de los trabajadores ni del deber de transparencia en el manejo de los fondos públicos. El 27 de mayo, los seis fiscalizadores asignados al campus universitario fueron retirados y los controles centralizados en David. Paralelamente, diputados de la Asamblea Nacional endurecieron los cuestionamientos sobre la planilla y las estructuras salariales, sin descartar citar a la rectora ante las comisiones legislativas.

Las investigaciones institucionales se extienden más allá de la crisis presupuestaria. La Procuraduría General de la Nación, mediante la nota PGN-SS-SPA-368-2026 del 6 de marzo de 2026, investiga el uso de títulos de American Andragogy University y Atlantic International University —sin acreditación reconocida— para homologaciones y mejoras salariales dentro de la UNACHI. Al menos 110 profesores presentaron esos títulos; 27 los usaron en trámites administrativos con efectos en su carrera y salario. El Ministerio Público también rastrea el patrimonio de la rectora y doce familiares: fincas, apartamentos y sociedades con adquisiciones recientes al contado. La ANTAI ya sancionó a 29 servidores públicos en febrero 2026 por nepotismo y mantiene alrededor de 40 investigaciones adicionales abiertas.

El miércoles 27 de mayo, el Consejo General Universitario —presidido por la propia rectora— aprobó con 29 votos a favor, 12 abstenciones y 3 en contra la Resolución No. 1-2026, rechazando formalmente la renuncia del 11 de mayo y respaldando la continuidad de Bonagas hasta 2028. La decisión se fundamentó en la necesidad de salvaguardar la continuidad educativa y la autonomía institucional. Los estudiantes calificaron la sesión de «circo más de la administración decadente». La decisión desafía directamente al MEDUCA y al Ejecutivo, que ya habían asumido públicamente la renuncia de la rectora. En ese tenso contexto, la tarde del 28 de mayo se conoció que la rectora fue ingresada de urgencia en una clínica privada de Chiriquí.

Declaraciones clave — 28 de mayo de 2026

«Lamentable lo ocurrido en la UNACHI. De mi gobierno no habrá un solo centavo más para esa universidad. Es un show lamentable que refleja un entendimiento aberrante de la autonomía universitaria para proteger privilegios. Los feudos dejaron de existir en el mundo porque no eran justos, no generaban renovación y desincentivaban a los talentos. Si por mí fuera y tuviera la capacidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer.»

— José Raúl Mulino, Presidente de la República · Conferencia de prensa, Aeropuerto de Tocumen, 28 de mayo de 2026

«Rechazamos las medidas de coacción económica que atentan contra la estabilidad de nuestra casa de estudios. El Consejo General Universitario se mantiene firme en la defensa de la autonomía institucional y exige el desembolso de los fondos asignados por ley, los cuales corresponden a conquistas laborales legítimas de nuestros docentes y administrativos. Yo acepto el mandato del máximo órgano de gobierno porque gané democráticamente estas elecciones. No hemos tomado un centavo de esta universidad y por eso me siento tranquila.»

— Consejo General Universitario (CGU) / Rectora Etelvina Medianero de Bonagas · UNACHI, 27–28 de mayo de 2026

¿Qué dice la Procuraduría de la Administración?

La Procuraduría de la Administración ha mantenido una línea jurídica estricta fundamentada en la primacía del Estado de derecho sobre cualquier interpretación de la autonomía universitaria. Su criterio formal establece que la autonomía conferida por la Constitución a las universidades estatales es de carácter académico, económico y administrativo, pero no las exime del control de legalidad ni las convierte en un Estado dentro de otro Estado.

El Procurador de la Administración ha reiterado que los funcionarios de la UNACHI, incluidos docentes y altas autoridades, están sujetos a las normativas de la Carrera Administrativa y a las prohibiciones constitucionales sobre percepción de doble salario en el sector público —salvo las excepciones estrictamente docentes—. La Procuraduría también advirtió que carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos que correspondan a la Corte Suprema de Justicia, por lo que no emitió pronunciamiento vinculante directo sobre la continuidad o salida de la rectora. Enfatizó, no obstante, que cualquier investigación por nepotismo o desvío de fondos impulsada por la ANTAI o la Contraloría debe completarse con total rigurosidad, ya que el uso de fondos públicos siempre debe responder a los principios de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia presupuestaria.

Tabla de indicadores de la crisis UNACHI

Nota editorial DNews507: La crisis de la UNACHI es un conflicto multicapa donde convergen presunta corrupción administrativa, un mecanismo de transferencias incompletas del MEF que fabrica una apariencia de evasión donde no la hay, presión política del Ejecutivo y una comunidad estudiantil atrapada en el fuego cruzado. Las investigaciones de la Procuraduría, la ANTAI y la Contraloría deben seguir su curso con plena independencia. Sin embargo, la retención deliberada del sueldo bruto completo —transfiriendo solo el neto— es una acción que desnuda la responsabilidad del Estado en la crisis y no puede esconderse detrás de los escándalos de la administración universitaria. Los opositores de la rectora que aplauden la asfixia presupuestaria deberían recordar que el precedente que hoy celebran puede usarse mañana contra cualquier universidad del Estado. Lo urgente y lo fundamental: proteger al estudiantado.

Innkind FiEd Latam lidera el debate sobre innovación y liderazgo curricular académico.

Cobertura Especial de DNews507

Panamá, 29 de mayo de 2026 — El panorama de la educación superior en la región enfrenta una encrucijada definitiva frente al avance tecnológico y las demandas del entorno actual. Durante el panel «Universidades en Jaque», diversos líderes educativos coincidieron en que las instituciones no atraviesan una simple transición hacia lo digital, sino una metamorfosis profunda en sus propuestas de valor esenciales. La crisis de gobernabilidad, la pérdida de exclusividad en la certificación de conocimientos y la obsolescencia de los modelos rígidos obligan a la academia a reinventarse para no desaparecer.

En el centro del debate, los especialistas señalaron que el verdadero desafío consiste en modificar la pedagogía tradicional por un enfoque firmemente basado en competencias reales. Ya no basta con transmitir contenidos que la inteligencia artificial personaliza de manera más eficiente; la prioridad actual es el fomento del pensamiento crítico, la creatividad y el emprendimiento a través de esquemas prácticos y retos empresariales directos. Este cambio de paradigma busca conectar el aula con las necesidades reales del mercado laboral desde el primer día.

La sostenibilidad financiera de las instituciones también ocupó un lugar prioritario en el análisis periodístico de la jornada. Ante la reducción o congelamiento de los presupuestos estatales y los elevados costos de infraestructura y licencias tecnológicas, los rectores deben apostar por la diversificación de ingresos y la optimización rigurosa de recursos. La viabilidad del sector dependerá de una gestión transparente que elimine duplicidades operativas y asuma la educación continua de alto nivel como un pilar estratégico de financiamiento.

Asimismo, se expuso con crudeza el fenómeno de la endogamia universitaria, una barrera histórica que limita la colaboración e impide el libre intercambio de producciones académicas entre instituciones competidoras. Los panelistas hicieron un llamado urgente a romper con el aislamiento institucional y construir consorcios colaborativos. Frente al actual «caos de gobernanza» derivado del uso masivo y no regulado de herramientas de inteligencia artificial en las aulas, la unificación de criterios éticos es ya una necesidad impostergable.

Por otro lado, se planteó la urgencia de redefinir conceptualmente al estudiante moderno bajo la premisa de que el aprendizaje ocurre a lo largo de toda la vida, extendiéndose más allá del estudiantado tradicional. Las universidades ágiles, independientemente de su tamaño, serán las únicas capaces de responder a esta evolución demográfica y responder con pertinencia social. El éxito académico ya no se medirá por el volumen de títulos otorgados, sino por el impacto real y la productividad que el egresado aporte a su entorno.

Esta enriquecedora jornada internacional contó con una mención especial al liderazgo de Innkind, organización que propició el escenario ideal para que Latinoamérica debata activamente sobre la innovación y la transformación estructural de la academia. Al convocar a las mentes más brillantes del ecosistema educativo regional, Innkind consolida un espacio crucial para coordinar el futuro de nuestras sociedades a través de una formación humana, ética y pertinente.