Espino de Marotta detalla plan de reasentamiento pese a persistente resistencia campesina

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Panamá, 10 de julio de 2026 – Más de 400 familias en espera de una reubicación justa. Nueve meses de negociación condensados en cientos de reuniones comunitarias. Y un reloj que, según la ACP, no puede detenerse, porque el agua que necesita el Canal de Panamá no admite demoras. Así se resume, en pocas líneas, el momento que atraviesa el proyecto Río Indio: una obra hídrica que, pese a los años de estudios, negociaciones y obras preparatorias, todavía no ha entrado en su fase de construcción física y que arrastra, desde hace meses, el rechazo de comunidades campesinas de la cuenca.

En una jornada informativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quedó claro que Río Indio no es solo una obra de ingeniería: es, en la misma medida, un reto social y ambiental de gran magnitud. Ante la consulta planteada durante el encuentro, la Subadministradora y Oficial de Sostenibilidad de la ACP, Ilya Espino de Marotta, ofreció un balance detallado del proceso de compensación a las comunidades afectadas y confirmó que los plazos de construcción del embalse no admiten recortes, aunque esa construcción como tal aún no ha comenzado.

Un proyecto que todavía no entra en su etapa de construcción

Pese a la percepción de que Río Indio avanza a paso firme hacia su ejecución, lo cierto es que la presa como tal no ha iniciado obras. Lo que hoy se adelanta son las etapas previas: diseño del plan de compensación, estudios ambientales, avalúos de tierras y construcción de infraestructura vial de acceso a la cuenca. La propia ACP ha proyectado el inicio de la construcción de la presa hacia 2027, con una duración de cuatro años de obra más el tiempo adicional que tomará el llenado del embalse, lo que sitúa la culminación total del proyecto varios años después de esa fecha.

Esa distinción no es menor: mientras el discurso institucional insiste en la urgencia hídrica, el cronograma real confirma que Río Indio se encuentra todavía en una fase preparatoria, en la que la negociación social, los estudios técnicos y las obras de conectividad corren antes de que se coloque la primera piedra de la presa.

Antecedentes: avances previos y resistencia campesina

Los anuncios de la jornada informativa no surgen en el vacío. Meses antes de esta comparecencia, la ACP ya había reportado avances similares: la adjudicación de tramos carreteros en la cuenca, la actualización de la línea base ambiental para el futuro estudio de impacto y cientos de encuentros comunitarios sostenidos desde 2025. En abril de 2026, la ACP había adjudicado 15.1 kilómetros de nuevas carreteras —entre Las Claras Abajo y Las Marías, y entre Piedrota y Santa Rosa—, además de mantener en licitación otro tramo de 10.6 kilómetros entre El Congo y Cirí de los Sotos, obras que hoy Espino de Marotta ratifica como parte del mismo esfuerzo de conectividad.

Ese avance institucional, sin embargo, ha convivido con un rechazo constante de sectores campesinos de la cuenca. El 25 de abril de 2026, comunidades de Río Indio protagonizaron una marcha pacífica en Limón de Chagres, movilizando a familias completas junto a su ganado y cultivos para simbolizar su vínculo con el río. La Coordinadora Campesina por la Vida, a través de su vocero Olegario Cedeño, sostuvo entonces que «el pueblo campesino no ha otorgado licencia social al proyecto», cuestionando la transparencia del proceso y la suficiencia de la información técnica compartida con las comunidades. Sectores opositores han planteado además que existen alternativas hídricas menos lesivas, como el aprovechamiento de la cuenca del Bayano, que no implicarían el desplazamiento de poblaciones.

Esa tensión ayuda a entender por qué la ACP ha insistido, en distintas jornadas, en detallar cifras de diálogo y compensación: el número de familias afectadas ha variado en los reportes —de un estimado inicial cercano a 500 familias (unas 2,500 personas) a las 423 confirmadas tras el cruce de los censos de 2023 y 2025—, un ajuste que la institución atribuye a la depuración progresiva del padrón de beneficiarios, pero que también ilustra la magnitud del reto de comunicación que enfrenta el proyecto frente a las comunidades.

Un embalse, dos urgencias

El proyecto busca asegurar el suministro de agua que alimenta las operaciones del Canal, del cual depende el tránsito de miles de buques al año. Pero esa urgencia estratégica corre en paralelo a otra, igual de apremiante: la de atender con transparencia a las más de 400 familias que deberán abandonar sus tierras en la cuenca del futuro embalse, al tiempo que se levantan las obras de infraestructura comunitaria que acompañarán la transición.

Espino de Marotta fue enfática en que ambas urgencias —la hídrica y la social— se están atendiendo de forma simultánea, no secuencial, precisamente para evitar que el componente humano del proyecto quede rezagado frente al avance de la ingeniería.

Nueve meses, 200 reuniones y un marco de compensación

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la confirmación de que, en mayo de 2026, culminó la fase de diseño del plan de compensación social. El dato no es menor: detrás de ese cierre hay nueve meses de trabajo continuo y más de 200 reuniones sostenidas directamente con las comunidades de la cuenca.

Ese marco es el que regulará, de aquí en adelante, las indemnizaciones por viviendas, tierras, actividades económicas y afectaciones socioculturales. Según explicó la Subadministradora, el objetivo es que las 423 familias identificadas reciban un trato justo, transparente y verificable a lo largo de todo el proceso.

Un reasentamiento bajo estándares internacionales

Para dar respaldo técnico a ese compromiso, la ACP decidió regirse por la norma número cinco de la Corporación Financiera Internacional (CFI), un estándar reconocido internacionalmente para procesos de reasentamiento involuntario. La adopción de esta norma busca minimizar los impactos negativos sobre las familias trasladadas y asegurar que las nuevas condiciones de vida sean, como mínimo, equivalentes a las que tenían antes del desplazamiento.

En paralelo, avanza la identificación de tierras para el traslado. Actualmente se realizan avalúos de terrenos en Colón, Panamá Oeste y Coclé, con la intención de ofrecer opciones viables y variadas a las familias. Espino de Marotta precisó que las negociaciones finales serán directas entre la ACP y cada núcleo familiar, y que ese proceso se apoyará en los censos realizados en 2023 y 2025, lo que —según explicó— garantiza precisión en la identificación de los beneficiarios reales del programa.

Carreteras, escuelas y casas modelo

Más allá de la compensación económica, la ACP ya adjudicó la construcción de dos nuevas carreteras en la cuenca y mantiene en proceso de licitación una tercera. A esto se suma la adquisición del terreno donde funcionarán las oficinas de campo del proyecto y la construcción de cuatro casas modelo, diseñadas en conjunto con los propios residentes, un detalle que la Subadministradora destacó como parte del enfoque participativo del plan.

De forma paralela, se ejecutan mejoras en escuelas y en los caminos de producción que utilizan las comunidades de la cuenca para su actividad económica diaria, un esfuerzo que busca sostener la calidad de vida de los residentes mientras se completa el proceso de reubicación.

Un cronograma que no se puede recortar

Sobre el tiempo que tomará la obra, Espino de Marotta fue directa: los plazos de construcción son inamovibles. La presa requiere cuatro años de construcción, a los que se suma después el tiempo necesario para el llenado del lago. No son cifras que puedan ajustarse por presión de calendario, subrayó, dado el impacto operativo que cualquier demora tendría sobre el suministro de agua del Canal.

Esa misma rigidez en los tiempos de obra es la que, según explicó, obliga a que el trabajo social avance con la misma disciplina: cualquier atraso en el proceso de compensación o reasentamiento podría convertirse, a la larga, en un cuello de botella para todo el proyecto.

En conjunto, lo expuesto por la Subadministradora y Oficial de Sostenibilidad de la ACP retrata un proyecto que aún transita su fase previa a la construcción, y que intenta sostener dos compromisos al mismo tiempo: la necesidad estratégica de asegurar el agua que mueve al Canal de Panamá, y la responsabilidad de no dejar atrás —ni de imponerse sobre— a las comunidades que, durante generaciones, han habitado la cuenca de Río Indio.

Proyecto lago Río Indio

Versión en inglés

Río Indio Remains in Preparatory Phase, ACP Confirms

Espino de Marotta Details Resettlement Plan Amid Persistent Rural Opposition in Basin

DNews507 coverage (GC)  

Panama City, July 10, 2026 – More than 400 families awaiting a fair relocation. Nine months of negotiations condensed into hundreds of community meetings. And a clock that, according to the ACP, cannot stop, because the water the Panama Canal needs allows no delay. That, in short, is the moment facing the Río Indio project: a water infrastructure initiative that, despite years of studies, negotiations, and preparatory works, has not yet entered its physical construction phase, and one that has carried, for months, the rejection of rural communities in the watershed.

During an informational session held by the Panama Canal Authority (ACP), it became clear that Río Indio is not only an engineering undertaking, but equally a social and environmental challenge of major scale. Responding to a question raised during the session, ACP Deputy Administrator and Chief Sustainability Officer Ilya Espino de Marotta gave a detailed account of the compensation process for affected communities and confirmed that the reservoir’s construction timeline cannot be shortened — even though that construction itself has not yet begun.

A Project That Has Not Yet Entered Its Construction Stage

Despite the perception that Río Indio is moving steadily toward execution, the dam itself has not broken ground. What is currently advancing are the preceding stages: designing the compensation plan, environmental studies, land appraisals, and building road infrastructure to access the watershed. The ACP itself has projected that dam construction will begin around 2027, requiring four years of work plus the additional time needed to fill the reservoir — pushing the project’s full completion several years beyond that date.

That distinction matters: while institutional messaging stresses the water-security urgency, the actual timeline confirms that Río Indio remains in a preparatory phase, one in which social negotiation, technical studies, and connectivity works proceed well before the first stone of the dam is laid.

Background: Prior Progress and Rural Opposition

The announcements from the informational session did not emerge in a vacuum. Months before this appearance, the ACP had already reported similar progress: the awarding of road segments within the watershed, the updating of the environmental baseline for the future impact study, and hundreds of community meetings held since 2025. In April 2026, the ACP had awarded contracts for 15.1 kilometers of new roads — between Las Claras Abajo and Las Marías, and between Piedrota and Santa Rosa — while keeping a further 10.6-kilometer segment between El Congo and Cirí de los Sotos under bidding, works that Espino de Marotta now confirms as part of the same connectivity effort.

That institutional progress, however, has coexisted with steady rejection from rural sectors of the watershed. On April 25, 2026, Río Indio communities held a peaceful march in Limón de Chagres, mobilizing entire families alongside their livestock and crops to symbolize their bond with the river. The Coordinadora Campesina por la Vida, through its spokesperson Olegario Cedeño, stated at the time that rural residents had not granted social license for the project, questioning the transparency of the process and the sufficiency of the technical information shared with communities. Opposing sectors have also argued that less disruptive water alternatives exist, such as tapping the Bayano basin, which would not require displacing populations.

That tension helps explain why the ACP has repeatedly detailed dialogue and compensation figures across different sessions: the number of affected families has shifted in official reports — from an initial estimate of roughly 500 families (about 2,500 people) to the 423 confirmed after cross-checking the 2023 and 2025 censuses — an adjustment the institution attributes to the progressive refinement of the beneficiary registry, though it also illustrates the scale of the communication challenge the project faces with these communities.

One Reservoir, Two Pressing Needs

The project aims to secure the water supply that sustains Canal operations, on which the transit of thousands of vessels each year depends. But that strategic urgency runs alongside another, equally pressing one: transparently addressing the more than 400 families who must leave their land within the future reservoir’s basin, even as community infrastructure works accompanying the transition move forward.

Espino de Marotta was emphatic that both priorities — the hydrological and the social — are being handled simultaneously rather than sequentially, precisely to prevent the human dimension of the project from falling behind the pace of engineering work.

Nine Months, 200 Meetings, and a Compensation Framework

One of the session’s central announcements was confirmation that, in May 2026, the design phase of the social compensation plan was completed. The milestone is significant: behind it lie nine months of continuous work and more than 200 meetings held directly with basin communities.

That framework will now govern compensation for housing, land, economic activities, and sociocultural impacts. According to the Deputy Administrator, the goal is for the 423 identified families to receive fair, transparent, and verifiable treatment throughout the entire process.

A Resettlement Process Under International Standards

To provide technical backing for that commitment, the ACP has chosen to follow Performance Standard 5 of the International Finance Corporation (IFC), an internationally recognized standard for involuntary resettlement processes. Adopting this standard is intended to minimize negative impacts on relocated families and ensure that their new living conditions are, at minimum, equivalent to those they had before displacement.

In parallel, land identification for relocation is moving forward. Property appraisals are currently underway in Colón, Panamá Oeste, and Coclé, with the aim of offering families viable and varied options. Espino de Marotta noted that final negotiations will take place directly between the ACP and each family unit, and that the process will rely on the 2023 and 2025 censuses, which she said ensures accuracy in identifying the program’s actual beneficiaries.

Roads, Schools, and Model Homes

Beyond financial compensation, the ACP has already awarded contracts for two new roads within the basin and is finalizing the bidding process for a third. In addition, the agency has acquired the land for the project’s field offices and will build four model homes, designed together with local residents — a detail the Deputy Administrator highlighted as part of the plan’s participatory approach.

At the same time, improvements are underway to schools and to the production roads used daily by basin communities for their economic activities, an effort aimed at sustaining residents’ quality of life while the relocation process is completed.

A Timeline That Cannot Be Shortened

Regarding how long the works will take, Espino de Marotta was direct: construction deadlines are fixed. The dam requires four years of construction, plus the additional time needed to fill the reservoir. These are not figures that can be adjusted under calendar pressure, she stressed, given the operational impact any delay would have on the Canal’s water supply.

That same rigidity in construction timelines, she explained, requires the social component of the project to move forward with equal discipline: any delay in the compensation or resettlement process could ultimately become a bottleneck for the entire project.

Taken together, the remarks from the ACP’s Deputy Administrator and Chief Sustainability Officer portray a project still moving through its pre-construction phase, one attempting to hold two commitments at once: the strategic need to secure the water that keeps the Panama Canal running, and the responsibility not to leave behind — or override — the communities that have inhabited the Río Indio basin for generations.