Espino de Marotta detalla plan de reasentamiento pese a persistente resistencia campesina

DNews507 coberturas (GC) 

Panamá, 10 de julio de 2026 – Más de 400 familias en espera de una reubicación justa. Nueve meses de negociación condensados en cientos de reuniones comunitarias. Y un reloj que, según la ACP, no puede detenerse, porque el agua que necesita el Canal de Panamá no admite demoras. Así se resume, en pocas líneas, el momento que atraviesa el proyecto Río Indio: una obra hídrica que, pese a los años de estudios, negociaciones y obras preparatorias, todavía no ha entrado en su fase de construcción física y que arrastra, desde hace meses, el rechazo de comunidades campesinas de la cuenca.

En una jornada informativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quedó claro que Río Indio no es solo una obra de ingeniería: es, en la misma medida, un reto social y ambiental de gran magnitud. Ante la consulta planteada durante el encuentro, la Subadministradora y Oficial de Sostenibilidad de la ACP, Ilya Espino de Marotta, ofreció un balance detallado del proceso de compensación a las comunidades afectadas y confirmó que los plazos de construcción del embalse no admiten recortes, aunque esa construcción como tal aún no ha comenzado.

Un proyecto que todavía no entra en su etapa de construcción

Pese a la percepción de que Río Indio avanza a paso firme hacia su ejecución, lo cierto es que la presa como tal no ha iniciado obras. Lo que hoy se adelanta son las etapas previas: diseño del plan de compensación, estudios ambientales, avalúos de tierras y construcción de infraestructura vial de acceso a la cuenca. La propia ACP ha proyectado el inicio de la construcción de la presa hacia 2027, con una duración de cuatro años de obra más el tiempo adicional que tomará el llenado del embalse, lo que sitúa la culminación total del proyecto varios años después de esa fecha.

Esa distinción no es menor: mientras el discurso institucional insiste en la urgencia hídrica, el cronograma real confirma que Río Indio se encuentra todavía en una fase preparatoria, en la que la negociación social, los estudios técnicos y las obras de conectividad corren antes de que se coloque la primera piedra de la presa.

Antecedentes: avances previos y resistencia campesina

Los anuncios de la jornada informativa no surgen en el vacío. Meses antes de esta comparecencia, la ACP ya había reportado avances similares: la adjudicación de tramos carreteros en la cuenca, la actualización de la línea base ambiental para el futuro estudio de impacto y cientos de encuentros comunitarios sostenidos desde 2025. En abril de 2026, la ACP había adjudicado 15.1 kilómetros de nuevas carreteras —entre Las Claras Abajo y Las Marías, y entre Piedrota y Santa Rosa—, además de mantener en licitación otro tramo de 10.6 kilómetros entre El Congo y Cirí de los Sotos, obras que hoy Espino de Marotta ratifica como parte del mismo esfuerzo de conectividad.

Ese avance institucional, sin embargo, ha convivido con un rechazo constante de sectores campesinos de la cuenca. El 25 de abril de 2026, comunidades de Río Indio protagonizaron una marcha pacífica en Limón de Chagres, movilizando a familias completas junto a su ganado y cultivos para simbolizar su vínculo con el río. La Coordinadora Campesina por la Vida, a través de su vocero Olegario Cedeño, sostuvo entonces que «el pueblo campesino no ha otorgado licencia social al proyecto», cuestionando la transparencia del proceso y la suficiencia de la información técnica compartida con las comunidades. Sectores opositores han planteado además que existen alternativas hídricas menos lesivas, como el aprovechamiento de la cuenca del Bayano, que no implicarían el desplazamiento de poblaciones.

Esa tensión ayuda a entender por qué la ACP ha insistido, en distintas jornadas, en detallar cifras de diálogo y compensación: el número de familias afectadas ha variado en los reportes —de un estimado inicial cercano a 500 familias (unas 2,500 personas) a las 423 confirmadas tras el cruce de los censos de 2023 y 2025—, un ajuste que la institución atribuye a la depuración progresiva del padrón de beneficiarios, pero que también ilustra la magnitud del reto de comunicación que enfrenta el proyecto frente a las comunidades.

Un embalse, dos urgencias

El proyecto busca asegurar el suministro de agua que alimenta las operaciones del Canal, del cual depende el tránsito de miles de buques al año. Pero esa urgencia estratégica corre en paralelo a otra, igual de apremiante: la de atender con transparencia a las más de 400 familias que deberán abandonar sus tierras en la cuenca del futuro embalse, al tiempo que se levantan las obras de infraestructura comunitaria que acompañarán la transición.

Espino de Marotta fue enfática en que ambas urgencias —la hídrica y la social— se están atendiendo de forma simultánea, no secuencial, precisamente para evitar que el componente humano del proyecto quede rezagado frente al avance de la ingeniería.

Nueve meses, 200 reuniones y un marco de compensación

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la confirmación de que, en mayo de 2026, culminó la fase de diseño del plan de compensación social. El dato no es menor: detrás de ese cierre hay nueve meses de trabajo continuo y más de 200 reuniones sostenidas directamente con las comunidades de la cuenca.

Ese marco es el que regulará, de aquí en adelante, las indemnizaciones por viviendas, tierras, actividades económicas y afectaciones socioculturales. Según explicó la Subadministradora, el objetivo es que las 423 familias identificadas reciban un trato justo, transparente y verificable a lo largo de todo el proceso.

Un reasentamiento bajo estándares internacionales

Para dar respaldo técnico a ese compromiso, la ACP decidió regirse por la norma número cinco de la Corporación Financiera Internacional (CFI), un estándar reconocido internacionalmente para procesos de reasentamiento involuntario. La adopción de esta norma busca minimizar los impactos negativos sobre las familias trasladadas y asegurar que las nuevas condiciones de vida sean, como mínimo, equivalentes a las que tenían antes del desplazamiento.

En paralelo, avanza la identificación de tierras para el traslado. Actualmente se realizan avalúos de terrenos en Colón, Panamá Oeste y Coclé, con la intención de ofrecer opciones viables y variadas a las familias. Espino de Marotta precisó que las negociaciones finales serán directas entre la ACP y cada núcleo familiar, y que ese proceso se apoyará en los censos realizados en 2023 y 2025, lo que —según explicó— garantiza precisión en la identificación de los beneficiarios reales del programa.

Carreteras, escuelas y casas modelo

Más allá de la compensación económica, la ACP ya adjudicó la construcción de dos nuevas carreteras en la cuenca y mantiene en proceso de licitación una tercera. A esto se suma la adquisición del terreno donde funcionarán las oficinas de campo del proyecto y la construcción de cuatro casas modelo, diseñadas en conjunto con los propios residentes, un detalle que la Subadministradora destacó como parte del enfoque participativo del plan.

De forma paralela, se ejecutan mejoras en escuelas y en los caminos de producción que utilizan las comunidades de la cuenca para su actividad económica diaria, un esfuerzo que busca sostener la calidad de vida de los residentes mientras se completa el proceso de reubicación.

Un cronograma que no se puede recortar

Sobre el tiempo que tomará la obra, Espino de Marotta fue directa: los plazos de construcción son inamovibles. La presa requiere cuatro años de construcción, a los que se suma después el tiempo necesario para el llenado del lago. No son cifras que puedan ajustarse por presión de calendario, subrayó, dado el impacto operativo que cualquier demora tendría sobre el suministro de agua del Canal.

Esa misma rigidez en los tiempos de obra es la que, según explicó, obliga a que el trabajo social avance con la misma disciplina: cualquier atraso en el proceso de compensación o reasentamiento podría convertirse, a la larga, en un cuello de botella para todo el proyecto.

En conjunto, lo expuesto por la Subadministradora y Oficial de Sostenibilidad de la ACP retrata un proyecto que aún transita su fase previa a la construcción, y que intenta sostener dos compromisos al mismo tiempo: la necesidad estratégica de asegurar el agua que mueve al Canal de Panamá, y la responsabilidad de no dejar atrás —ni de imponerse sobre— a las comunidades que, durante generaciones, han habitado la cuenca de Río Indio.

Proyecto lago Río Indio

Versión en inglés

Río Indio Remains in Preparatory Phase, ACP Confirms

Espino de Marotta Details Resettlement Plan Amid Persistent Rural Opposition in Basin

DNews507 coverage (GC)  

Panama City, July 10, 2026 – More than 400 families awaiting a fair relocation. Nine months of negotiations condensed into hundreds of community meetings. And a clock that, according to the ACP, cannot stop, because the water the Panama Canal needs allows no delay. That, in short, is the moment facing the Río Indio project: a water infrastructure initiative that, despite years of studies, negotiations, and preparatory works, has not yet entered its physical construction phase, and one that has carried, for months, the rejection of rural communities in the watershed.

During an informational session held by the Panama Canal Authority (ACP), it became clear that Río Indio is not only an engineering undertaking, but equally a social and environmental challenge of major scale. Responding to a question raised during the session, ACP Deputy Administrator and Chief Sustainability Officer Ilya Espino de Marotta gave a detailed account of the compensation process for affected communities and confirmed that the reservoir’s construction timeline cannot be shortened — even though that construction itself has not yet begun.

A Project That Has Not Yet Entered Its Construction Stage

Despite the perception that Río Indio is moving steadily toward execution, the dam itself has not broken ground. What is currently advancing are the preceding stages: designing the compensation plan, environmental studies, land appraisals, and building road infrastructure to access the watershed. The ACP itself has projected that dam construction will begin around 2027, requiring four years of work plus the additional time needed to fill the reservoir — pushing the project’s full completion several years beyond that date.

That distinction matters: while institutional messaging stresses the water-security urgency, the actual timeline confirms that Río Indio remains in a preparatory phase, one in which social negotiation, technical studies, and connectivity works proceed well before the first stone of the dam is laid.

Background: Prior Progress and Rural Opposition

The announcements from the informational session did not emerge in a vacuum. Months before this appearance, the ACP had already reported similar progress: the awarding of road segments within the watershed, the updating of the environmental baseline for the future impact study, and hundreds of community meetings held since 2025. In April 2026, the ACP had awarded contracts for 15.1 kilometers of new roads — between Las Claras Abajo and Las Marías, and between Piedrota and Santa Rosa — while keeping a further 10.6-kilometer segment between El Congo and Cirí de los Sotos under bidding, works that Espino de Marotta now confirms as part of the same connectivity effort.

That institutional progress, however, has coexisted with steady rejection from rural sectors of the watershed. On April 25, 2026, Río Indio communities held a peaceful march in Limón de Chagres, mobilizing entire families alongside their livestock and crops to symbolize their bond with the river. The Coordinadora Campesina por la Vida, through its spokesperson Olegario Cedeño, stated at the time that rural residents had not granted social license for the project, questioning the transparency of the process and the sufficiency of the technical information shared with communities. Opposing sectors have also argued that less disruptive water alternatives exist, such as tapping the Bayano basin, which would not require displacing populations.

That tension helps explain why the ACP has repeatedly detailed dialogue and compensation figures across different sessions: the number of affected families has shifted in official reports — from an initial estimate of roughly 500 families (about 2,500 people) to the 423 confirmed after cross-checking the 2023 and 2025 censuses — an adjustment the institution attributes to the progressive refinement of the beneficiary registry, though it also illustrates the scale of the communication challenge the project faces with these communities.

One Reservoir, Two Pressing Needs

The project aims to secure the water supply that sustains Canal operations, on which the transit of thousands of vessels each year depends. But that strategic urgency runs alongside another, equally pressing one: transparently addressing the more than 400 families who must leave their land within the future reservoir’s basin, even as community infrastructure works accompanying the transition move forward.

Espino de Marotta was emphatic that both priorities — the hydrological and the social — are being handled simultaneously rather than sequentially, precisely to prevent the human dimension of the project from falling behind the pace of engineering work.

Nine Months, 200 Meetings, and a Compensation Framework

One of the session’s central announcements was confirmation that, in May 2026, the design phase of the social compensation plan was completed. The milestone is significant: behind it lie nine months of continuous work and more than 200 meetings held directly with basin communities.

That framework will now govern compensation for housing, land, economic activities, and sociocultural impacts. According to the Deputy Administrator, the goal is for the 423 identified families to receive fair, transparent, and verifiable treatment throughout the entire process.

A Resettlement Process Under International Standards

To provide technical backing for that commitment, the ACP has chosen to follow Performance Standard 5 of the International Finance Corporation (IFC), an internationally recognized standard for involuntary resettlement processes. Adopting this standard is intended to minimize negative impacts on relocated families and ensure that their new living conditions are, at minimum, equivalent to those they had before displacement.

In parallel, land identification for relocation is moving forward. Property appraisals are currently underway in Colón, Panamá Oeste, and Coclé, with the aim of offering families viable and varied options. Espino de Marotta noted that final negotiations will take place directly between the ACP and each family unit, and that the process will rely on the 2023 and 2025 censuses, which she said ensures accuracy in identifying the program’s actual beneficiaries.

Roads, Schools, and Model Homes

Beyond financial compensation, the ACP has already awarded contracts for two new roads within the basin and is finalizing the bidding process for a third. In addition, the agency has acquired the land for the project’s field offices and will build four model homes, designed together with local residents — a detail the Deputy Administrator highlighted as part of the plan’s participatory approach.

At the same time, improvements are underway to schools and to the production roads used daily by basin communities for their economic activities, an effort aimed at sustaining residents’ quality of life while the relocation process is completed.

A Timeline That Cannot Be Shortened

Regarding how long the works will take, Espino de Marotta was direct: construction deadlines are fixed. The dam requires four years of construction, plus the additional time needed to fill the reservoir. These are not figures that can be adjusted under calendar pressure, she stressed, given the operational impact any delay would have on the Canal’s water supply.

That same rigidity in construction timelines, she explained, requires the social component of the project to move forward with equal discipline: any delay in the compensation or resettlement process could ultimately become a bottleneck for the entire project.

Taken together, the remarks from the ACP’s Deputy Administrator and Chief Sustainability Officer portray a project still moving through its pre-construction phase, one attempting to hold two commitments at once: the strategic need to secure the water that keeps the Panama Canal running, and the responsibility not to leave behind — or override — the communities that have inhabited the Río Indio basin for generations.

La Subadministradora repasa una década de logros, retos hídricos y nuevos proyectos

DNews507 Coberturas |

Panamá, 10 de julio de 2026 – El Canal de Panamá conmemoró el décimo aniversario de su histórica ampliación con una jornada informativa encabezada por la Subadministradora y Oficial de Sostenibilidad de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, designada administradora general de la institución para el período 2026-2033. Durante el encuentro, realizado el 7 de julio en Ciudad de Panamá, la ingeniera repasó los hitos alcanzados, los desafíos superados y las proyecciones que marcarán el rumbo de la vía interoceánica en la próxima década.

Desde los estudios iniciales realizados entre 2002 y 2005 hasta la ejecución de la obra, que según cifras de la ACP citadas por DNews507 empleó a más de 40,000 personas —con un 90% de mano de obra no calificada de origen panameño—, Marotta destacó la capacidad del país para liderar un proyecto de ingeniería de talla mundial. La funcionaria subrayó que el modelo de gestión del Canal puede replicarse a nivel nacional para impulsar otros grandes proyectos de Estado.

La Subadministradora enfatizó que el aprendizaje adquirido durante la ampliación —en tecnología, arbitrajes internacionales y financiamiento— dejó una fuerza laboral altamente capacitada. Añadió que el horizonte 2026-2035 contempla inversiones cercanas a 8,500 millones de dólares en proyectos estratégicos, entre ellos un corredor logístico, dos nuevos puertos y un gasoducto, que consolidarán a Panamá como un centro clave del comercio mundial.

Temas abordados en la jornada

• Cambio climático: advirtió que la variabilidad climática es el desafío más complejo que enfrenta la vía, y mencionó el proyecto del lago de Río Indio como pieza clave para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo.
• Seguridad hídrica: recordó que más de dos millones de personas dependen del agua de los lagos del Canal, lo que convierte la gestión hídrica en un asunto de interés nacional y no solo operativo.
• Megaproyectos logísticos: detalló el desarrollo de dos puertos —uno en el Atlántico y otro en el Pacífico— y un gasoducto para transportar productos energéticos a través del istmo sin depender del tránsito naviero.
• Balance financiero: indicó que las esclusas Neopanamax generan más del 50% de los ingresos totales de la vía, con más de 31,000 tránsitos acumulados a través de ellas desde su inauguración en 2016.
• Arbitrajes internacionales: según la cobertura previa de DNews507, la ACP concluyó cuatro procesos de arbitraje a su favor, lo que reforzó la transparencia y el manejo contractual de la institución.

Preguntas y respuestas destacadas

• Fenómeno de El Niño y calado: explicó que las lluvias de junio estuvieron 17% por debajo del promedio histórico, lo que obligó a reducir el calado en las esclusas Neopanamax desde el 3 de julio, con nuevos ajustes previstos para el 24 de julio. Estimó que, de prolongarse el fenómeno hasta diciembre, el calado mínimo podría llegar a 44 pies para el verano de 2027.
• Geopolítica en el estrecho de Ormuz: señaló que la crisis en Medio Oriente había elevado los tránsitos diarios a picos de 40 y 41 buques, un nivel que ya se estabilizó entre 36 y 37, cercano a la capacidad habitual de la vía.
• Tránsitos diarios y decisión de noviembre: recordó que, durante la sequía de 2023, los tránsitos diarios —normalmente 36— se redujeron a 24, aunque se había contemplado bajar hasta 18, medida que finalmente no se aplicó. Adelantó que la decisión sobre eventuales ajustes para la temporada 2026-2027 se tomará en noviembre, según el comportamiento de las lluvias.
• Gas Natural Licuado: apuntó que el mercado europeo continúa siendo el principal destino del GNL estadounidense, lo que limita el volumen de este tipo de carga que transita por el Canal.
• Mantenimiento general: defendió la robustez del sistema de esclusas, con programas de mantenimiento estables y piezas de reserva disponibles para garantizar la continuidad operativa.

A diez años de su ampliación, el balance presentado por Ilya Espino de Marotta reafirma que el Canal de Panamá no solo es una obra de ingeniería monumental, sino también un motor de innovación, resiliencia y sostenibilidad para el país y para el comercio mundial.

Versión en inglés

Ilya Espino de Marotta Charts the Canal’s Future

Panama’s Deputy Administrator reviews a decade of achievements, water challenges and projects

DNews507 Coverage

Panama City, July 10, 2026 – The Panama Canal marked the tenth anniversary of its historic expansion with a briefing led by the Deputy Administrator and Sustainability Officer of the Panama Canal Authority (ACP), Ilya Espino de Marotta, who has been designated as the institution’s General Administrator for the 2026-2033 term. During the event, held on July 7 in Panama City, the engineer reviewed the milestones achieved, the challenges overcome, and the outlook that will guide the interoceanic waterway over the coming decade.

From the initial feasibility studies carried out between 2002 and 2005 to the execution of the project, which according to ACP figures cited by DNews507 employed more than 40,000 people —with 90% of unskilled labor drawn from Panama— Marotta highlighted the country’s capacity to lead a world-class engineering project. She stressed that the Canal’s management model could be replicated nationally to drive other major state projects.

The Deputy Administrator emphasized that the lessons learned during the expansion —in technology, international arbitration and financing— left behind a highly trained workforce. She added that the 2026-2035 horizon includes investments of roughly US$8.5 billion in strategic projects, among them a logistics corridor, two new ports and a pipeline, which will further position Panama as a key hub for global trade.

Topics Covered During the Briefing

• Climate change: she warned that climate variability is the most complex challenge facing the waterway, citing the Río Indio reservoir project as key to ensuring long-term water security.
• Water security: she noted that more than two million people depend on water from the Canal’s lakes, making water management a matter of national interest rather than a purely operational one.
• Logistics megaprojects: she detailed plans for two new ports —one on the Atlantic side and one on the Pacific— along with a pipeline to move energy products across the isthmus without relying on maritime transit.
• Financial performance: she noted that the Neopanamax locks generate more than 50% of the waterway’s total revenue, with more than 31,000 transits recorded through them since they opened in 2016.
• International arbitration: according to prior DNews507 coverage, the ACP concluded four arbitration proceedings in its favor, reinforcing the institution’s transparency and contract management.

Highlights from the Q&A Session

• El Niño and draft restrictions: she explained that June rainfall came in 17% below the historical average, prompting draft reductions at the Neopanamax locks starting July 3, with further adjustments planned for July 24. She estimated that, should the phenomenon persist through December, the minimum draft could fall to 44 feet by the summer of 2027.
• Geopolitics in the Strait of Hormuz: she noted that the Middle East crisis had pushed daily transits to peaks of 40 and 41 vessels, a level that has since stabilized at 36 to 37, close to the waterway’s normal capacity.
• Daily transits and the November decision: she recalled that during the 2023 drought, daily transits —normally 36— were reduced to 24, though a cut to 18 had been considered and ultimately not applied. She said the decision on any adjustments for the 2026-2027 season will be made in November, depending on rainfall patterns.
• Liquefied Natural Gas: she pointed out that the European market remains the primary destination for U.S. LNG, which limits the volume of this cargo transiting the Canal.
• General maintenance: she defended the robustness of the lock system, citing stable maintenance programs and spare parts on hand to ensure operational continuity.

Ten years after the expansion, the assessment presented by Ilya Espino de Marotta reaffirms that the Panama Canal is not only a monumental feat of engineering, but also a driver of innovation, resilience and sustainability for the country and for global trade.

Un proyecto científico cofinanciado por Senacyt impulsa la conservación de bosques tropicales

Redacción: DNews507 – Fuente: RRPP CEMCIT AIP

UTP / CEMCIT AIP, 10 de julio de 2026 – La riqueza natural de los bosques tropicales panameños resguarda secretos medicinales ancestrales que están en riesgo de desaparecer. Para mitigar esta pérdida, investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) desarrollaron un estudio científico orientado a identificar, documentar y valorar los saberes ancestrales asociados al uso de plantas medicinales en la Comarca Ngäbe-Buglé, contribuyendo a la preservación del conocimiento etnobotánico tradicional y al uso sostenible de los recursos forestales.

Titulado “Rescate del Conocimiento Etnobotánico de la Etnia Ngäbe-Buglé para el Uso Sostenible de los Bosques de América”, este proyecto de investigación fue cofinanciado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). La gestión administrativa de este esfuerzo interinstitucional estuvo a cargo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP).

“El proyecto surge a partir de una solicitud realizada por el Centro de Atención de Medicina Alternativa Ngäbe Iho Kebery, cuyos integrantes manifestaron su interés en documentar el conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales para preservar estos saberes para las futuras generaciones y promover la conservación de los bosques. Ante esta necesidad, solicitaron el apoyo de la academia y la comunidad científica”, destacó la Dra. Ana Cristina González Valoys, investigadora de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP y líder del proyecto.

Para alcanzar este objetivo, el equipo empleó un enfoque de investigación transdisciplinario que integró a científicos de distintas áreas del conocimiento, tomadores de decisiones, autoridades tradicionales, líderes comunitarios y miembros de las comunidades cuyos medios de vida dependen directamente de los recursos forestales.

“Trabajamos de la mano con el Ministerio de Ambiente, autoridades comarcales y miembros de las comunidades de Santa Marta, Nueva Estrella, Guabal, Quebrada Negrita, Coclesito, Barranquilla y Cilico Creek para documentar el conocimiento etnobotánico asociado a las plantas medicinales utilizadas ancestralmente por el pueblo Ngäbe-Buglé”, señaló la Dra. González, quien también es investigadora asociada al CEMCIT AIP y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá.

El proyecto se sustentó en tres pilares fundamentales: el conocimiento científico, las ciencias sociales y los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, articulados con el propósito de promover la conservación de los bosques tropicales de la Comarca Ngäbe-Buglé. Como parte de las actividades desarrolladas, se realizaron recorridos en campo junto a botánicos tradicionales Ngäbe para identificar especies medicinales y documentar sus usos; además de talleres sobre conservación forestal, bioeconomía y bioemprendimiento orientados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

“Como resultado de esta investigación acción-participativa, se logró documentar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales y despertar en las nuevas generaciones un mayor interés por aprender de los botánicos tradicionales. Asimismo, las comunidades reconocieron la importancia de proteger las fuentes hídricas y fortalecer prácticas como el compostaje y la creación de viveros, así como incorporar tecnologías como el uso de drones para la vigilancia, conservación y restauración de los bosques.

También se identificaron oportunidades de bioeconomía vinculadas al ecoturismo y al aprovechamiento sostenible de productos como cacao, café, plátano, pifá, artesanías y plantones medicinales, forestales y ornamentales, contribuyendo a la generación de ingresos sin ejercer presión sobre los ecosistemas forestales”, explicó la científica panameña.

Asimismo, el equipo identificó que el conocimiento etnobotánico tradicional ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de los bosques de la Comarca Ngäbe-Buglé. Entre sus recomendaciones destaca el acompañamiento institucional para la creación y fortalecimiento de Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), que permitan gestionar recursos destinados a iniciativas de conservación, restauración ecológica y bioeconomía; subrayando además la importancia de mantener el respaldo de las instituciones gubernamentales para impulsar estas acciones a largo plazo.

Como parte de los resultados del proyecto, se publicó el libro “Iho Kebery, Santa Marta: Saberes curativos en la Comarca Ngäbe-Buglé”, el cual se encuentra disponible en el Repositorio Institucional de la UTP (https://ridda2.utp.ac.pa/). Adicionalmente, el libro y los hallazgos fueron presentados a autoridades comarcales, botánicos tradicionales Ngäbe, representantes comunitarios, funcionarios del Ministerio de Ambiente y de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el propósito de promover nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y a la conservación de los bosques tropicales como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El equipo de investigación estuvo conformado por un grupo multidisciplinario que incluyó al MSc. José Ulises Jiménez (CIHH-UTP), el señor Eligio Castillo Morales (líder Ngäbe-Buglé y técnico de MiAmbiente), la Dra. Rita Araúz de Takakuwa, el profesor Abelardo Franco y el Dr. Ulysses Paulino Albuquerque (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil), con la colaboración del Ing. Jeffrey Ramos, la Licda. Cecilia Morales y los estudiantes Felipe Segundo, María Marciaga, Cristel Batista, Dania Juárez y Oriana Cedeño. Con este esfuerzo, el CEMCIT AIP —asociación de interés público que fomenta, promueve y participa en el desarrollo científico de Panamá— reafirma el impacto de sus proyectos en líneas prioritarias como Agua y Ambiente, Biociencias y Biotecnología.

Versión en inglés

Scientists Rescue the Botanical Knowledge of the Ngäbe People

A scientific project co-financed by Senacyt promotes the conservation of tropical forests

Editorial: DNews507 – Source: RRPP CEMCIT AIP

UTP / CEMCIT AIP, July 10, 2026 – The natural richness of Panama’s tropical forests holds ancestral medicinal secrets that are at risk of disappearing. To mitigate this loss, researchers at the Technological University of Panama (UTP) developed a scientific study aimed at identifying, documenting, and assessing the ancestral knowledge associated with the use of medicinal plants in the Ngäbe-Buglé Comarca, contributing to the preservation of traditional ethnobotanical knowledge and the sustainable use of forest resources.

Titled “Rescue of the Ethnobotanical Knowledge of the Ngäbe-Buglé Ethnic Group for the Sustainable Use of the Forests of the Americas,” this research project was co-financed by the Inter-American Institute for Global Change Research (IAI) and the National Secretariat of Science, Technology and Innovation (SENACYT). Administrative management of this inter-institutional effort was carried out by the Multidisciplinary Center for Studies in Science, Engineering and Technology (CEMCIT AIP).

“The project arose from a request made by the Ngäbe Iho Kebery Alternative Medicine Care Center, whose members expressed interest in documenting ancestral knowledge about medicinal plants in order to preserve this knowledge for future generations and promote forest conservation. Given this need, they sought the support of academia and the scientific community,” said Dr. Ana Cristina González Valoys, researcher at UTP’s Faculty of Civil Engineering and leader of the project.

To achieve this goal, the team used a transdisciplinary research approach that brought together scientists from different fields, decision-makers, traditional authorities, community leaders, and members of communities whose livelihoods depend directly on forest resources.

“We worked hand in hand with the Ministry of the Environment, comarca authorities, and members of the communities of Santa Marta, Nueva Estrella, Guabal, Quebrada Negrita, Coclesito, Barranquilla, and Cilico Creek to document the ethnobotanical knowledge associated with medicinal plants traditionally used by the Ngäbe-Buglé people,” said Dr. González, who is also an associate researcher at CEMCIT AIP and a member of Panama’s National Research System (SNI).

The project was built on three fundamental pillars: scientific knowledge, social sciences, and the ancestral knowledge of indigenous communities, brought together with the aim of promoting the conservation of the tropical forests of the Ngäbe-Buglé Comarca. Activities carried out as part of the project included field visits alongside traditional Ngäbe botanists to identify medicinal species and document their uses, as well as workshops on forest conservation, bioeconomy, and bio-entrepreneurship aimed at the sustainable use of natural resources.

“As a result of this participatory action research, we managed to document the ethnobotanical knowledge of medicinal plants and spark greater interest among younger generations in learning from traditional botanists. Communities also recognized the importance of protecting water sources and strengthening practices such as composting and the creation of plant nurseries, as well as incorporating technologies such as drones for forest monitoring, conservation, and restoration.

Bioeconomy opportunities were also identified in connection with ecotourism and the sustainable use of products such as cacao, coffee, plantain, pifá (peach palm), handicrafts, and medicinal, forest, and ornamental seedlings, contributing to income generation without placing pressure on forest ecosystems,” explained the Panamanian scientist.

The team also found that traditional ethnobotanical knowledge has played a fundamental role in the conservation of the forests of the Ngäbe-Buglé Comarca. Among its recommendations is institutional support for the creation and strengthening of Community-Based Organizations (CBOs) that can manage resources for conservation, ecological restoration, and bioeconomy initiatives, while emphasizing the importance of sustained backing from government institutions to drive these actions over the long term.

As part of the project’s results, the book “Iho Kebery, Santa Marta: Healing Knowledge in the Ngäbe-Buglé Comarca” was published and is available in UTP’s Institutional Repository (https://ridda2.utp.ac.pa/). In addition, the book and its findings were presented to comarca authorities, traditional Ngäbe botanists, community representatives, and officials from the Ministry of the Environment and the Panama Tourism Authority (ATP), with the aim of promoting new initiatives that contribute to the sustainable development of indigenous communities and the conservation of tropical forests as a strategy for adaptation and mitigation in the face of climate change.

The research team was made up of a multidisciplinary group that included MSc. José Ulises Jiménez (CIHH-UTP), Mr. Eligio Castillo Morales (Ngäbe-Buglé leader and technician at MiAmbiente), Dr. Rita Araúz de Takakuwa, professor Abelardo Franco, and Dr. Ulysses Paulino Albuquerque (Federal University of Pernambuco, Brazil), with the collaboration of engineer Jeffrey Ramos, Ms. Cecilia Morales, and students Felipe Segundo, María Marciaga, Cristel Batista, Dania Juárez, and Oriana Cedeño. Through this effort, CEMCIT AIP — a public-interest association that fosters, promotes, and takes part in Panama’s scientific development — reaffirms the impact of its projects in priority areas such as Water and Environment, and Biosciences and Biotechnology.