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Crisis en la UNACHI: autonomía, poder y el estudiantado sacrificado

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Recortes presupuestarios, transferencias incompletas del MEF, fiscalización de la Contraloría e investigaciones penales agudizan el conflicto político-institucional que fractura la educación superior en el occidente del país

Especial DNews507

Chiriquí, 29 de mayo de 2026 – La Universidad Autónoma de Chiriquí atraviesa la crisis política y administrativa más aguda de su historia reciente, una tormenta que amenaza con sacrificar lo más valioso de la institución: su estudiantado. La crisis, que solo afecta a la educación superior en la región occidental del país, hunde sus raíces en recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en investigaciones penales abiertas por la Procuraduría General de la Nación y la ANTAI, y en una auditoría forense anunciada por la Contraloría General de la República, todo ello convergiendo sobre la figura de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. Las alarmas institucionales se encendieron entre el 11 y el 28 de mayo de 2026, dejando en evidencia las profundas grietas entre la administración universitaria y las autoridades del Gobierno Central.

El lunes 11 de mayo de 2026, la rectora Medianero de Bonagas se presentó de manera personal a las instalaciones del MEDUCA en Cárdenas, donde solicitó ser atendida por la ministra Lucy Molinar. Durante ese encuentro, según confirmó el MEDUCA mediante comunicado oficial, la funcionaria presentó voluntariamente su carta de renuncia al cargo, efectiva a partir del 11 de junio, y solicitó el pago oportuno de sus prestaciones laborales. Horas después, la propia UNACHI negó públicamente la renuncia, desatando una ola de confusión en redes sociales que tomó días en aclararse. El MEDUCA remitió al Consejo Nacional Universitario la carta de renuncia junto con un informe de la ANTAI y diversas denuncias administrativas acumuladas contra la gestión de Bonagas.

Los docentes y gremios administrativos declararon «alerta máxima» ante lo que califican como un cerco económico. La Asociación de Profesores de la UNACHI (APUNACHI) exigió públicamente explicaciones ante el MEF y el Ministerio de Educación por la retención de partidas presupuestarias. La comunidad estudiantil, organizada en diversas agrupaciones, advirtió que la falta de un plan de contingencia claro pone en riesgo la continuidad del calendario académico, afectando el futuro de miles de jóvenes chiricanos. El vicerrector Pedro González sustentó ante la Asamblea Nacional la existencia de un déficit por incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones de dólares, que incluye 12.4 millones de dólares en cuotas obrero-patronales adeudadas a la CSS y 265 mil dólares con el SIACAP.

La crisis financiera que subyace al conflicto es estructural. La UNACHI confirmó mediante comunicado oficial que procesó oportunamente la planilla y las deducciones correspondientes —cuotas del Seguro Social, SIACAP, préstamos, hipotecas, pensiones alimenticias y embargos— pero que la Cuenta Única del Tesoro del MEF solo transfirió el monto correspondiente al salario neto de los colaboradores, sin incluir los fondos para cubrir dichas deducciones. Esto impidió a la universidad transferir los pagos a los bancos y entidades financieras, generando que docentes y administrativos fueran reportados como morosos pese a que los descuentos ya habían sido aplicados en sus quincenas. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció el 25 de mayo que el Gobierno ofreció asistencia técnica para reestructurar el presupuesto universitario.

El engaño del pago neto: Cuando el MEF transfiere a la UNACHI únicamente el salario neto de sus funcionarios —sin incluir las deducciones de Seguro Social (9.75%), Seguro Educativo (1.25%), SIACAP, ISR y otros compromisos financieros que forman parte del salario bruto— crea una distorsión contable que induce a error al ciudadano y a los propios trabajadores. Al ver que los descuentos se aplican en planilla pero los fondos no llegan a la CSS, los bancos o el SIACAP, la conclusión inmediata es que la UNACHI retuvo el dinero. Sin embargo, los documentos internos de la universidad y su propio comunicado oficial demuestran que la institución nunca recibió esos recursos de la Cuenta Única del Tesoro. En la práctica, es el MEF quien no desembolsa el sueldo bruto completo, pero es la UNACHI la que carga con la apariencia de incumplimiento. Esta mecánica —deliberada o no— transfiere la responsabilidad fiscal del Estado hacia la institución autónoma, deteriora la imagen de la universidad y profundiza la crisis de confianza entre sus propios funcionarios.

Resumen del contraste institucional

EntidadPosición / Datos Actuales
UNACHIAdmite el retraso del pago a la CSS, pero alega que el MEF solo liberó los fondos para el salario neto.
MEFHa ido consignando pagos de emergencia a la CSS para mitigar la deuda, pero cuestiona el exceso de gastos de la universidad que superaron su presupuesto asignado original.
CSSRegistró la morosidad de $12.5 millones, congelando temporalmente los beneficios de salud a los cotizantes hasta que se hicieran los arreglos de pago estatales.
ContraloríaHa iniciado una auditoría forense a la UNACHI por estos descuentos directos no transferidos para deslindar responsabilidades penales o administrativas.

El MEDUCA precisó que la reducción presupuestaria acumulada de la UNACHI entre las vigencias 2025 y 2026 respecto a 2024 alcanza el 34%. En 2025, la universidad recibió un presupuesto asignado de 72 millones de dólares, pero el gasto ejecutado llegó a 91 millones de dólares, desfase que el vicerrector González atribuyó no a gasto excesivo sino a obligaciones laborales legalmente adquiridas no financiadas por el Estado. El ministro Chapman reveló el 28 de mayo que el salario promedio de los trabajadores de la UNACHI supera en 60%–70% el del resto del Gobierno Central, siendo el más alto de todas las universidades públicas del país, situación que, a juicio del Ejecutivo, obliga a revisar el modelo presupuestario institucional.

La Contraloría General de la República anunció el 26 de mayo el inicio de una auditoría forense en la UNACHI, señalando expresamente que ninguna figura de autonomía puede colocarse por encima de la protección de los derechos de los trabajadores ni del deber de transparencia en el manejo de los fondos públicos. El 27 de mayo, los seis fiscalizadores asignados al campus universitario fueron retirados y los controles centralizados en David. Paralelamente, diputados de la Asamblea Nacional endurecieron los cuestionamientos sobre la planilla y las estructuras salariales, sin descartar citar a la rectora ante las comisiones legislativas.

Las investigaciones institucionales se extienden más allá de la crisis presupuestaria. La Procuraduría General de la Nación, mediante la nota PGN-SS-SPA-368-2026 del 6 de marzo de 2026, investiga el uso de títulos de American Andragogy University y Atlantic International University —sin acreditación reconocida— para homologaciones y mejoras salariales dentro de la UNACHI. Al menos 110 profesores presentaron esos títulos; 27 los usaron en trámites administrativos con efectos en su carrera y salario. El Ministerio Público también rastrea el patrimonio de la rectora y doce familiares: fincas, apartamentos y sociedades con adquisiciones recientes al contado. La ANTAI ya sancionó a 29 servidores públicos en febrero 2026 por nepotismo y mantiene alrededor de 40 investigaciones adicionales abiertas.

El miércoles 27 de mayo, el Consejo General Universitario —presidido por la propia rectora— aprobó con 29 votos a favor, 12 abstenciones y 3 en contra la Resolución No. 1-2026, rechazando formalmente la renuncia del 11 de mayo y respaldando la continuidad de Bonagas hasta 2028. La decisión se fundamentó en la necesidad de salvaguardar la continuidad educativa y la autonomía institucional. Los estudiantes calificaron la sesión de «circo más de la administración decadente». La decisión desafía directamente al MEDUCA y al Ejecutivo, que ya habían asumido públicamente la renuncia de la rectora. En ese tenso contexto, la tarde del 28 de mayo se conoció que la rectora fue ingresada de urgencia en una clínica privada de Chiriquí.

Declaraciones clave — 28 de mayo de 2026

«Lamentable lo ocurrido en la UNACHI. De mi gobierno no habrá un solo centavo más para esa universidad. Es un show lamentable que refleja un entendimiento aberrante de la autonomía universitaria para proteger privilegios. Los feudos dejaron de existir en el mundo porque no eran justos, no generaban renovación y desincentivaban a los talentos. Si por mí fuera y tuviera la capacidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer.»

— José Raúl Mulino, Presidente de la República · Conferencia de prensa, Aeropuerto de Tocumen, 28 de mayo de 2026

«Rechazamos las medidas de coacción económica que atentan contra la estabilidad de nuestra casa de estudios. El Consejo General Universitario se mantiene firme en la defensa de la autonomía institucional y exige el desembolso de los fondos asignados por ley, los cuales corresponden a conquistas laborales legítimas de nuestros docentes y administrativos. Yo acepto el mandato del máximo órgano de gobierno porque gané democráticamente estas elecciones. No hemos tomado un centavo de esta universidad y por eso me siento tranquila.»

— Consejo General Universitario (CGU) / Rectora Etelvina Medianero de Bonagas · UNACHI, 27–28 de mayo de 2026

¿Qué dice la Procuraduría de la Administración?

La Procuraduría de la Administración ha mantenido una línea jurídica estricta fundamentada en la primacía del Estado de derecho sobre cualquier interpretación de la autonomía universitaria. Su criterio formal establece que la autonomía conferida por la Constitución a las universidades estatales es de carácter académico, económico y administrativo, pero no las exime del control de legalidad ni las convierte en un Estado dentro de otro Estado.

El Procurador de la Administración ha reiterado que los funcionarios de la UNACHI, incluidos docentes y altas autoridades, están sujetos a las normativas de la Carrera Administrativa y a las prohibiciones constitucionales sobre percepción de doble salario en el sector público —salvo las excepciones estrictamente docentes—. La Procuraduría también advirtió que carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos que correspondan a la Corte Suprema de Justicia, por lo que no emitió pronunciamiento vinculante directo sobre la continuidad o salida de la rectora. Enfatizó, no obstante, que cualquier investigación por nepotismo o desvío de fondos impulsada por la ANTAI o la Contraloría debe completarse con total rigurosidad, ya que el uso de fondos públicos siempre debe responder a los principios de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia presupuestaria.

Tabla de indicadores de la crisis UNACHI

IndicadorTipoDatos / Afectación
Recorte MEF — 34%RealidadEl MEF redujo el presupuesto de la UNACHI en un 34% acumulado en 2025–2026 respecto a 2024. En 2025 se asignaron $72 millones pero el gasto ejecutado fue de $91 millones por obligaciones legalmente adquiridas no financiadas. Afectación: quiebre operativo y deuda acumulada de $27.6 millones. Fuente: MEDUCA / Vicerrector González / Asamblea Nacional.
Pago neto sin deducciones nuevoAlerta / MitoEl MEF transfirió únicamente el salario neto a la UNACHI, sin incluir CSS (9.75%), Seguro Educativo (1.25%), SIACAP, ISR ni compromisos bancarios. La UNACHI aplicó los descuentos en planilla pero nunca recibió esos fondos de la Cuenta Única del Tesoro. Esto crea la apariencia de que la UNACHI retiene dinero, cuando es el Estado quien no desembolsa el sueldo bruto completo. Afectación: funcionarios reportados como morosos sin haber incumplido, deuda CSS de $12.4M y SIACAP de $265K. Fuente: Comunicado oficial UNACHI / TVN / Panamá América.
Renuncia rectoraVerdadEl MEDUCA confirmó carta de renuncia voluntaria del 11/05/2026, efectiva el 11/06. La UNACHI la negó inicialmente. El CGU la rechazó mediante Resolución No. 1-2026 del 27/05 con 29 votos a favor. La rectora desconoció su propia carta. Afectación: crisis de gobernanza e incertidumbre institucional. La rectora fue hospitalizada el 28/05.
Auditoría forense ContraloríaRealidadContraloría anunció el 26/05/2026 auditoría forense por descuentos no transferidos a entidades financieras y CSS. Los 6 fiscalizadores del campus fueron retirados el 27/05 y controles centralizados en David. Afectación: docentes con cargos por mora y deterioro del historial crediticio de funcionarios.
NepotismoVerdadLa ANTAI sancionó a 29 servidores públicos de la UNACHI en febrero 2026 y mantiene ~40 investigaciones adicionales abiertas desde finales de 2024. Afectación: uso irregular de recursos estatales y detrimento del mérito académico.
Títulos exprésDenuncia abiertaLa Procuraduría (nota PGN-SS-SPA-368-2026, 6/03/2026) investiga uso de títulos de American Andragogy University y Atlantic International University para homologaciones y mejoras salariales. Al menos 110 profesores los presentaron; 27 en trámites con efectos salariales. Proceso penal activo por delitos contra la administración pública. Afectación: legitimidad académica de cátedras y ascensos.
Patrimonio rectora y familiaDenuncia abiertaLa Procuraduría investiga a la rectora y 12 familiares: fincas, apartamentos y sociedades con adquisiciones recientes al contado sin rastro de hipotecas. Proceso activo del Ministerio Público. La Contraloría fue requerida para certificar vínculos laborales desde 2018. Afectación: presunto daño patrimonial al Estado.
Salarios planillaRealidadEl MEF reveló el 28/05 que el salario promedio de la UNACHI supera en 60%–70% al del Gobierno Central, siendo el más alto entre todas las universidades públicas. 249 funcionarios ganan más de $7,000/mes. La rectora percibe $9,500 de salario + $3,000 de gastos de representación + $5,864 como docente. Afectación: presupuesto concentrado en planilla, limitando infraestructura y calidad académica.
Autonomía vs. coacciónAtaque políticoSectores opositores a la rectora respaldan la retención de fondos del MEF como mecanismo de presión, ignorando que suspender transferencias estatales sin base legal viola la autonomía universitaria garantizada constitucionalmente. Usar la crisis para forzar una salida política sin proceso legal crea un precedente peligroso para todas las universidades del Estado. La Procuraduría de la Administración aclaró que la autonomía no convierte a la universidad en «un Estado dentro del Estado», pero tampoco autoriza al Ejecutivo a asfixiarla presupuestariamente. Afectación: riesgo de precedente contra la autonomía universitaria nacional.
EstudiantadoRealidadLos estudiantes de la UNACHI —miles de jóvenes chiricanos— son la principal víctima del conflicto. La inestabilidad amenaza la continuidad académica, el calendario lectivo y el acceso a educación superior de calidad en el occidente del país. Tanto la presión del Ejecutivo como la crisis administrativa interna les afecta por igual. Afectación directa: riesgo de paralización de actividades académicas y pérdida de semestres.
Procuraduría de la AdministraciónVerdadLa Procuraduría de la Administración establece que la autonomía universitaria es académica, económica y administrativa, pero no exime a la UNACHI del control de legalidad. Los funcionarios universitarios están sujetos a la Carrera Administrativa y a las prohibiciones de doble salario. No emitió pronunciamiento vinculante sobre la continuidad de la rectora por carecer de competencia en actos que corresponden a la Corte Suprema. Instó a completar con rigor las investigaciones de ANTAI y Contraloría.

Nota editorial DNews507: La crisis de la UNACHI es un conflicto multicapa donde convergen presunta corrupción administrativa, un mecanismo de transferencias incompletas del MEF que fabrica una apariencia de evasión donde no la hay, presión política del Ejecutivo y una comunidad estudiantil atrapada en el fuego cruzado. Las investigaciones de la Procuraduría, la ANTAI y la Contraloría deben seguir su curso con plena independencia. Sin embargo, la retención deliberada del sueldo bruto completo —transfiriendo solo el neto— es una acción que desnuda la responsabilidad del Estado en la crisis y no puede esconderse detrás de los escándalos de la administración universitaria. Los opositores de la rectora que aplauden la asfixia presupuestaria deberían recordar que el precedente que hoy celebran puede usarse mañana contra cualquier universidad del Estado. Lo urgente y lo fundamental: proteger al estudiantado.

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Editorial DNews507: El agua exige una transformación urgente.

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La modernización de los acueductos, el manejo interinstitucional de los desechos y la denuncia ciudadana son las claves para salvar nuestro recurso vital.

Panamá, 13 de julio de 2026 – Hablar de agua, seguridad hídrica y la conservación de nuestras fuentes naturales se ha vuelto una constante y recurrente necesidad en los últimos días en Panamá. La realidad nos obliga a enfrentar el tema sin dilaciones: desde el persistente temor al impacto del proyecto minero en Donoso y la alarmante contaminación agrícola en los ríos de la región de Azuero, hasta los embates de un fenómeno de El Niño implacable. El diagnóstico es definitivo: el recurso hídrico debe ser asumido plenamente como un tema de Estado. Así lo entienden ya los gremios reunidos en el CONEP, los foros ambientales promovidos por la APEDE, la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Ambiente a través de sus programas de preservación en reservas biológicas.

Sin embargo, las estrategias gubernamentales de conservación serán insuficientes si la sociedad civil no asume su rol en la primera línea de defensa. Los ciudadanos tenemos un papel crítico que va más allá del uso adecuado del servicio en nuestros hogares. El verdadero cambio estructural comienza cuando ejercemos el deber ciudadano de la denuncia. Es momento de señalar con firmeza a los irresponsables que disponen mal de la basura, pero sobre todo, a las empresas —ya sean pequeños talleres locales o grandes industrias— que contaminan impunemente nuestras quebradas y ríos. El silencio residencial nos hace cómplices de la destrucción de nuestro propio entorno.

Por años se ha repetido que Panamá es un país bendecido por la calidad de sus fuentes hídricas. No obstante, la irresponsabilidad de una mala planificación urbana ha permitido que talleres, recicladoras e industrias operen a escasos metros de las orillas de ríos y quebradas, descargando desechos líquidos y contaminantes en caudales que hoy el Plan de Saneamiento intenta rescatar, una tarea que sin la fiscalización comunitaria se vuelve casi imposible. Ante esto, el servicio que presta el IDAAN no solo debe optimizarse, sino expandirse obligatoriamente para garantizar una cobertura total en todas las áreas urbanizadas del país, eliminando las históricas exclusiones en la red de distribución.

El desafío no se limita a las grandes ciudades. El Gobierno central y el IDAAN deben trabajar estrechamente con los gobiernos locales para fortalecer las potabilizadoras rurales y los sistemas de acueductos y alcantarillados en el interior. Esta acción es prioritaria para evitar la filtración de contaminantes químicos y orgánicos que amenazan con envenenar de forma irreversible las aguas subterráneas, las cuales representan la reserva y el salvavidas hídrico de múltiples comunidades frente a las sequías.

Este esfuerzo de infraestructura debe ser respaldado por un verdadero trabajo interinstitucional. Urge una alianza estratégica y permanente entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para la ejecución real de políticas públicas efectivas en materia de manejo de desechos y educación ambiental. No podemos seguir apostando a la recolección improvisada; se requiere educar a la población y sancionar con severidad la mala disposición de los residuos antes de que estos terminen asfixiando nuestras cuencas hidrográficas.

El agua es vida y salud, pero en nuestro contexto también es el motor de la principal empresa del país: el Canal de Panamá. Es el insumo esencial para el sector primario que garantiza nuestra soberanía alimentaria y el pilar primordial para el turismo, nuestra industria sin chimeneas. Modernizar las instituciones, exigir una gestión integral de los desechos y defender nuestros ríos a través de la denuncia activa no es una opción; es un deber patriótico e impostergable para asegurar el futuro de la nación.

Versión en inglés

DNews507 Editorial: Water Demands an Urgent Transformation

Modernizing aqueducts, interinstitutional waste management, and citizen reporting are the keys to saving our vital resource.

Panama, July 13, 2026 — Talking about water, water security, and the conservation of our natural sources has become a constant and recurring necessity in Panama in recent days. Reality forces us to confront the issue without delay: from the persistent fear over the impact of the mining project in Donoso and the alarming agricultural contamination in the rivers of the Azuero region, to the onslaught of a relentless El Niño phenomenon. The diagnosis is clear: water resources must be fully embraced as a matter of State. This is already understood by the trade associations gathered at CONEP, the environmental forums promoted by APEDE, the Panama Canal Authority, and the Ministry of Environment through its preservation programs in biological reserves.

However, government conservation strategies will fall short if civil society does not take on its role on the front line of defense. As citizens, we have a critical role that goes beyond proper use of the service in our homes. Real structural change begins when we exercise the civic duty of reporting wrongdoing. It’s time to firmly call out those who dispose of trash irresponsibly, but above all, the businesses—whether small local workshops or large industries—that pollute our streams and rivers with impunity. Residential silence makes us complicit in the destruction of our own environment.

For years it has been repeated that Panama is a country blessed with high-quality water sources. Yet the irresponsibility of poor urban planning has allowed workshops, recycling centers, and industries to operate mere meters from the banks of rivers and streams, discharging liquid waste and pollutants into waterways that the Sanitation Plan is now trying to rescue—a task that becomes nearly impossible without community oversight. Given this, the service provided by IDAAN must not only be optimized but expanded as a matter of obligation to guarantee full coverage in all urbanized areas of the country, eliminating the longstanding gaps in the distribution network.

The challenge is not limited to major cities. The central Government and IDAAN must work closely with local governments to strengthen rural water treatment plants and aqueduct and sewage systems in the interior. This action is a priority to prevent the seepage of chemical and organic contaminants that threaten to irreversibly poison groundwater, which represents the water reserve and lifeline for many communities facing droughts.

This infrastructure effort must be backed by genuine interinstitutional cooperation. A strategic, permanent alliance between the Ministry of Environment and the Urban and Household Sanitation Authority (AAUD) is urgently needed to truly implement effective public policies on waste management and environmental education. We cannot continue relying on improvised collection; the population must be educated, and poor waste disposal must be severely sanctioned before it ends up choking our watersheds.

Water is life and health, but in our context it is also the engine of the country’s leading enterprise: the Panama Canal. It is the essential input for the primary sector that guarantees our food sovereignty, and the fundamental pillar for tourism, our smokestack-free industry. Modernizing institutions, demanding comprehensive waste management, and defending our rivers through active reporting is not optional—it is a patriotic and urgent duty to secure the nation’s future.

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Canal presenta proyecto hídrico a comunidades coclesanas

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Nueva infraestructura hídrica garantizará agua para la población y operaciones del Canal.

Redacción: DNews507 – Fuente: web oficial de la ACP www.pancanal.com

Coclé, 13 de julio de 2026 – La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sostuvo un conversatorio clave en la provincia de Coclé para exponer los adelantos del proyecto de reservorio multipropósito en la región de Río Indio. Liderado por Ilya Espino de Marotta, subadministradora y oficial de Sostenibilidad de la vía, el encuentro con diversos sectores sociales tuvo como propósito central detallar las iniciativas estratégicas orientadas a robustecer la sostenibilidad y la seguridad hídrica de la ruta interoceánica frente a los crecientes desafíos del cambio climático global.

Durante la sesión informativa, celebrada en la sede de Penonomé de la Universidad Tecnológica de Panamá, se desglosaron los componentes fundamentales de esta megaobra hídrica, indispensable para contrarrestar los efectos severos del fenómeno de El Niño. Los voceros de la institución explicaron que el plan maestro contempla no solo la edificación del embalse, sino también el desarrollo de infraestructuras críticas que incluyen la pavimentación de 27 kilómetros de carreteras y mejoras sustanciales en los caminos de producción regionales, optimizando la conectividad local.

Un punto prioritario de la agenda fue la gestión del impacto social y la atención integral a las comunidades que requerirán ser reasentadas. Espino de Marotta pormenorizó los avances alcanzados mediante las mesas de diálogo permanente, destacando la consolidación de un marco de compensación justo estructurado de manera conjunta con los residentes. Paralelamente, se presentaron programas complementarios de desarrollo socioeconómico enfocados en la restauración forestal, incentivos económicos por conservación ambiental y la agilización de procesos de titulación de tierras en la cuenca.

El evento concluyó con un espacio de preguntas y respuestas donde representantes de clubes cívicos, docentes, estudiantes universitarios y comunicadores sociales intercambiaron perspectivas con las autoridades de la ACP. Con este acercamiento en el interior del país, el Canal de Panamá reafirma su compromiso de transparencia y colaboración comunitaria, sentando las bases de un proyecto que promete asegurar el suministro de agua para más de la mitad de la población panameña y blindar las operaciones comerciales marítimas del país durante las próximas décadas.

Versión en inglés

Canal presents water project to communities in Coclé

New water infrastructure will guarantee water for the population and Canal operations.

Written by: DNews507 – Source: official ACP website (www.pancanal.com)

Coclé, July 13, 2026 – The Panama Canal Authority (ACP) held a key discussion in the province of Coclé to present progress on the multipurpose reservoir project in the Río Indio region. Led by Ilya Espino de Marotta, deputy administrator and Sustainability Officer of the waterway, the meeting with various social sectors was primarily aimed at detailing the strategic initiatives designed to strengthen the sustainability and water security of the interoceanic route in the face of the growing challenges of global climate change.

During the briefing session, held at the Penonomé campus of the Technological University of Panama, the fundamental components of this major water project were outlined—work considered essential to counter the severe effects of the El Niño phenomenon. Institution spokespeople explained that the master plan includes not only the construction of the reservoir, but also the development of critical infrastructure, including the paving of 27 kilometers of roads and substantial improvements to regional production roads, optimizing local connectivity.

A priority item on the agenda was the management of social impact and comprehensive support for the communities that will need to be resettled. Espino de Marotta detailed the progress achieved through permanent dialogue tables, highlighting the consolidation of a fair compensation framework structured jointly with residents. At the same time, complementary socioeconomic development programs were presented, focused on forest restoration, economic incentives for environmental conservation, and the streamlining of land titling processes in the watershed.

The event concluded with a question-and-answer session in which representatives from civic clubs, teachers, university students, and media professionals exchanged perspectives with ACP authorities. Through this outreach in the country’s interior, the Panama Canal reaffirms its commitment to transparency and community collaboration, laying the groundwork for a project that promises to secure the water supply for more than half of Panama’s population and safeguard the country’s maritime commercial operations for decades to come.

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La Cámara Opina: Transformación de la Zona Libre

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Millonaria inversión pública busca potenciar la competitividad global de la zona franca.

Redacción: DNews507 – Fuente: RRPP CCIAP

Panamá, 13 de julio de 2026 – La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), a través de su editorial institucional, expone una postura estratégica y de respaldo hacia la evolución de la Zona Libre de Colón (ZLC). El gremio empresarial introduce el tema definiendo este espacio como un pilar histórico y un activo esencial del modelo económico nacional. La perspectiva de la cámara no solo se limita a reconocer su legado de casi ocho décadas, sino que plantea la urgencia de su modernización mediante un compromiso conjunto entre el sector público y el privado para garantizar su vigencia en el mercado actual.

Desde la perspectiva del desarrollo de infraestructura, la CCIAP analiza que la competitividad contemporánea requiere una fusión equilibrada entre las capacidades físicas y las tecnológicas. En este sentido, valora de forma positiva la inversión estatal superior a los 254 millones de balboas, interpretándola como un punto de inflexión necesario. La cámara enfatiza que proyectos de alto valor añadido como New Field, junto con la digitalización de los sistemas aduaneros y de comercio, son herramientas indispensables para consolidar el posicionamiento de Panamá como el principal nodo logístico de la región.

En materia de gobernanza, el análisis de la cámara resalta que el éxito comercial está ligado indisolublemente a la transparencia y a la seguridad operativa. El editorial detalla con rigurosidad las acciones internas de la administración de la zona franca, tales como la implementación de la primera Oficina de Cumplimiento y las certificaciones internacionales de calidad y control. Para el sector corporativo, este robustecimiento institucional, reforzado por el apoyo tecnológico de aliados internacionales como los Estados Unidos, es clave para construir un entorno de alta confianza que mitigue riesgos y atraiga capital extranjero.

Asimismo, la cámara dimensiona el peso socioeconómico del complejo comercial como un argumento crítico para priorizar su reestructuración. Al generar aproximadamente 54 mil empleos entre directos e indirectos y registrar transacciones anuales por el orden de los 28 mil millones de dólares, la ZLC se ratifica como un motor de desarrollo humano y financiero. Bajo el enfoque de la CCIAP, esta transformación no solo beneficia a la provincia de Colón, sino que amplía el abanico de oportunidades para que el país se conecte de manera eficiente con las demandas globales e integre activamente nuevos bloques comerciales como el Mercosur.

Finalmente, el cierre del editorial reafirma la posición de la CCIAP como un aliado permanente en este proceso de cambio estructural. El gremio concluye con un llamado claro a la acción compartida, donde el avance de la zona franca se traduce directamente en el progreso del país. La conclusión del análisis deja en evidencia que, bajo la mirada empresarial, el éxito futuro de la plataforma comercial dependerá estrictamente de la continuidad de una hoja de ruta fundamentada en la inversión constante, la innovación, la institucionalidad y el trabajo coordinado.

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